Después de la pugna estratégica entre gobierno y oposición por la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast, el debate en torno al levantamiento del secreto bancario para enfrentar bandas de crimen organizado se transformó en la segunda gran pelea de esta semana en el Senado.

Esta medida, incluida en la reforma que crea un subsistema de inteligencia financiera, precisamente para detectar lavados de activos y otras acciones de financiamiento delictual, fue sometida a votación este miércoles en la sesión de sala de la Cámara Alta, con sus últimos ajustes.

Sin embargo, tuvo un resultado sorpresivo. Un empate a 23 votos, debido a que el senador Matías Walker, votó a favor del mecanismo -que fue retocado por los diputados-, junto al resto de la oposición.

Por reglamento de la corporación correspondía proceder a una segunda votación para dirimir. Pero como el empate se mantuvo 23-23, tras una reclamación de la senadora Yasna Provoste (DC), la mesa de la Cámara Alta que preside Paulina Núñez (RN), accedió a dejar pendiente el tema.

“El empate que se produzca se resolverá como sigue: Producido en una votación, ésta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente. En los demás casos, quedará para ser definida en el tiempo de votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente. Si en ésta vuelve a producirse, se dará la proposición por desechada”, dice el artículo 182 del Reglamento del Senado.

Provoste, haciendo gala de su conocimiento de la normativa interna, faceta que incluso le valió elogios y bromas del mismo oficialismo, alegó que esta esta reforma no tenía urgencia, ya que no es una materia del gusto del gobierno de Kast. Por ello, con el doble empate no se podía dar por desechada en esa jornada, sino que tendría que votarse en la próxima sesión del martes.

Este doble empate, sin embargo, tiene más elementos de suspenso, pues cuatro senadores no votaron por distintas razones. Si ellos llegasen a participar de la próxima votación, podrían ser decisivos en este desempate.

Loreto Carvajal (PPD) y Rojo Edwards (independiente asociado a la bancada de RN) estaban pareados (compensar ausencias) y no votaron por estar fuera del país en un viaje oficial.

Alfonso de Urresti (PS), en tanto, tuvo que retirarse antes y pareó con Sergio Gaona (UDI). Sin embargo, como se trataba de una norma de quórum, el legislador gremialista quedó liberado para participar y votó en contra.

La ausencia de Miguel Ángel Calisto (independiente asociado a Evópoli) fue la más sorpresiva de todas. Ese día se encontraba en el Senado y participó en todas las otras votaciones, en las que en la mayoría votó alineado con la derecha. No obstante, en esta norma no marcó su preferencia.

El suspenso se podría agravar la próxima semana si se suman más viajes de senadores al exterior, pero hasta el momento no había ninguna salida confirmada.

Dado el escenario, desde ayer comenzó una fuerte presión de la oposición para arrinconar al oficialismo y el gobierno, que no solo tiene reparos con el levantamiento del secreto bancario, sino también con otros aspectos de la reforma.

Anoche, las senadoras Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (independiente Frevs), emplazaron a sus pares de derecha a que reconsideren su rechazo.

“Necesitamos que tú hables con tus senadores y senadoras, de manera que la próxima semana apoyen el levantamiento del secreto bancario”, dijo Provoste.

En todo caso, independiente de cómo se dirima esta discusión, la reforma de inteligencia económica igualmente será derivada a una comisión mixta de senadores y diputados para resolver los nudos, incluyendo el artículo 1° de la iniciativa. Por lo tanto, aunque se apruebe el alza del secreto bancario, no será ley mientras haya instancias o herramientas legislativas pendientes. De hecho, el Presidente de la República puede recurrir en última instancia a un veto.

Los reparos de Hacienda

En el debate en la sala estuvieron presentes en la sala el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien destacó “la voluntad del Presidente Kast muy decidida de perseguir con todas las herramientas que sea posible el crimen organizado y sus nefastas consecuencias”

Respecto del levantamiento del secreto bancario, Rodríguez reafirmó que el gobierno está a favor de la medida pero con matices. “La diferencia estriba en que, a juicio del gobierno, ese levantamiento debe realizarse con control judicial por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque cada vez que la Unidad de Análisis Financiero -que es lo que propone el proyecto de ley- ha solicitado el levantamiento, este se ha otorgado dentro del plazo que establece la ley, que es de tres días”, sostuvo.

“Y, por otra parte, hay que recordar que la inteligencia financiera se realiza en una etapa prepenal, previa a cualquier formalización. Por lo tanto, el resguardo de los derechos de los ciudadanos, particularmente el derecho a la privacidad, se vuelve doblemente importante y, por eso, exigir control judicial es razonable”, agregó el subsecretario.