Haciendo uso de normativa vigente, sin necesidad de una nueva ley o reglamento, la Contraloría General de la República ha producido el impacto más relevante en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de salud en los últimos muchos años. Simplemente, se cruzó la base de datos de funcionarios, que estando con Licencia Médica (Subsidio de Incapacidad Laboral), fueron registrados por la Policía de Investigaciones como salidas del país. Resultado: 25 mil personas. Es decir, teóricos pacientes que debían estar reponiéndose en su domicilio, el hospital u otra dirección fiscalizable, viajaron al extranjero, usando el financiamiento público de su trabajo, para, en la realidad, salir de vacaciones en la mayoría de los casos. El resultado es llamativo: ha producido un ahorro de aproximadamente US$ 670 millones de dólares. De un año al otro se redujo la emisión de licencias médicas en un millón. Este monto es el equivalente a la construcción de tres grandes hospitales, o 60 nuevos Centros de Atención Familiar o al 13% del gasto en atención primaria de salud.

Estos valores solo se refieren a los gastos directos en licencias médicas. Sin embargo, hay costos indirectos como aquellos de reemplazo, menor productividad y atrasos en proyectos, gestión administrativa, inspección/rechazo y apelaciones. Se estima que, para cada licencia de 30 días, el costo secundario, no incluido el pago del subsidio propiamente tal, alcanza a $1,2 millones, y para aquellas de 180 días, $9 millones. Se debe considerar, además, que los trabajadores públicos no tienen el período de carencia por tres días, que es financiado directamente por el empleador, y que el mismo empleador público está obligado a financiar el subsidio antes que esta sea evaluada como potencialmente improcedente por el Compin. Cuando ocurre, raramente dicho servicio recupera del trabajador el monto adelantado, contribuyendo a la crisis financiera.

Los antecedentes para hacer este cruce de datos entre licencias y viajes estaban disponibles. Cada funcionario público, tiene como promedio, 35 días de permiso pagado al año, lo que equivale para el total del empleo público a 390.000 meses por año, comprometiendo gravemente la productividad, en un parámetro muy alejado de la media internacional.

La Fiscalía ya había identificado e investigado a nueve médicos con más de 6.400 licencias emitidas cada uno por año, que equivalen a 28 subsidios por día, promoviendo sanciones. Estos profesionales fueron responsables del 11% del gasto en licencias.

En una encuesta, el 56% de los evaluados, señaló que era muy fácil acceder a un profesional que vendiera las licencias, y un 54% que era igual de fácil comprarlas por Internet.

La Sra. Dorothy Pérez ha dictado una clase magistral de cómo, con instrumentos disponibles, es posible lograr una mejoría notable en la administración del Estado, en forma simple pero relevante para controlar el derroche de fondos pagados por impuestos de todos, con el solo objeto que se cumpla lo mandado, y lograr el mayor bien para cada uno.

Por Jaime Mañalich, médico