El Presidente Gabriel Boric y su comité político ya se habían reunido este lunes en la mañana, en el habitual encuentro para coordinar la semana, cuando se dio a conocer la noticia de que Manuel Monsalve saldría del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde estuvo recluido por 181 días luego de una denuncia sexual por una de sus asesoras en el gobierno.

La vocera subrogante del Ejecutivo, Aisén Etcheverry (FA), comenzaba a planificar la usual alocución que realiza ante los medios en La Moneda cada inicio de semana, por lo que tuvo que incluir una respuesta tipo para abordar la decisión de la Corte Suprema, que acogió el recurso de amparo que presentó la defensa del exsubsecretario, que le rebajó la medida cautelar a arresto domiciliario.

La portavoz de palacio evitó la polémica en toda la vocería y planteó que “a nosotros como Ejecutivo no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales. Un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetados. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto”.

Al interior del gobierno, sin embargo, reconocen lo incómodo que resulta que el caso Monsalve reflote a solo días de la cuenta pública presidencial, pues vuelve a poner sobre la mesa una de las peores crisis por las que ha pasado la administración Boric, que le costó el cargo a una de las figuras políticas con mejor evaluación y que hizo crujir la relación entre los ministros por las desavenencias ante el manejo inicial del escándalo.

De paso expone otra vez al Presidente a la duda sobre si el gobierno desestimó o no la versión de la denunciante tras conocer su acusación contra el exjefe civil de las policías.

Según la declaración de Monsalve ante la Fiscalía, consignada por el diario La Segunda, el mandatario le habría planteado “no tengo por qué dudar de lo que dices”.

Sobre el punto, la vocera Etcheverry planteó que “respecto del caso en particular o los eventuales dichos o declaraciones, el Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia, al propio Congreso a través de las comisiones especiales e investigadoras. El Presidente incluso fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y, por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar”.

Los pendientes

Sobre la misma crisis aún existen grandes pendientes dentro del Ejecutivo. El más relevante es el sumario que el exsubsecretario del Interior Luis Cordero le encargó a la Contraloría, para indagar responsabilidades administrativas y otras fallas en el caso Monsalve.

Dicha investigación se solicitó el 23 de octubre, luego de haber sondeado a las subsecretarias Francisca Perales (Desarrollo Regional) y Suina Chauhuán (Minería) como posibles encargadas de la indagatoria. En este proceso, por ejemplo, el órgano contralor debe despejar que los gastos reservados usados por Monsalve cuadren con las rendiciones de los mismos.

Para ese objetivo, la Contraloría ha llegado a irrumpir en La Moneda, para abrir la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior y analizar dicho “arqueo” de dineros, como ocurrió el pasado 20 de noviembre.

Conocedores de la indagatoria dan cuenta de que a esta aún le restan semanas para finalizar. En Palacio son conscientes de aquello, incluso desde el primer día en que se le solicitó a la Contraloría encargarse del sumario, un órgano que es autónomo del Ejecutivo.

Esta investigación no es el único pendiente en La Moneda con respecto al caso Monsalve. Pocos días después de que estallara la crisis por la denuncia de violación y abuso que derribó a Monsalve, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, comenzó a preparar un protocolo que le sirva al Presidente y las autoridades del Ejecutivo como “manual” para enfrentar las denuncias de índole sexual a las que se puedan enfrentar.

Aquello, sobre todo como recomendación directa al Mandatario, sobre todo al pensar en cómo proceder en caso de que sea una alta autoridad la denunciada, como ocurrió con Monsalve en octubre del año pasado.

Dicho protocolo quedó a cargo de su equipo jurídico, que en ese momento lideraba el abogado José Ignacio García, y fue presentado como idea ante el comité político del Presidente.

A siete meses de iniciado el escándalo, ese manual de cortafuegos aún no se ha presentado. En febrero de este año, senadores PS como Gastón Saavedra y Juan Luis Castro y diputados independientes del PPD como Jaime Araya, Héctor Ulloa y Cristián Tapia cuestionaron la demora de Tohá en presentar dicho protocolo.

La medida, finalmente, no alcanzó a ser entregada por la exministra, pues a inicios de marzo abandonó el Ejecutivo para convertirse en candidata presidencial del PPD y le heredó la resolución del reglamento al nuevo titular del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

El nuevo jefe del gabinete se hizo cargo del tema, comentan en Palacio, y firmó el documento con las recomendaciones para enfrentar este tipo de casos. Sin embargo, dicho protocolo aún no ha sido socializado.