En el lapso de pocos días, dieciséis funcionarios de Carabineros han sido detenidos y separados de la institución por hechos constitutivos de delito: ocho en la Prefectura de Atacama, acusados de obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos; seis en Talca, vinculados a robo y asociación criminal; dos en Valdivia, involucrados en una red de comercialización ilegal de productos del mar. El general director Marcelo Araya ha calificado los casos como situaciones de “máxima gravedad”, y la institución ha destacado que varias de estas investigaciones fueron iniciadas por el propio Departamento de Asuntos Internos. Ello merece reconocimiento.

Sin embargo, la acumulación de episodios obliga a ir más allá del reconocimiento de la depuración y formular preguntas incómodas.

Carabineros ha recuperado en los últimos años una valoración ciudadana que llegó a estar seriamente comprometida. El ciclo refundacional quedó atrás, sepultado por la evidencia de que sin una policía profesional y eficaz no hay seguridad posible. El gobierno del Presidente Kast ha reforzado ese mensaje y le ha asignado a la institución un rol insustituible en la agenda de orden público. Todo eso es cierto y es mérito.

Pero también es cierto que la participación de personal en servicio activo en hechos delictivos ha dejado de ser un fenómeno esporádico para convertirse en un patrón peligrosamente recurrente. Y un patrón exige una explicación estructural, no solo respuestas caso a caso.

Las hipótesis son al menos dos. La primera apunta a fallas en el reclutamiento: la presión por ampliar dotación, sostenida durante varios gobiernos, pudo haber relajado los estándares de selección y los controles de integridad durante el proceso de formación. La segunda, más inquietante, sugiere penetración deliberada: que organizaciones criminales —las mismas que Carabineros debe combatir— han identificado la cooptación de funcionarios como una estrategia operativa. Ambas hipótesis pueden coexistir, y ninguna se resuelve solo con expulsiones.

Lo que está en juego no es menor. La corrupción policial no es únicamente un problema disciplinario: es una amenaza a la cadena de custodia de las pruebas, a la eficacia de las investigaciones y, en último término, a la credibilidad del sistema de justicia. Un funcionario que falsifica un procedimiento no solo comete un delito: destruye el valor probatorio de todos los procedimientos anteriores en que participó.

El Ministerio de Seguridad Pública, en proceso de consolidación institucional, tiene aquí una tarea relevante. No basta con aplaudir la depuración; es indispensable que el Plan Operativo 2026–2030 contemple un rediseño profundo de los estándares de reclutamiento, una inteligencia interna más robusta y mecanismos de alerta temprana frente a la infiltración criminal. La institución que protege el orden no puede darse el lujo de ser, al mismo tiempo, objeto de su propia amenaza.

Por Jorge Burgos Varela, abogado