Esta jornada la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta sesionó para continuar con la tramitación del proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado, y que tiene por objetivo establecer controles destinados a detectar el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas (Boletín N° S 2.718-09).

En la instancia de hoy, estuvo presente el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien explicó cómo funciona y cómo se definió el actual protocolo interno de la Cámara para el control de consumo drogas de los diputados,

Asimismo, en la sesión también estuvo presente el secretario general del Senado, Luis Rojas, quien dio cuenta a la comisión de los principales aspectos a definir del actual proyecto, haciendo algunas observaciones y recomendaciones para la modificación del reglamento.

En primera lugar, Rojas aconsejó que exista un mandato legal inicial respecto de la obligación de los senadores para hacerse este tipo de exámenes.

“Nosotros tenemos la facultad de dictar reglamentos en la materia, pero probablemente sería mejor tener un mandato constitucional o legal al respecto”, sostuvo.

Por otra parte, apuntó, la periodicidad del proyecto sería demasiado baja considerando el período legislativo de los parlamentarios.

“El texto dispone que durante cada periodo legislativo todos los senadores serán controlados al menos una vez -recordemos que el mandato es de ocho años- y además se agrega que pudiendo resultar sorteado como máximo dos veces, lo cual significaría que no va a haber un mayor control durante un periodo de cuatro años”, señaló.

En esta línea, recordó, existen normativas actualmente que exigen a los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio realizarse exámenes al menos dos veces al año, y en el ámbito municipal, se dispone también la obligación para alcaldes y concejales de someterse a lo menos una vez al año a un examen destinado a detectar el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas.

“Aquí hay una diferencia que parecería difícil de explicar desde una perspectiva política e institucional, que altas autoridades administrativas se lo tienen que hacer dos veces al año y los senadores eventualmente una sola vez en ocho años”, sostuvo.

Junto con esto, indicó que el reglamento también debería decir expresamente qué tipo de muestra se va a utilizar para estos exámenes, ya que actualmente el proyecto solo habla de toma de muestra, sin señalar si será de orina, pelo, sangre u otra.

Asimismo, advirtió que también se debe definir exactamente cuáles son las sustancias que se van a controlar y también sus respectivos puntos de corte, “porque por ejemplo, no es lo mismo jurídicamente decir que apareció cocaína, marihuana o cannabis, anfetamina, etc. sin que haya un umbral analítico definido particularmente, sobre todo considerando que el resultado puede terminar en una sanción disciplinaria”.

En cuanto a los resultados, advirtió que una muestra positiva no debería generar automáticamente una sanción, sino que se debe hablar de un resultado positivo confirmado y definitivo cuando se haya realizado la confirmación analítica correspondiente, se haya vencido o concluido el procedimiento de contraanálisis, y se hayan revisado las posibles explicaciones médicas.

Junto con esto, advirtió que se debe elevar el estándar que propone el texto para el laboratorio, proponiendo así que el análisis debe ser efectuado por un laboratorio autorizado por la autoridad sanitaria competente, que cuente con la acreditación vigente para los métodos analíticos empleados conforme a estándares nacionales o internacionales reconocidos. La elección de laboratorio, indicó, se debe hacer por licitación pública.

“En general creo que el proyecto tiene una buena arquitectura inicial, especialmente por las decisiones de la autoridad, el laboratorio externo, la reserva y el derecho a contramuestra, sin embargo, hay que priorizar algunas modificaciones, creemos, antes de aprobarlo en particular sobre la base de las posiciones que hemos realizado”, concluyó.

Tras la discusión parlamentaria a las observaciones del secretario general, la comisión acordó presentar directrices a la secretaría para elaborar un anteproyecto, el cual será presentado al secretario general Rojas y posteriormente a los senadores para así avanzar en la tramitación.