Un plazo de seis días, al menos en la teoría, tiene el Senado para despachar la reforma política, diseñada por el Ejecutivo, que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

El proyecto fue despachado este miércoles por la Comisión de Gobierno, que preside la senadora Paulina Vodanovic (PS) y la apuesta de La Moneda es que se vote el próximo martes en la sala para que siga su tramitación en la Cámara de Diputados.

Si bien el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), había adelantado que la idea era activar la discusión de las llamadas reformas políticas después de las elecciones del próximo domingo, en la sesión de este miércoles del Senado La Moneda resolvió adelantarse un poco y ponerle “discusión inmediata” (facultad que tiene el Presidente de la República para apurar el tranco de algún proyecto).

Ello implicaría que la Cámara Alta tendría que -de acuerdo al mandato de la Constitución- despachar el próximo martes esta iniciativa.

La “discusión inmediata” al menos es una señal palpable de que La Moneda se jugará todas las cartas para sacar este proyecto antes del inicio del próximo gobierno, dado que Elizalde en las conversaciones reservadas que sostuvo en las últimas semanas detectó una base de apoyo que va desde el Partido Republicano a la izquierda, incluyendo a partidos tradicionales del oficialismo y la oposición como el PC, el PS, la DC, RN y la UDI.

De hecho, el texto ya había sido aprobado en general en la Comisión de Gobierno y en la sala con un apoyo transversal, salvo aquellos legisladores que precisamente tienen un historial de renuncias a partidos.

Uno de los puntos de discordia, que es de más bien de carácter técnico, es si las atribuciones nuevas que tendrán los jefes de comités debieran estar reguladas en los reglamentos del Senado y la Cámara, en vez de quedar fijadas en la Ley Orgánica del Congreso.

Ley Antidíscolos II

No obstante, en la discusión en la Comisión de Gobierno fue eliminado uno de los principales golpes al “discolaje” que pretendía dar la iniciativa: la prohibición a un legislador para cambiarse de comité, popularmente también llamados bancadas.

Este fenómeno ha afectado por igual al oficialismo y a la oposición en las últimas décadas.

“Es deber de cada parlamentario integrar un comité parlamentario y permanecer en él durante todo el período que dure su cargo”, decía el mensaje de la reforma que modifica en ese sentido la Ley Orgánica del Congreso, pero que fue rechazado por los senadores. En este punto la senadora Vodanovic advirtió que podría haber un problema de constitucionalidad.

En todo caso, se aprobó una disposición que le entrega un mayor poder legal al jefe de comité (parlamentario elegido por sus pares aliados para liderar una bancada) para coordinar, determinar la distribución en las comisiones legislativas, especiales investigadoras y los reemplazos que correspondan, y resolver quiénes intervendrán en la sala, entre otras medidas. En otras palabras, el jefe de bancada tendría la potestad de “castigar” a los rebeldes.

De hecho, actualmente existe un vacío reglamentario y legal que afecta especialmente a la Cámara y en menor medida al Senado.

Un diputado, por ejemplo, si renuncia a escondidas a su partido de origen se queda con el asiento en la comisión que fue designado.

Restringe platas

La reforma promovida por Elizalde, junto a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que también modifica las leyes orgánicas de Partidos Políticos y de Votaciones y Escrutinios, aplica otras medidas como cortar el trasvasije de financiamiento público a colectividades que “se llevan” parlamentarios de otras tiendas.

Esa problemática se ha acentuado en el último periodo y varias colectividades nuevas han aumentado su financiamiento fiscal a costa de escisiones de otros partidos.

El Partido Nacional Libertario (de Johannes Kaiser), el Partido Social Cristiano, Demócratas, Amarillos y Acción Humanista son algunas colectividades que antes no existían y hoy reciben aportes fiscales por tener diputados que fueron elegidos por otros grupos.

No obstante, ciertas tiendas ya constituidas también se han nutrido por la misma dinámica de acoger a los díscolos de otros. Los mismos republicanos, el Frente Amplio, el Partido Radical y el Partido Liberal también han crecido o suplido renuncias a costa de otras bancadas.

Fin a partidos regionales

Otro aspecto controversial de la reforma, que es resistido por tiendas pequeñas o “emergentes”, es la eliminación de los partidos regionalistas que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo para conformar una nueva colectividad sería de 8 regiones.

Además se eleva la cantidad de afiliados por región para crear estas entidades. En vez del “0,25% del electorado que hubiere sufragado”, se exigiría “el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo”, lo que implica cuadriplicar las firmas necesarias (al subir el guarismo y al poner como referencia el padrón en reemplazo de quienes efectivamente votaron).

La Comisión de Gobierno, no obstante, dispuso una norma transitoria más flexible para los partidos constituidos, que en caso de no reunir ese 0,5%, tendrán 18 meses para juntar afiliados que representen el 0,25% del padrón.

Esta iniciativa, sin embargo, es complementaria a otra reforma constitucional, surgida de un acuerdo de senadores para fijar un umbral a los partidos para acceder a la representación en la Cámara y establecer la cesación del cargo de aquel parlamentario que renuncie a su colectividad o a su bancada.

Si bien el umbral genera resistencia, la parte que crea una nueva causal para arrebatarle el escaño a un legislador díscolo tiene un apoyo transversal, desde el PC al Partido Republicano, además del PS, de RN, de la UDI y de la DC. Esta otra reforma ya fue aprobada por el Senado y está en manos de la Cámara, lista para ser votada en la sala.