A pesar de algunos problemas técnicos, finalmente la comisión revisora de la acusación constitucional, que fue presentada a fines de noviembre por el oficialismo en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, pudo desarrollar su segundo encuentro.

En lo formal, en la sesión expusieron los abogados constitucionalistas Francisco Zúñiga y Javier Couso, quienes manifestaron una posición jurídica crítica respecto de los hechos que se le reprochan al magistrado.

Sin embargo, en el plano político también surgieron algunas novedades.

Si bien el libelo fue impulsado por la dupla de diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes desde hace un año y medio llevan adelante una ofensiva contra las redes en el Poder Judicial que tenía el abogado penalista Luis Hermosilla, esta presentación encontró un nuevo grupo aliado.

La bancada de la UDI mayoritariamente está por aprobar la acusación, patrocinada inicialmente por los socialistas Daniel Melo, Arturo Barrios, Leonardo Soto y Emilia Nuyado, además de Manouchehri y Cicardini; por los comunistas están Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro; la legisladora del Frente Amplio, Carolina Tello, y la militante de Acción Humanista, Ana María Gazmuri.

“A priori, por lo menos, en lo personal y como postura que estoy tratando de llevar también a mi bancada, es que habría situaciones por las que es plausible apoyar esta acusación. Básicamente, porque el deber de prescindencia no se respetó. Está comprobada esta relación del ministro con los abogados a través de algunos hechos conocidos. Yo creo que ahí es un punto clave el no haberse inhabilitado”, dijo el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), quien fue sorteado para ser miembro de la comisión revisora.

El jefe de los diputados UDI, Henry Leal, dijo que “no hemos tomado una decisión como cuerpo, formalmente, pero ya hemos conversado el tema y ahí yo diría que mayoritariamente hay voluntad de aprobar la acusación. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y específicamente en la Corte Suprema ya es un tema que está bastante generalizado y extendido y hay que dar señales claras. La Corte Suprema tiene que tomar una decisión también con sus integrantes. Por eso nosotros creemos que la gran mayoría, algunos están con dudas, pero la mayoría de la bancada está por aprobar la acusación”.

El texto presentado por el oficialismo acusa a Simpertigue de haber incurrido en la causal de “notable abandono de deberes”, luego de que el pasado 14 de noviembre, el Pleno de la Suprema abriera un sumario por la relación que tenía el juez acusado con Eduardo Lagos, uno de los imputados en el caso en donde se indagan presuntas coimas para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La presión llevó al magistrado a solicitar vacaciones para definir su estrategia al ver amenazada su carrera judicial de cuatro décadas.

El libelo de 52 páginas, consta de tres capítulos acusatorios.

El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.

El segundo capítulo plantea la responsabilidad del ministro por haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales.

El tercer capítulo responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.