En las últimas semanas se ha afianzado la idea de que facilitar boletas para financiar campañas no es delito.

Claramente ello corrobora la que fue nuestra posición jurídica desde el primer día y evidencia la falta de mecanismos de control en el actuar de algunos fiscales.

Tribunales desestimaron el argumento de la fiscalía, de que al menos con una denuncia general del SII podía perseguir penalmente.

Fui probablemente el primero en plantear esta tesis ya en el año 2015. Si hubiera habido un comportamiento objetivo del Ministerio Público, el Fisco hubiera ahorrado enormes recursos humanos y económicos en persecuciones penales improcedentes. Lo más grave es que se justificó este tipo de accionar contrario a la ley por tratarse de la persecución de poderosos. Pero la pregunta que subyace es ¿en cuántas ocasiones la falta de objetividad de algún fiscal se traduce en abusos en contra de ciudadanos sin voz?

Dado los últimos episodios que afectan al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿se puede descartar la existencia de un acuerdo para frenar estas causas?

Yo diría que es todo lo contrario. El descontrol del Ministerio Público, que ahora es evidente, supuso por años la investigación de hechos que no constituían delito, o el uso de facultades para las cuales no estaban los fiscales autorizados por la inexistencia de querella del SII. ¿Quién repara el daño causado? El Poder Judicial lo que ha hecho es poner las cosas en su lugar, y como país debemos repensar seriamente cómo introducir mecanismos que eviten las arbitrariedades y errores jurídicos en la persecución penal, que generan en la opinión pública expectativas que después no se pueden cumplir. Aquí se engañó a la gente haciendo creer que existían delitos en hechos que no eran delictivos. Cosa distinta es la opinión personal o moral que uno tenga de ciertas conductas, pero no todo aquello que a uno no le gusta se transforma por ello en un delito.

¿Usted tiene conocimiento o participó de algún acuerdo para frenar estas causas?

Nunca. Me parece que la pregunta alimenta el morbo de la desconfianza pública.

¿Con los fallos quedan blindados los políticos respecto de la facilitación de facturas para conseguir dineros para sus campaña?

Hoy existe una legislación especial que tipifica las conductas como corresponde, así que no procede hablar de blindaje. Había un vacío legal y ese vacío se subsanó. Uno no puede, si actúa de buena fe, usar o aplicar un delito previsto para otro tipo de situaciones. Aquí, en la mayoría de los casos, nunca hubo delito tributario.

¿El Ministerio Público debe hacer un mea culpa?

De todas maneras. Se necesita una reflexión profunda y recuperar el principio de autoridad al interior del Ministerio Público. La fiscalía tiene una enorme responsabilidad con nuestros ciudadanos: actuar con objetividad y sin personalismos.