Como cada lunes en la mañana, los principales dirigentes de la oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS).

El motivo, a diferencia de los meses anteriores, fue analizar la agenda de seguridad que presentó la semana pasada, en cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast.

Al encuentro llegaron los timoneles, secretarios generales, jefes de bancada y diputados que integran la comisión de Seguridad en el Congreso. En la cita estuvieron representados el PS, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Por la Democracia, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal.

La idea era conformar una coordinación básica que permita evitar errores y anticiparse a las discusiones que pondrá sobre la mesa el Ejecutivo. Después de todo, advierten varios presentes, son 31 proyectos, incluida una reforma constitucional respecto de la materia, que en la oposición ya tildan como un voladero de luces.

“No sé en qué minuto al Presidente le bajaron afanes refundacionales. ¿Nos va a invitar a un proceso constitucional 3? Como fracasó el mamarracho 2. Hoy reescribir la Constitución no le hace sentido a nadie", acusó, por ejemplo, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, tras el encuentro.

Lo que se sacó en limpio de la cita fue la apuesta por crear una comisión de trabajo en la oposición, que se encargue de analizar el paquete de medidas de La Moneda.

La instancia, según informó el secretario general (s) del PS, Arturo Barrios, estará conformada por las direcciones de los partidos, diputados y senadores ligados a la discusión, expertos en la materia y alcaldes del sector, quienes ya dieron un paso al frente para enfrentar la reciente agenda económica del gobierno de Kast.

Durante la jornada, además, los dirigentes de la oposición anticiparon que habrá divisiones en cómo enfrentar algunos de los 31 proyectos. La idea es adelantarse a esto y evitar quiebres, pues, además, aseguran que varios de estos proyectos -17- ya fueron presentados en el Congreso y han despertado reacciones en el sector.

El caso donde más claro está que habrá una división es la iniciativa parlamentaria que busca reforzar la legítima defensa privilegiada de las policías, discusión que ya dividió en el gobierno del expresidente Gabriel Boric al PC y el FA con el Socialismo Democrático.

Otro proyecto donde los parlamentarios avizoran diferencias es el de aumentar el tiempo de flagrancia, aunque los dirigentes opositores esperan contar con mayores detalles de la iniciativa para ahondar en ese punto.

Otras medidas del paquete del ministro Martín Arrau ya cuentan con la venia opositora. De hecho, algunas de estas llevan la firma de dirigentes del sector. Por ejemplo, la que “tipifica el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones criminales”.

El Excel parlamentario

Hasta ahora, la oposición había dado plazos incipientes para hacer frente a la agenda de seguridad de Kast.

La responsabilidad cayó principalmente en los diputados de la comisión de Seguridad: Raúl Leiva (PS), Tatiana Urrutia (FA), Bernardo Salinas (PC), Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya.

Ellos comenzaron a coordinarse en el grupo de WhatsApp que comparten durante la misma noche en que el Presidente realizó su cadena nacional.

El sábado pasado tuvieron su primera reunión, vía Zoom. Allí reafirmaron que habrá diferencias y puntos de acuerdo, por lo que era importante anticiparse a esas discusiones.

En ese contexto, el diputado Salinas compartió un Excel con las 31 iniciativas que incluyó La Moneda en su plan de seguridad. La dinámica, dicen desde el grupo, es sencilla: manifestar en dicha hoja de cálculo las preferencias en favor, en contra o en reflexión sobre cada una de ellas. “Como un semáforo”, dice una figura del grupo.

Este lunes los mismos parlamentarios se juntaron a comer -cita en curso hasta el cierre de esta edición- para avanzar en esa discusión.

Un tema que también está pendiente de despejar es qué harán con la exministra Trinidad Steinert, pues siguen a la espera de la comisión especial investigadora. En caso de que no funcione esa ofensiva, aún les quedan días para impulsar una acusación constitucional en su contra.