La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado despachó este miércoles el proyecto que establece las reglas de uso de la fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. La iniciativa fue discutida bajo urgencia de discusión inmediata, condición de la que se dio cuenta al inicio de la sesión.

Durante la jornada, la instancia terminó de zanjar una serie de disposiciones que permanecían pendientes, particularmente aquellas relacionadas con la actuación de personal militar. Entre ellas se aprobó que, en tiempos de paz, la autoridad militar a cargo de fuerzas destinadas al resguardo del orden público, la seguridad pública interior, la protección de infraestructura crítica o de recintos militares deberá actuar conforme al mandato constitucional y legal, las RUF y el marco fijado por el decreto supremo que habilite su intervención.

Uno de los principales puntos de discusión en la última sesión de la instancia fue el escalamiento en el uso de la fuerza. Las primeras seis reglas contemplan desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el empleo de elementos menos letales, el control físico y el uso de munición de salva. Ese bloque fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra.

Posteriormente, parlamentarios revisaron la denominada regla siete, que autoriza el uso de escopetas con munición antidisturbios para evitar o repeler un peligro grave e inminente para la vida o integridad física de terceros, personal militar o policial, además de situaciones vinculadas con daños o pérdida material de infraestructura crítica y la protección de recintos militares. La disposición fue aprobada por siete votos a favor y dos en contra.

La comisión también visó la regla ocho, relativa al uso de armamento letal. El texto contempla su utilización contra personas que usen o se dispongan a utilizar armas letales u otros medios capaces de poner en peligro la vida, así como frente a determinados ataques contra infraestructura crítica o recintos militares cuando la pérdida de su control pueda generar riesgos para las personas o comprometer la seguridad militar o nacional. Durante la discusión, parlamentarios plantearon reparos respecto de la amplitud de esta última hipótesis.

Otro de los puntos abordados fue la situación de Gendarmería de Chile. La comisión aprobó por unanimidad una norma que excluye a la institución y a su personal de la aplicación de esta ley, estableciendo que su uso de la fuerza continuará rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.

La discusión final estuvo marcada por el artículo que regula las eximentes de responsabilidad penal. La disposición establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas que cumpla las RUF estará amparado por la eximente de cumplimiento del deber contemplada en el Código Penal.

Además, incorpora otras eximentes del Código Penal y referencias al Código de Justicia Militar. El punto generó cuestionamientos de parlamentarios que advirtieron sobre sus efectos, mientras otros integrantes defendieron que se trata de causales actualmente vigentes en la legislación.

Finalmente, esa norma fue aprobada por cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, tras lo cual la secretaría de la instancia dio por despachado el proyecto. Antes de levantar la sesión, la comisión realizó además una adecuación de concordancia en la redacción sobre los “grados previos” en el uso de la fuerza. Con ello, el informe de la comisión mixta fue despachado a la Cámara de Diputados, donde deberán debatir las decisiones tomadas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el despacho de la ley y señaló que “no es solo importante para el gobierno, es importante para Chile, es importante para cada carabinero, cada funcionario de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas cuando están en cumplimiento de funciones de seguridad, de orden”.

Además, Arrau destacó el avance legislativo de la iniciativa y señaló que, tras el despacho de la Comisión Mixta, quedan dos instancias para completar su tramitación y convertirse en ley.

El ministro sostuvo que el objetivo central es reemplazar las distintas normas que actualmente regulan estas actuaciones por un marco común: “Lo que estamos haciendo es reemplazar una dispersión de normas, que muchas veces son interpretadas de diferentes maneras en caso de contingencias, por un marco jurídico robusto, una ley que da un ordenamiento de cómo se van a ir usando las fuerzas en diferentes situaciones”.