La apertura de una investigación contra el embajador de Chile en Israel, el abogado Gabriel Zaliasnik, se transformó en la primera prueba para el gobierno del Presidente José Antonio Kast respecto de cómo enfrentar causas judiciales que involucren a autoridades de su administración.

A diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric -en el cual la exministra Carolina Tohá estableció ciertos límites-, en Palacio reconocen que no existe un criterio predeterminado para resolver la permanencia o salida de funcionarios que sean objeto de investigaciones del Ministerio Público. La evaluación, sostienen, dependerá de cada caso y recaerá, en última instancia, en el Mandatario.

La situación de Zaliasnik ha sido seguida de cerca por La Moneda desde la semana pasada, luego de que la Fiscalía de Valparaíso acogiera una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) tras conocerse intercambios de mensajes entre el diplomático y el abogado Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio.

Actualmente, el embajador tiene la calidad de imputado en una investigación que recién comienza. Por lo mismo, en el Ejecutivo recalcan que la apertura de una causa no implica, por sí sola, modificar la decisión adoptada respecto de su permanencia en el cargo.

La postura ya había sido adelantada por el canciller Francisco Pérez, quien respaldó la continuidad de Zaliasnik. En Palacio añaden que, frente a una denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de indagar los antecedentes, lo que no supone necesariamente la existencia de responsabilidades.

El tema ha sido discutido entre el Presidente y algunos de sus ministros del comité político. Según distintas fuentes consultadas, no existe actualmente un “criterio fijo” que obligue a adoptar medidas administrativas en una etapa determinada de una investigación judicial.

La definición fue reforzada este martes por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien sostuvo que la permanencia del embajador depende exclusivamente de la confianza presidencial, como todos los otros cargos nominados por él.

“El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que los órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zaliasnik hoy se encuentra en funciones y va a ser así hasta que el Presidente de la República, que es la persona que de manera exclusiva confianza nombra a los embajadores, lo estime necesario. Es una evaluación que el Presidente hace no sólo de los embajadores, sino que de todas las autoridades de manera permanente”, afirmó.

En Palacio, además, recalcan que la Fiscalía no inició una investigación de motu proprio, sino que fue a raíz de una denuncia presentada por la oposición, por lo que -argumentan- hay una intencionalidad política detrás, por lo que tienen que ir esperando que avance la indagatoria.

En el Ejecutivo recuerdan, además, que durante el verano, cuando se realizaban sondeos para futuros nombramientos, los eventuales candidatos fueron sometidos a cuestionarios que incluían consultas sobre eventuales vínculos o comunicaciones con Hermosilla.

En ese contexto, sostienen que Zaliasnik habría informado la existencia de intercambios de mensajes con el penalista -con quien se desempeñó en más de alguna ocasión- durante las conversaciones preliminares destinadas a evaluar su designación.

La postura contrasta con la que intentó instalar la administración de Boric a partir de 2024. En ese periodo surgió el denominado “criterio Tohá”, bautizado así por la entonces ministra Carolina Tohá, quien defendió que las autoridades dependientes del Ejecutivo debían abandonar sus cargos una vez formalizadas por la justicia.

“Nosotros tenemos un criterio político, no procesal”, explicó en ese momento la exvocera Camila Vallejo, al argumentar que la medida buscaba evitar que instituciones relevantes vieran afectado su funcionamiento por procesos judiciales que involucraran a sus máximas autoridades.

La discusión tomó fuerza tras la salida del entonces director general de la PDI, Sergio Muñoz, y posteriormente alcanzó al exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez. En paralelo, el criterio permitió al gobierno enfrentar cuestionamientos por autoridades que sí fueron investigadas, pero nunca formalizadas, como ocurrió con el exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Sin embargo, la estrategia terminó tensionada tras el caso Monsalve, donde fallaron todos los criterios de La Moneda. Luego de esa crisis, Tohá comprometió una revisión de los estándares utilizados por el Ejecutivo. El trabajo fue concluido posteriormente por Álvaro Elizalde al frente del Ministerio del Interior y derivó en un instructivo que abrió la posibilidad de remover autoridades incluso antes de una eventual formalización.

Con todo, la continuidad del embajador no ha estado exenta de debate al interior del Ejecutivo. Aunque públicamente se ha respaldado su permanencia en el cargo mientras avance la investigación, distintas fuentes admiten que el caso ha generado incomodidad en algunos sectores de La Moneda.

Entre quienes defienden esa postura, aseguran que existe la convicción de que cualquier vínculo con Luis Hermosilla conlleva un costo reputacional significativo y difícil de soslayar, especialmente para una administración que ha buscado instalar estándares estrictos en materia de probidad. Por lo mismo, algunos consideran que la sola asociación con el abogado constituye un antecedente políticamente complejo de defender.

La situación del embajador ha abierto una discusión al interior de las filas del oficialismo. Para la diputada Marlene Pérez (independiente, integrante de la bancada UDI), es importante demostrar que “nadie está por sobre la ley”, sobre todo “cuando existe una legítima demanda ciudadana por mayor probidad y transparencia”.

“Quienes ejercen cargos públicos debemos actuar con responsabilidad y someternos al mismo estándar que cualquier persona”, sostiene.

Según Pérez, lo correcto en el caso del embajador “es que la investigación avance y que sean los antecedentes y las decisiones de la justicia los que determinen las responsabilidades y la situación de cualquier funcionario público involucrado”.

“La confianza se recupera con instituciones que funcionan y con autoridades que respetan las reglas”, concluye.

Por su parte, el diputado Tomás Kast (Evópoli) sugiere que “cada situación merece un análisis particular, en el que hay que ponderar el mérito de los antecedentes, las etapas del proceso judicial y también el impacto en la institución”.

“Estoy seguro que el Presidente tomará siempre las decisiones que correspondan con sentido de Estado, y poniendo siempre a Chile como primera prioridad”, agrega el diputado.