Instalado en el mundo de la academia, como docente de la UDP, el exministro de Justicia de Gabriel Boric, Jaime Gajardo (PC), dice estar “contento” nuevamente en ese rol. Sin embargo, ha seguido de cerca, y con “precaución”, una serie de medidas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de derechos humanos.

Entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por la editora general, Gloria Faúndez, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, el exsecretario de Estado apunta a “contradicciones” del Ejecutivo y a una visión que es “desconcertante” y un “retroceso”.

Se sacó el traje de ministro. ¿Cómo lleva eso y cómo mira lo que está pasando en el país?

He vuelto a lo que hacía y he hecho generalmente en mi vida, que es dedicarme a la academia, así que estoy muy contento haciendo clases, preparando los proyectos de investigación en los que me voy a involucrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que es un lugar espléndido para trabajar, así que muy contento.

¿Hay coordinación entre las exautoridades, dado que la instalación del Presidente Kast ha sido bien fuerte?

Sí, por cierto. Conversábamos de forma bilateral muchas veces, también teníamos un chat entre los ministros que se ha mantenido y ahí vamos compartiendo ciertas noticias, ideas. Me imagino que todos los gabinetes tienen ese tipo de espacios para compartir y entregar sus opiniones de lo que está pasando.

Como el cambio de signo de gobierno es tan marcado en este caso, da la impresión de que los exministros podrían estar en una suerte de alerta para defender lo realizado.

Sí, estamos muy preocupados por ciertas ideas que se han instalado que no son efectivas. La más clara, por ejemplo, la de la “quiebra del Estado”. Es más que una desprolijidad. Son ideas que le hacen mal al país. Nuestro Estado tiene una clasificación de riesgo sólida, contundente y que bajo ninguna circunstancia uno podría decir que el Estado de Chile está en una quiebra. Por suerte, eso se revirtió al muy poco andar y se hicieron los mea culpa respectivos.

Decía usted que hay preocupación.

En materia de derechos humanos estamos muy preocupados. Por una parte el gobierno señala que quiere mantener las políticas de Estado, pero, por otra, sus acciones van en el sentido completamente contrario. Y, sobre todo, y en esto hay que ser muy cuidadoso, se está de una u otra manera perdiendo la confianza de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; confianza que costó mucho recuperar, porque el Estado de Chile ha sido un Estado que por mucho tiempo les dio la espalda a las víctimas, que les dijeron que los cuerpos estaban en un lugar y después estaban en otro (...) Cuando hablamos de que el Estado tenga una política de Estado en materia de derechos humanos es tener confianza con las víctimas y eso hoy día se está erosionando de una manera que puede ser irreversible.

¿Cree que Kast, el gobierno, no tienen una política de Estado en la materia? ¿Teme que se retroceda?

Hay más que declararlo. No basta con declarar que se va a mantener el Plan Nacional de Búsqueda, sino que hay que construir la confianza de un sector político. Además, (con) un presidente, lamentablemente, que en su momento justificó la figura del dictador Pinochet, que avaló lo que se hizo durante la dictadura militar. Por cierto no en la última campaña y por eso llama la atención que se estén anunciando acciones como la de indultar a criminales que violaron los derechos humanos. La desconfianza con las agrupaciones puede llegar a un punto crítico y ahí se pierde una política de Estado como el Plan Nacional de Búsqueda.

¿Qué acciones horadan las confianzas?

Primero que todo, el sector que apoya el gobierno está impulsando en el Congreso Nacional un proyecto de ley que entrega impunidad, que va a permitir que los peores criminales, los violadores de los derechos humanos, aquellas personas que cometieron los crímenes más atroces durante la dictadura militar puedan salir a sus casas a terminar de cumplir su condena. Es un proyecto que presentó el sector político que apoya al actual gobierno, por el que votaron ministros del actual gobierno, y el gobierno no ha tenido una posición firme respecto a eso.

¿Qué otra señal ha visto?

El retiro del plan nacional de derechos humanos, sin dar claridad respecto a por qué se retira, qué es lo que se le quiere perfeccionar. Posteriormente, lo que se señala respecto a Colonia Dignidad. Esa es una bofetada a la memoria de las víctimas y a la soberanía del Estado. Colonia Dignidad es un enclave que no debió haber estado ahí nunca.

Lo de reversar la expropiación de Colonia Dignidad.

Reversar la expropiación, y no basta con hacer un memorial. Cómo va usted a hacer un memorial donde hacen la fiesta de la cerveza. Hay que tomar posesión de ese lugar.

El exministro de Vivienda, Carlos Montes, planteó que había que hacer una revisión de esa expropiación...

Respecto a los costos. Eso es más que entendible.

El gobierno dijo que van a reversar la expropiación pero mantener el memorial.

Después. Lo primero que dijeron fue “vamos a revertir la expropiación.” A raíz de lo que se dijo respecto a ese anuncio ha señalado, “bueno, vamos a mantener un memorial, o vamos a hacer un memorial”. Respecto a lo de los recursos se entiende (...) Una cosa es revertir y la otra es suspender. Son cosas muy distintas. Chile tiene en esto que ser capaz de dar una señal muy potente. No puede ser que exista un enclave alemán al interior de nuestro territorio en el cual se cometieron los crímenes que se cometieron.

Mencionaba usted también lo del Programa Nacional de Búsqueda.

El desmantelamiento del programa de derechos humanos horada la relación con las víctimas de una manera muy profunda. Las tres personas (desvinculadas) eran funcionarias de carrera, entraron por concurso público. Se ha dicho que eran gente de exclusiva confianza. Eso no es así. No correspondía que pusieran su cargo a disposición. Se tomó la decisión de desvincularlas, decisión que uno puede evaluar desde un punto de vista administrativo y eso ahora tendrá sus cursos, pero a mí lo que más me preocupa es que esas personas tienen trayectoria en el ámbito de derechos humanos, tenían un vínculo con las víctimas, habían generado una confianza.

Ha mencionado ejemplos de temas que le preocupan. ¿Qué denominador común ve respecto al actual gobierno?

Contradicción entre lo que se dice y lo que se hace.

¿Ve una cuestión ideológica también?

Claramente. No hay una genuina comprensión de lo que significa un Estado respetuoso de los derechos humanos en el siglo XXI y con una historia reciente como la dictadura militar que genera una herida profunda para nuestro país. Eso es preocupante, desconcertante y lamentablemente es un retroceso. Porque nosotros teníamos gobiernos de derecha que entendían que había que resolver estas heridas.

Habla del expresidente Sebastián Piñera...

Por cierto. (Piñera), que mantenía políticas de Estado, tomaba decisiones como cerrar el penal Cordillera, que habló de los cómplices pasivos de la dictadura militar. Pero lo que vemos ahora es negacionismo o un discurso contradictorio.

Negacionismo...

De parte del sector que apoya al Presidente de la República sí. Lamentablemente.

El Presidente ha dicho que va a utilizar la facultad de los indultos y luego la va a modificar. ¿Qué le preocupa de esa definición?

Me parece profundamente contradictorio. Utilizar una facultad para posteriormente reformarla creo que no resiste análisis. Si uno considera que es una facultad que no debiera existir, uno la reforma, no la aplica y después la reforma. Eso es contradictorio en sí mismo.

¿Y por qué cree que deja ese espacio para aplicarla?

Creo que quiere no tener los límites que eventualmente implicaría una reforma a esa facultad para indultar a criminales que violaron los derechos humanos.

El Presidente sí ha hablado de la posibilidad de indultos a uniformados condenados por delitos en el marco del estallido social.

Hay que ser muy claro en eso. Son personas que cometieron delitos, delitos de crimen. Esas personas son criminales. Eso es lo primero. Lo segundo es que son criminales que violaron los derechos humanos, y si nosotros queremos tener un Estado que proteja los derechos humanos, es una señal al menos contradictoria indultar a personas que violaron los derechos humanos, cualquiera sea el contexto, el año.

En sectores se ha planteado el argumento del contexto de desorden público.

O sea, son personas que cometieron un crimen y así lo determinó la justicia y un crimen vinculado con los derechos humanos.

¿Cómo conversa eso con que se haya indultado a manifestantes del estallido social?

Una de las definiciones que hay en materia de cuándo hay un crimen que viola los derechos humanos o no es que sea cometido por un agente del Estado. Alguien que tiene el monopolio del uso de la fuerza, casi por definición cuando comete un crimen, se entiende que eventualmente es una violación a los derechos humanos (...) Fue lamentablemente lo que ocurrió en 2019, acreditado por organismos internacionales. Por eso es contradictorio, cuando uno dice que se quiere una sociedad basada en la protección de los derechos humanos, indultar a agentes del Estado que cometieron crímenes condenados por la justicia, que violaron los derechos humanos de las personas.

¿Cómo ve la fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina?

Siempre es decepcionante cuando no se pueden cumplir las órdenes judiciales. Queremos que la justicia funcione. Esperamos que se cumpla la orden judicial y que esta persona sea puesta a disposición de la justicia chilena para que enfrente los procesos que tiene abiertos.

¿Existen en Chile todas las garantías para que enfrente a la justicia?

Por cierto. Nuestro sistema institucional y de justicia da todas las garantías a las personas para que puedan ejercer sus derechos. No tengo duda, así como el Estado no está en quiebra, de que tenemos un sistema judicial que funciona.