Chile Vamos agenda reunión para evaluar acusación contra ministra de Justicia por traslado de comuneros de cárcel de Angol

Jefes de bancada de diputados de Chile Vamos

Los jefes de bancada de la UDI, Jorge Alessandri; de RN, Andrés Longton y de Evópoli, Francisco Undurraga.

La próxima semana se reunirán los jefes de bancada para considerar medidas contra Marcela Ríos.


Una reunión en el Congreso Nacional de Valparaíso sostendrán la próxima semana los jefes de bancada de Chile Vamos, Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli). ¿El motivo? Evaluar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por la situación de Gendarmería que se está dando en Angol (La Araucanía).

En la derecha creen que la secretaria de Estado -cuya cartera es la responsable de Gendarmería- no ha ejecutado acciones legales que le permitan sortear la crisis en el lugar. Todo comenzó el 17 de agosto cuando se supo que la cárcel de Angol permitió el traslado de tres internos mapuche que estaban en huelga de hambre hacia otro recinto con mejores condiciones y a uno de ellos a un hospital.

Lo que provocó molestia y preocupación en la oposición es que la decisión de Gendarmería se produjo luego de que un grupo radical amenazara al alcaide del penal, Luis Poveda, y que durante ese mismo tiempo se produjeran atentados en la zona. Por eso es que, por esos días, acudieron a la Contraloría para que se indague sobre la “legalidad” del traslado.

Por su parte, los propios gendarmes han protestado en contra la medida y han pedido revertir la decisión.

En ese marco, este martes los jefes de bancada dialogaron al respecto y acordaron reunirse la próxima semana. “O usted se hace cargo, o va a tener que asumir su responsabilidad política a través de una acusación constitucional”, dijo Longton aludiendo a la ministra Ríos, añadiendo luego que “en ningún país civilizado donde impere el estado de derecho es posible que una organización radicalizada firme un acuerdo con el director regional de Gendarmería en Angol, para que previa amenaza de muerte, ataques incendiarios, tres presos mapuches puedan obtener beneficios carcelarios. ¿Cómo es posible que usted se desentienda de esto? ¿Es decir que cada vez que se amenace o cometan atentados se van a obtener beneficios?”.

Alessandri, por su parte, sostuvo que “la ministra de Justicia dice que es facultad de Gendarmería, nuevamente el gobierno se deslinda. ¿Dónde está el estado de derecho? La ministra de Justicia ausente. Vamos a convocar una reunión con los jefes de bancada para ver desde acusación constitucional a cuáles son las herramientas con las que podemos revertir esta grave situación”.

En tanto, Undurraga añadió: “¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que no exista el estado de derecho? No puede ser que al alcaide de Angol se le amenace a él y su familia, que después tenga que tranzar con individuos que le ordenan trasladar presos de una cárcel a otra. Francamente es inaceptable. Creemos que es el momento de estudiar la situación de la ministra de Justicia. Nos reuniremos los jefes de bancada de Chile Vamos y tomaremos las medidas pertinentes. Ver si hacemos una interpelación o incluso llegamos a una acusación constitucional. Los hechos ocurridos en la cárcel de Angol no son tolerables”.

En la derecha solicitan que se reviertan las medidas, que se determine posibles sanciones, se inicie un sumario administrativo y se saque al director regional. Respecto a los tiempos, reconocen que cualquier acción acusatoria contra la ministra debiese tomarse después del plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

El gobierno, por su parte, solicitó antecedentes a Gendarmería por el traslado de los internos. De hecho, este martes la ministra Ríos afirmó que “todos los beneficios intrapenitenciarios que otorga Gendarmería son beneficios administrativos concedidos por un Consejo Técnico que está concebido para cada uno de los recintos. Nosotros apoyamos las decisiones técnicas que tome Gendarmería y en este caso en particular le hemos pedido al director (de Gendarmería, Sebastián Urra) que nos entregue los antecedentes para tener conocimiento como ministerio y evaluar cómo se realizaron las decisiones en ese caso”.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía, por su parte, abrió una investigación por las amenazas en contra del alcaide, luego de que tras un ataque se encontrara un lienzo -firmado por la Resistencia Mapuche Malleco- en el que se leía: “Linda casa y hermosa familia. Te tenemos en la mira”.

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