En uno de los últimos trámites legislativos, la Cámara de Diputados despachó al Senado el informe de la comisión mixta que buscaba destrabar el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral.

A pesar del amplio respaldo a una serie de normas que deberá ratificar la Cámara Alta, los diputados rechazaron un apartado del informe que establecía un régimen especial para dividir eventualmente al Conservador de Santiago. A juicio de algunos diputados, se trataba de un mecanismo estricto que a larga era una “no división”.

Con este rechazo, sin embargo, la institución registral capitalina quedará sujeta al mismo marco jurídico de los conservadores del resto del país.

En esta votación -que contó con 50 votos a favor, 33 en contra y la misma cantidad de abstenciones -se registró una división al interior de los bloques, pues hubo diputados UDI que votaron a favor y otros en contra.

En el debate en sala, la diputada Javiera Morales (FA) se lamentó por esta norma. “Acá había una norma que fue la que aprobó la Cámara de Diputados para que cualquier oficio, en Santiago, Punta Arenas, en el norte del país, pudiese dividirse en el caso que así los informes técnicos los sugirieran.

Y añadió: “Lamentablemente, cuando tramitamos en la comisión de Constitución nos encontramos con una norma que prohibía la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.

El diputado republicano, Luis Sánchez, también se lamentó por este articulado. “La cantidad de plata que ganan cada uno de los tres caballeros que dirige el oficio del Conservador de Santiago es algo grosero, vergonzoso. No hay ninguna otra persona en Chile que se enriquezca tanto producto de un cargo que se entrega como monopolio por parte de la administración pública”.

El presidente de la comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (ind. -Demócratas), si bien calificó de “complejo” el trámite en esta norma, valoró que “se ha regulado, y lo que permite que, en el caso que el Presidente de la República decida, previo informes técnicos que justifiquen la conveniencia, dividir el oficio de Santiago en hasta cuatro nuevos oficios”.

Calisto fue uno de los 50 diputados que aprobaron dicha norma.

Con todo, las normas que sí se aprobaron fueron la inhabilidad de funciones para parientes de hasta tercer grado de consanguineidad de autoridades políticas; que los nombramientos serán por Alta Dirección Pública; la digitalización de una serie de trámites; una tarifa fijada por el Ministerio de Justicia; además de la jubilación a los funcionarios que cumplan 75 años.

Luego de este paso, la iniciativa pasa al Senado para su aprobación y convertirse en ley de la República.