“En esos términos, Chile no puede adherir”. La recomendación del equipo de Cancillería a menos de dos semanas del viaje del Presidente José Antonio Kast a Nueva York, para asistir a la reunión especial de la coalición del Escudo de las Américas convocada por Donald Trump en el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, obligó a realizar intensas gestiones diplomáticas ante la Casa Blanca. El objetivo: modificar el texto de la polémica declaración conjunta redactada por Estados Unidos, la misma que terminó por reavivar la interpelación al canciller, Francisco Pérez Mackenna, con la exigencia de que aclare los alcances de esta iniciativa.

La invitación para que Kast participara de esta sesión especial de la alianza que impulsa la administración estadounidense había llegado a Santiago durante los primeros días de septiembre. Pero no tenía una fecha clara -de hecho, fue reagendada casi a última hora- ni un documento específico que discutieran las partes. Recién a la semana siguiente el Departamento de Estado, que encabeza Marco Rubio, hizo llegar al edificio Carrera, sede de la diplomacia chilena, el primer borrador de la “Declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía del hemisferio” de los miembros del Escudo de las Américas.

Fue entonces que saltaron las alertas en la Cancillería. El texto, tal como lo había presentado el equipo de Trump, por un lado, colocaba a Chile en una compleja situación frente a China, su principal socio comercial en el Asia Pacífico y destino de más del 40% de las exportaciones chilenas y, por el otro, no incluía salvaguardas frente a las intenciones de la administración Trump de militarizar las operaciones contra el crimen organizado transnacional en la región.

Para Trump, la cita tenía un objetivo estratégico. Le permitía dar un paso más en la configuración de lo que él mismo ha denominado “la alianza más poderosa del hemisferio” y exhibirla a solo días de que el mandatario chino, Xi Jinping, iniciara una visita oficial a Estados Unidos en medio de la disputa con Washington por la hegemonía mundial.

De inmediato, la Cancillería chilena abrió consultas con algunos de sus pares en la región para conocer su opinión y buscar apoyos en torno a las objeciones que levantaba el documento redactado por la Casa Blanca. Las conversaciones incluyeron, a lo menos, a los gobiernos de Argentina, Paraguay y Perú, señalan fuentes diplomáticas chilenas.

Pero, sorprendentemente, desde esos países no surgieron reparos. Diplomáticos chilenos aseguran que Chile fue el único país que pidió hacer modificaciones, lo que obligó a iniciar en solitario un intercambio de documentos con EE.UU. para añadir precisiones a la declaración conjunta.

A lo menos en dos ocasiones Chile envió por escrito sus observaciones al texto. La primera vez, afirman fuentes de la Cancillería, no fueron acogidas por los representantes de Trump, por lo que la semana previa al viaje de Kast a Nueva York, la Cancillería volvió a insistir.

En el análisis del documento participó un pequeño equipo del gabinete del ministro Pérez: el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler, y la directora de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Fernanda Garcés, quien pese a su experiencia previa en el Estado, como jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres durante el segundo gobierno de Piñera, no es especialista en derecho internacional. Un déficit que ha llevado al canciller Pérez a buscar consejo en abogados y especialistas externos a la Cancillería. Al menos en temas relacionados con la Casa Blanca, ha consultado con el constitucionalista y exembajador de Chile en Estados Unidos Arturo Fermandois. Pero no es el único.

En las conversaciones previas dentro del Ejecutivo no participó el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien ha manifestado públicamente algunas críticas a la iniciativa. En La Moneda señalan que el presidente, los asesores del Segundo Piso y el ministro Arrau sí estuvieron en algunas de las discusiones en las que Cancillería presentó las observaciones al texto.

Los cambios

Una vez visadas por el canciller Pérez, las observaciones al borrador fueron enviadas por escrito a la embajada de Chile en Washington, para que el jefe de la misión, el empresario Andrés Ergas, las hiciera llegar directamente al equipo del jefe del Departamento de Estado, que encabeza Rubio.

“Logramos introducir en el texto dos cambios muy importantes para Chile. El primero fue colocar la frase ‘que se aplique de forma no discriminatoria’, en el tercer párrafo de la declaración, lo que fue un guiño de neutralidad frente a Beijing”, señalan fuentes de la Cancillería chilena.

El texto original no era inocuo para Chile. Aunque se trata sólo de una declaración de intenciones y no se menciona explícitamente a China, la primera medida propuesta por EE.UU. a sus aliados era establecer frenos a las inversiones extranjeras en áreas críticas y estratégicas procedentes de su principal competidor en la región.

“Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable, y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital”, decía el texto original, respecto del pilar económico de esta alianza.

La segunda innovación, señalan en Cancillería, fue incluir en el texto una salvaguarda frente a acciones que pudieran comprometer la soberanía chilena. “Todas las referencias explícitas en el texto a ‘actuar de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales’, del párrafo dos, y a proceder ‘de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales’, en el párrafo séptimo”, son nuestras", aseguran en la Cancillería chilena.

“Esas frases cambian la esencia de las cosas, no son menores. La primera por China, y la segunda porque nos deja siempre la manija de incorporar nuestra legislación doméstica”, insisten en el gobierno de Kast tras las dudas que han surgido desde la oposición, pero también en sectores del oficialismo, sobre los alcances que tiene la alianza a la que Chile adhirió el martes pasado.

Ambas observaciones no fueron los únicos componentes de la declaración que generaba ruido en la Cancillería. La decisión de que los miembros del Escudo de las Américas firmaran en conjunto una solicitud dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, para que se convoque a una reunión para “decidir la creación de un órgano de consulta” en el marco del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) -un acuerdo regional de defensa creado en 1947- también generaba dudas.

En el gobierno señalan que la referencia al TIAR era compleja, pero que era una forma de darles una estructura institucional a las medidas que se pretenden implementar, dado que el Escudo de las Américas no es más que una declaración de intenciones. “No había otro instrumento o institución de carácter hemisférico que permitiera medidas específicas”, señalan fuentes diplomáticas chilenas.

Eso sí, añaden las mismas fuentes, el análisis del gobierno chileno fue que los riesgos se reducían, ya que la declaración del Escudo de las Américas mencionaba sólo los artículos 6 y 13 del TIAR y no el artículo 8°. Este último establece las medidas y sanciones diplomáticas, económicas y militares que puede adoptar el órgano de consulta. Todas las cuales están pensadas frente a conflictos armados de un Estado contra otro y no con la lucha contra bandas de crimen organizado internacional.

La última vez que la OEA activó el TIAR fue el 12 de septiembre de 2019, a raíz de la grave crisis política y social en Venezuela, cuando 12 de los 19 países signatarios del tratado de Río de 1947, entre ellos Chile, votaron a favor de convocar al órgano de consulta. Sin embargo, la mayoría de los países patrocinantes de la medida rechazó una intervención armada directa de la región contra el régimen chavista.

Por lo mismo, las fuentes diplomáticas chilenas reconocen que fue un error comunicacional la forma en que el gobierno de Kast anunció la adhesión a esta declaración, responsabilidad que recaería principalmente en los equipos comunicacionales de Presidencia.

“Sabíamos desde el principio que Estados Unidos daría a conocer el contenido completo de la declaración conjunta. No tenía sentido hablar de que se trataba sólo de una declaración de intenciones para fortalecer los mecanismos de intercambio de información para enfrentar el crimen organizado transnacional, cuando sería evidente que involucraba otros aspectos”, reconocen fuentes de Cancillería.

El error daría pie a nuevos cuestionamientos y acusaciones desde la oposición de que el gobierno de Kast estaba tratando de ocultar el verdadero sentido de la alianza que está imponiendo Trump a los países afines de la región.

Dudas y cuestionamientos

Para el 15 de septiembre, cuando el ministro Pérez convocó al consejo de excancilleres, un órgano consultivo que sólo había activado una vez al inicio de su gestión, las negociaciones con Estados Unidos por el texto de la declaración estaban aún en marcha.

Por eso, Pérez sólo les adelantó a los 10 exministros presentes en esa reunión que “era muy difícil no adherir, que EE.UU. estaba presionando”, según confidenció esta semana el exministro de RR.EE. Mariano Fernández, en entrevista a Desde la Redacción, de La Tercera.

La mayoría de los excancilleres se manifestó contraria a adherir en estos momentos a la coalición que está armando Trump y pidieron al gobierno mantenerse como observador.

“El gobierno de Kast no aguantó las presiones de Estados Unidos”, asevera el excanciller Ignacio Walker. “Aquí ha habido, en los últimos seis meses, respecto del gobierno de Kast, una presión muy sistemática en una determinada decisión. La expresión más cabal de todo aquello fue la manifestada por el embajador Brandon Judd hace menos de un mes, cuando dice que es fácil presentar la doctrina Donroe en Chile bajo el gobierno de Kast, algo que considero humillante”, añade Walker.

Desde el gobierno descartan que Chile actuara bajo presión de Estados Unidos para adherir a la iniciativa regional de Trump. “El tema de los aranceles no estuvo sobre la mesa”, afirman fuentes de Cancillería.

Sin embargo, en el gobierno de Kast admiten que era ineludible la decisión de sumarse a esta alianza de Trump. “Para Chile no era posible quedar aislado y no formar parte de una mesa en la que están sentados la principal potencia de la región y tus tres vecinos. Esa fue una razón muy importante a la hora de tomar esta decisión”, relatan.

Pese a que el gobierno descarta presiones directas, para algunos analistas es evidente que Chile corría el riesgo de que EE.UU. cortara el suministro de información de inteligencia sobre grupos de crimen organizado que operan en la región si no adhería a esta alianza e, incluso, que Trump usara la amenaza de sobretasas arancelarias como lo ha hecho contra países aliados cuando estos no aceptan sus exigencias.

“En su discurso ante la ONU, Trump dijo algo que pasó muy inadvertido. Que los carteles del crimen organizado en América Latina son iguales al ISIS, el Estado Islámico que operó en Medio Oriente. Y que eso significa que hay que ir a la detención, exilio o ejecución de aquellas personas comprometidas en esas acciones. Eso no tiene nada de retórica”, agrega el excanciller Walker.

Hace sólo unos días, la ONU votó una declaración que establecía que los ataques armados llevados a cabo por EE.UU. en el Mar Caribe y en el Pacífico eran crímenes de lesa humanidad y que para el derecho internacional constituían ejecuciones sumarias.

“¿Cuál es el riesgo del Escudo de las Américas? -dice Walker-. “Que pueda escalar hacia una militarización de esta defensa hemisférica bajo la hegemonía de Estados Unidos. Esa es la presión que viene”.

Para la abogada y experta en derecho internacional Paz Zárate, la progresión que ha tenido la iniciativa del Escudo de las Américas muestra que la seguridad y la lucha contra el crimen organizado han pasado a ser un valor secundario frente a los componentes económicos y la guerra comercial con China. “Si uno ve el texto de la declaración y dónde están los acentos, esto es de facto una organización internacional de signo económico. Todo lo otro es secundario”, dice.

Algo en lo que concuerda el jefe de investigación en Relaciones Internacionales del centro de estudios AthenaLAB, Diego Sazo.

“Si ves la declaración, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado es uno de los puntos, pero también lo es el pilar económico, que tiene que ver con los minerales críticos, la revisión de las inversiones y también la coordinación multilateral en temas de posicionamiento en foros regionales y multilaterales”, dice Sazo.

Desde el mundo de la defensa también surgen dudas. No sólo porque aún no está claro si la coordinación será entre policías y las instituciones responsables de la persecución judicial, o si serán dirigidas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la misma que ha llevado adelante la operación militar Lanza del Sur contra embarcaciones en el mar Caribe y frente a las costas de Ecuador. También hay dudas sobre la real eficacia de esta iniciativa, algo que también remarca el analista y escritor Moisés Naím en esta edición. “Es muy llamativo que en la lista de 24 organizaciones criminales listadas por Estados Unidos en la declaración del Escudo de las Américas haya dos grupos criminales de Brasil y cuatro de México, sin que esos dos países sean parte del Escudo. Eso es algo bien decidor”, señala un general de Ejército en retiro.

El jueves pasado, las críticas escalaron a un nivel pocas veces antes visto. Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet firmaron una declaración en la que pedían al gobierno de Kast desandar el camino y retirar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, rompiendo, de paso, una tradición republicana, no escrita, de que los expresidentes hacen ver sus planteamientos de política exterior en privado, para evitar mostrar fracturas que debiliten la posición de Chile frente al mundo.

Interpelación

No fue la única consecuencia inesperada. La decisión de Kast terminó por fortalecer la interpelación al canciller Pérez Mackenna solicitada por la oposición y que tendrá lugar este lunes 28, a partir de las 15 horas.

“Varios excancilleres y expertos en temas internacionales que habían manifestado sus dudas sobre esta interpelación, por considerarla inoportuna, hoy están convencidos de su necesidad”, señala un diputado opositor.

El diputado Nelson Venegas, quien oficiará como interpelador, modificó sustancialmente el interrogatorio al que someterá al canciller. “Los alcances del Escudo de las Américas serán uno de los temas centrales”, reconoce el parlamentario, quien ha hecho consultas a expertos, excancilleres y exsubsecretarios de RR.EE., también a los miembros del equipo internacional del PS, para preparar el cuestionario al que someterá al ministro Pérez. No será la única instancia en la que el Congreso pedirá aclarar los objetivos y riesgos de la iniciativa de Trump suscrita por Chile. El Senado aprobó también invitar al canciller, al ministro de Defensa, Fernando Barros, y al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para precisar los marcos de esta alianza.

En Cancillería aseveran que se trata de dos buenas instancias para aclarar las cosas. Sin embargo, advierten que no todas las preguntas serán respondidas de inmediato.

El canciller sabe que algunas de las interrogantes que hará el diputado Venegas no podrá aclararlas en público y que tendrá que esgrimir la ley cuando sienta que se trata de materias que puedan comprometer la seguridad y las relaciones de Chile con otros Estados. Por lo mismo, en Cancillería anticipan que algunas dudas tendrán que responderlas después por oficio reservado a los diputados.