El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió a la controversia que ha generado la denominada “ley de amarre”, el proyecto que, entre otros aspectos, establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.

En una conferencia de prensa dada en el Palacio de la Moneda, el secretario de Estado aclaró que esta iniciativa “en lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que llegaron a trabajar en el gobierno, en cargos de confianza, por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo”.

En cuanto a la amenaza de la UDI de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), si no retira esta iniciativa legal, Elizalde recalcó que este instrumento del Congreso está “concebido con una finalidad distinta” y que si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley “lo que corresponde es que vote en contra”.

“Pero es absurdo, jurídico y políticamente, que se utilice una amenaza de constitución constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una constitución constitucional e implica, simplemente, desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto de los parlamentarios”, remarcó para luego señalar que hay legisladores de oposición que han cuestionado esta ofensiva.

Elizalde, por otro lado, cuestionó que 33 mil funcionarios de esta administración se verían beneficiados por esta legislación, dato que arrojó un informe que el centro de estudios Horizontal -ligado a Evópoli- elaboró con cifras de la Dirección de Presupuestos. “Está señalado en términos del aumento de los funcionarios, hay una diferencia respecto de quiénes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los Servicios Locales de Educación. Por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas", rebatió.

Junto con evitar dar la cifra exacta ya que, según dijo, este guarismo se actualiza mensualmente, reiteró que el Ejecutivo ha planteado en el marco del acuerdo con el sector público es que “los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, en caso de que se proceda a su desvinculación, se fundamente dicha decisión, porque todo acto administrativo debe ser fundado”.

Elizalde aborda cambio de mando y declaraciones de diputado Soto

El secretario de Estado también tuvo palabras para los cuestionamientos que se desataron en el oficialismo a raíz de la invitación al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, al traspaso de mando del Presidente Gabriel Boric al presidente electo José Antonio Kast.

Sobre este punto, Elizalde aclaró que “la tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas” y que ”en lo que respecta a las invitaciones en particular y a las confirmaciones de asistencia, todavía es muy pronto para tener la información correspondiente".

Por otra parte, al ser consultado por las declaraciones del diputado oficialista Raúl Soto (PPD), quien afirmó que la coalición de gobierno se disolverá a partir del 11 de marzo, remarcó que “en el contexto de los debates se tiende a hacer declaraciones más bien categóricas, pero lo relevante aquí finalmente es la importancia de la unidad de los sectores progresistas”.