A contrarreloj se encuentra la reforma al sistema político presentada por un grupo transversal de senadores en noviembre del año pasado.

Sin embargo, este miércoles, la iniciativa que modifica la Constitución para tratar de reducir la fragmentación del Congreso, sufrió un nuevo retraso a pesar de que figuraba en la tabla, junto a otra reforma que establece una multa para quienes no voten en elecciones.

Al inicio de la sesión, la jefa de bancada de la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Provoste, pidió el aplazamiento de la votación.

“Tenemos que honrar los compromisos (...) de la reunión de comités del lunes. Concordamos que, independientemente de colocar estos proyectos, para poder (discutirlos) de manera conjunta, simbiótica, lo dejemos postergados hasta conocer los resultados de la conversación que ha comprometido el ministro del Interior (Álvaro Elizalde)”, argumentó la senadora por Atacama.

La jugada de la legisladora se sumaba a otras maniobras dilatorias que en las semanas previas habían realizado las bancadas del Frente Amplio, del PC, de Demócratas, del FREVS y del Partido Social Cristiano que tienen reparos de fondo con el proyecto.

No obstante, Provoste aludía veladamente a una gestión que realizó el ministro Elizalde (PS), a inicios de semana con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), con quien se comprometió a recibir a los jefes partidarios esta semana para plantearles una fórmula para destrabar la reforma política y el proyecto de la multa que fortalece el voto obligatorio.

El problema es que, hasta ayer en la tarde, representantes de partidos oficialistas y de oposición comentaban que aún no habían recibido ninguna invitación o señal de La Moneda.

Tironeos

En las últimas semanas, el gobierno había tomado distancia de los tironeos entre fuerzas políticas a favor y en contra de esta reforma política.

Si bien el proyecto es empujado por RN, la UDI, el PS, el PPD y Evópoli, también existe un grupo variopinto de senadores que se opone: las mencionadas bancadas del PC, del Frente Amplio, del FREV, de la DC, de Demócratas y del Partido Social Cristiano.

La cautela del Ejecutivo se debía en gran medida a que esta iniciativa divide a la propia alianza gubernamental, especialmente después de que casi todas las indicaciones presidenciales fueran rechazadas en la Comisión de Constitución, incluso con votos del senador socialista Alfonso de Urresti en contra.

En subsidio, el ministro del Interior comenzó a sondear un plan B con representantes de distintos partidos, toda vez que la reforma constitucional empujada por los senadores difícilmente alcanzaría a ver la luz antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para inscribir pactos electorales.

En vista de que el proyecto que modifica la Constitución establece requisitos (un umbral) a los partidos para poder elegir diputados, lo lógico es que su tramitación culmine antes de ese plazo, ya que inevitablemente ello incidirá en la conformación de alianzas electorales.

La reforma en cuestión exige a las colectividades lograr un 5% de los votos en la elección de diputados o bien alcanzar 8 parlamentarios para poder tener escaños en la Cámara. Además, establece la causal de cesación del cargo de aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada.

No obstante, el mismo presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ya advirtió que ve difícil que la iniciativa culmine su tramitación en agosto, ya que los diputados pretenden tomarse su tiempo para legislar. De hecho, con la nueva dilación de ayer, la Cámara, en el mejor escenario, recién podría comenzar a revisar esta reforma en junio, es decir, a dos meses y medio del plazo fatal.

Umbral en duda

Si bien el Presidente Gabriel Boric dijo que, en lo personal, le gustaba el mecanismo del umbral, la idea nunca entusiasmó a Elizalde, quien fue encomendado por el propio Mandatario, en la cuenta pública del 1 de junio del año pasado, para construir un consenso en torno a esta reforma.

El problema del umbral, que también ha sido cuestionado técnicamente por centros de pensamiento, como Libertad y Desarrollo y el CEP, es que puede perjudicar a candidatos con alta votación si es que sus partidos no logran las exigencias constitucionales.

Incluso, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.), dijo que había una suerte de “fetiche” con el umbral, ya que perfectamente podrían emplearse otros medios para evitar la fragmentación del Congreso y favorecer la gobernabilidad y los grandes acuerdos.

Con esas prevenciones técnicas y sobre todo los plazos, los mismos autores de la iniciativa constitucional reconocen que es altamente probable que, especialmente el umbral, ya no alcanzará a ponerse en práctica en estas elecciones.

“Los tiempos no juegan a favor de la reforma y creo que tenemos que pensar un plan B para que el objetivo principal, que es la fragmentación, de alguna manera se atenúe en la elección del gobierno próximo”, adelantó el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, uno de los promotores de la iniciativa.

El senador De Urresti (PS), quien fue el coordinador de esta moción, aún mantiene el optimismo. “Podemos (sacar la reforma). Yo espero que el gobierno cumpla lo comprometido. Nosotros hemos hecho el trabajo de manera seria, responsable, desde el Partido Socialista a la UDI. Y quiero que el gobierno no se doblegue ante aquellos parlamentarios que simplemente miran el pequeño interés de su representación y no la estabilidad y la certeza de un sistema político”, dijo.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, también dijo que esperaba “que esta reforma pueda estar operativa cuanto antes, porque creo que le hace bien a la política en Chile”. Sin embargo, dijo que estaba abierto a revisar ajustes, como por ejemplo eliminar el umbral, “en aras del objetivo final”.

Precisamente el plan B de Elizalde considera abordar materias que no tendrían efecto directo en los comicios de este año. El diseño que se está trabajando en Interior y la Segpres es pensar en un paquete de ajustes, tal vez no solo en un nuevo proyecto, sino varios, que pueda ponerse en práctica el 11 de marzo de 2026. Es decir, que las medidas tengan efecto cuando asuma el nuevo Congreso.

Si bien el detalle de camino alternativo aún no se conoce, en abril pasado, el ministro adelantó que se trataría de al menos un proyecto de ley, no una reforma a la Constitución, como la propuesta de los senadores que se votará la última de mayo en la Cámara Alta.

Además, el titular del Interior precisó que la idea sería modificar leyes orgánicas que regulan la conformación y el financiamiento de los partidos. Con ello, se buscaría perseguir el mismo fin que tenía la reforma política: evitar la fragmentación del Congreso.

En esta reforma paralela, el ministro aún tiene en suspenso si incluirá las llamadas “órdenes de partido”, que el Ejecutivo intentó poner en la reforma política, pero fueron rechazadas en la Comisión de Constitución, especialmente por la resistencia de la presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez (RN).

Alessandri y Núñez

En tanto, los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras, la senadora Núñez (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI), volvieron a presionar por una rápida tramitación de la iniciativa.

“No tengo ninguna duda que en el Senado los votos están”, manifestó Núñez.

Alessandri, por su parte, reconoció el desafío que significa la aprobación en la Cámara baja. Por lo mismo, transparentó que ya activó conversaciones con las bancadas que están en contra, como la de Demócratas y la del PPD.

“En la Cámara de Diputados se puede convencer, se puede explicar, conversar. Nuestra pega es justamente eso”, sostuvo el diputado.