Pasada la medianoche, a las 00:02 de este martes, la defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio) envió su contestación escrita a la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados de derecha.

El libelo de cuatro capítulos, redactado por los libertarios y republicanos, tiene como reproche central los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

Además de invocar la cuestión previa (críticas a elementos formales), la respuesta redactada en primera persona por Grau cuestiona los sustentos jurídicos y económicos de la acusación. A juicio del exministro, ello intenta instalar “un relato” y “una imagen de catástrofe construida sobre premisas no acreditadas”.

La contestación fue acompañada horas después por la exposición de su abogado defensor, Patricio Zapata, ante la comisión de diputados encargada de revisar el libelo, que preside la diputada Marcela Hernando (Radical) y la integran sus pares Alejandro Bernales (Liberal), Carlos Bianchi (Ind.), Luis Sánchez (Republicano) y Joanna Pérez (Ind.)

“Es el momento de actuar y no lamentar”, dijo el jurista, quien advirtió de los riesgos que hay detrás del uso abusivo de estas herramientas constitucionales, ya que pueden dar paso a una escalada.

“La acusación constitucional es la bomba atómica del arsenal de nuestra Constitución Política. Los acusadores sostienen que no es la última ratio, que se puede usar para cuestiones que no son las más graves. Es un error jurídico. Porque si se transforma en precedente, no veo cómo evitamos una nueva espiral de acusaciones constitucionales”, advirtió el constitucionalista, cuya exposición fue acompañada por un par de diputadas frenteamplistas (Constanza Schönhaut y Carolina Tello) y otros dos del PS, Raúl Leiva y Nelson Venegas, además de los integrantes de la comisión revisora.

Por parte de la derecha, concurrieron los diputados republicanos Agustín Romero y Benjamín Moreno y la libertaria Paulina Muñoz.

La advertencia de Zapata, además, tuvo eco en algunos diputados del Frente Amplio, que hicieron amenazas veladas de que podrían acusar al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, si es que no se cumplen sus pronósticos económicos.

Consultado por aquellos comentarios, Quiroz remarcó que no se pronunciaría respecto de las atribuciones de los parlamentarios, sin embargo, consultado admitió que “las proyecciones nunca son exactas en economía”.

Messi

En sintonía con esa lectura, este martes, el abogado de Grau aludió al clima futbolero para graficar por qué un error de estimación no necesariamente puede ser perseguido. “Yo estimo (por ejemplo) que Argentina puede llegar a semifinales en este campeonato mundial. Ahora, uno de los supuestos es que (Lionel) Messi no se fracture hoy día después de tomar desayuno. Si él se factura hoy día después de tomar desayuno, mi supuesto está amenazando mi estimación. ¿Cometí un error? Depende de cuán aventurado fue mi juicio sobre su estado de salud, cuánta información tenía yo sobre su condición física. Y podemos discutir cuánta información tenía, cuán razonable es el supuesto”.

Para reforzar el argumento, citó un dictamen de la contralora Dorothy Pérez, que -a partir de las mismas dudas por las cifras de Javiera Martínez (Frente Amplio), anterior directora de Presupuestos y colaboradora directa de Grau- dijo que lo importante era la consistencia de las proyecciones en base a la información disponible.

Zapata mencionó que las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas del 13 de febrero no tenían cómo prever que 15 días después, el Presidente de los Estados Unidos iba a decidir una guerra contra Irán.

Sus respuestas, no obstante, fueron rebatidas por los diputados acusadores.

El diputado Moreno, jefe de bancada de los republicanos y uno de los firmantes del libelo, dijo que su escrito se fundamenta en hechos concretos y mencionó la diferencia del orden de 800 millones de dólares que fue advertida y negada por el exministro en el debate de la Ley del Presupuesto. “Uno puede justificar todo en el ámbito de lo subjetivo, pero cuando uno se encuentra con magnitudes que son difíciles de ignorar, ahí uno pasa al ámbito de lo objetivo”, dijo.

“Cuando se señala que, el reajuste del sector público estaba provisionado dentro de la Ley de Presupuestos... los actos que realizó el exministro Grau sí tuvieron una consecuencia importante en esos principios de probidad y transparencia. ¿Por qué? Porque cuando distintos organismos le dicen que faltan alrededor de 800 millones, y después de todo el debate que se dio el resultado fue que, efectivamente, faltaban 822 millones de dólares, tú no estás frente a una diferencia de opinión, tú estás frente a distintos hechos verificables”, añadió Moreno.

Dos minutos después de medianoche

El lunes en la tarde la defensa de Grau había decidido dar un paso táctico y adelantar la respuesta para obligar al Senado -si es que la acusación es aprobada por los diputados- a sesionar en medio de su semana de trabajo regional.

La jugada, sin embargo, quedó en suspenso, pues al ingresar la contestación este martes, con dos minutos ya entrado el martes, la Cámara podría votar el miércoles y el Senado recién sería notificado al regreso del receso legislativo en la segunda semana de julio.

La defensa, sin embargo, aparentemente prefirió demorarse un poco y entregar un documento con varias revisiones y con más contundencia. De hecho, el libelo acusatorio llegaba apenas a las 58 páginas, mientras que la contestación, sin contar los anexos, tiene 160 carillas.

“Los acusadores me imputan haber causado un daño ‘presente, medible y de larga proyección’ por una deuda que superaría el umbral del 45% del PIB (a pesar de haber terminado en 41,5% del PIB el 2025...), un déficit estructural que se alejaría en más de dos puntos porcentuales de la meta vigente (aproximadamente USD$ 10.500 millones adicionales...), mayores costos de financiamiento para las familias chilenas, y una credibilidad institucional erosionada que la actual administración debería reconstruir. Es una imagen poderosa. Sin embargo, esa imagen no es efectiva y no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral, ni tampoco por clasificadoras de riesgos... No solo se basa en un escenario fiscal catastrofista, sino que además carece de todo sustento jurídico”, dice el escrito en sus conclusiones.

La respuesta cuestiona que los acusadores usen el último Informe de Finanzas Públicas para intentar probar la magnitud del daño “que yo habría causado”. “Aquello no se sostiene... porque el informe de finanzas públicas de un gobierno no puede constituirse en la vara para medir el informe de otro gobierno”.

“Se insiste en instalar una narrativa de deterioro institucional atribuible a la administración anterior, exactamente el mismo relato del Estado en quiebra que la propia Contraloría ha llamado a moderar”, añade.

Además, advierte que con esta acusación, “la institucionalidad fiscal que Chile construyó a alto costo” queda expuesta a la política contingente.