Escribo desde Medellín, ciudad reconocida por su plan integral de “urbanismo social”, iniciado en 2004 por el alcalde Sergio Fajardo y sostenido como política de largo plazo por sus sucesores. El modelo apostó por rescatar la ciudad del narco, la pobreza y la violencia, partiendo por sus barrios más vulnerables.

Lo primero fue acercar a los habitantes de los asentamientos en las laderas a las oportunidades del centro, mediante el Teleférico Metrocable. Luego vino el camino inverso: llevar las oportunidades de ciudad a la periferia, extendiendo el sistema a seis líneas y construyendo junto a sus estaciones bibliotecas, colegios de excelencia, centros culturales y canchas. Más tarde surgieron las UVA, Unidades de Vida Articulada, abriendo a la comunidad terrenos públicos subutilizados en torno a estanques de agua potable de las EPM en los sectores altos de la ciudad. Hoy más 14 de ellas ofrecen parques y programas de deporte, arte, emprendimiento y apoyo psicosocial. Los resultados hablan solos: la ciudad más violenta del mundo en 1991, con 381 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1991, hoy bordea los 10.

El modelo ha intentado replicarse en los teleféricos y “gimnasios verticales” de Caracas, también en las diez líneas de teleférico entre La Paz y El Alto en Bolivia, o en los Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades NIDO en Argentina.

Chile también lo intentó. En 2019, el Gobierno Regional Metropolitano impulsó “Corazones de Barrio”, una red de espacios públicos para concentrar equipamiento, servicios públicos -e incluso privados- en los barrios con peores índices de bienestar territorial, donde no había cajeros, farmacia ni comida rápida. Se identificaron cerca de dos mil terrenos públicos, 115 eriazos y 47 de más de mil m², aptos para albergar estos verdaderos “strip centers comunitarios”. Se avanzó en dos pilotos, en Pedro Aguirre Cerda y Padre Hurtado, que en 2022 estaban listos para iniciar obras. Pero, a diferencia de Medellín, apenas asumió el Presidente Boric el programa fue clausurado.

Por eso vemos con esperanza el plan “Sitio Eriazo Cero” anunciado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Es un giro pragmático y urgente: reducir el traspaso de suelo fiscal a los municipios de tres años a tres meses, lo que permite proyectar equipamiento y áreas verdes –e incluso vivienda de integración- en la mitad del tiempo habitual. Su primer piloto, en Barrio Norte de Concepción, recupera un terreno del Serviu abandonado por más de 20 años para levantar un polideportivo y, luego, cerca de 140 viviendas. Sumar equipamiento comunitario puede ser el urbanismo social que necesitamos: rápido, focalizado y con impacto inmediato.

“Sitio Eriazo Cero” nos recuerda que la dignidad urbana también se construye con gestión. Cuando la ciudadanía exige respuestas eficaces, agilizar el uso del suelo fiscal no es solo una estrategia técnica. El desafío está ahora en su diseño, incorporando a las comunidades, y vinculando a ello su gestión. Ya que el éxito de Medellín no está en los ladrillos y cemento, sino en la perseverancia de su modelo de gestión y activación comunitaria, ojalá se encuentre el balance y no perdamos la oportunidad.

Por Pablo Allard, decano de arquitectura, UDD