Sólo falta la venia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para lograr una salida extrajudicial al proceso que enfrenta a las tres mayores cerveceras del mundo en territorio chileno.

CCU -que maneja las marcas Cristal y Escudo, entre otras, y que es controlada por el grupo Luksic y la holandesa Heineken- fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica de atentar a la libre competencia por el registro de marcas extranjeras que no usa en Chile.

Precisamente, las archirrivales de la holandesa en el mundo, Anheuser-Busch InBev (la principal cervecera del orbe) y SAB Miller (la segunda) se sumaron a la demanda de la fiscalía.

Las partes comenzaron a negociar una salida extrajudicial hace unas semanas, y hubo un acuerdo, por lo que se solicitó una audiencia ante el TDLC para que vise la propuesta de las partes.

En el acuerdo, CCU cede la mayoría de las marcas, marcando un precedente, afirman abogados de la plaza.

La compañía dueña de las marcas Cristal y Escudo cedería dos tipos de marcas. Primero, las denominaciones Bock, Lager, Ambar, Clara, Clarita y Porter quedarán fuera del registro de CCU.

Por otra parte, la compañía renuncia a marcas que son más específicas y que le pertenecen a terceros en el extranjero. Tal es el caso de Aguila y Pony-Malt, que forman parte del listado de Bavaria, filial de Anheuser-Busch InBev, a nivel internacional.

Además, la compañía ligada al grupo Luksic cedería las marcas Taquiña, Pacífico, y  Keller, del holding Damm de España.

Sin embargo, el acuerdo le permite a CCU retener algunas marcas. Aquí destacan: Andes y Antartic.

El convenio comenzará a regir una vez que sea aprobado por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero ya tiene la venia de la Fiscalía nacional Económica.

Una vez que, si así lo decide el TDLC, se aprueba el acuerdo, los representantes de CCU deberán acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial para entregar las marcas cedidas.

Normativa
En Chile, registrar una marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) cuesta alrededor de $240 mil, la que puede ser renovable cada 10 años.

El uso de la marca no es cuestionada por el actual sistema normativo y, por lo mismo, un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo vendría a saldar las falencias.

De hecho, el proyecto ingresado en abril del año pasado y que se mantiene en primer  trámite legislativo, introduce la figura de caducidad.

La idea es que si una persona natural o jurídica inscribe una marca y no demuestra un uso en un plazo de cinco años la pierde.

La nueva ley reemplazará la publicación en el Diario Oficial por la publicación gratuita en la Gaceta de Propiedad Industrial, que será administrada por el Inapi. Además, actualmente el registro de los signos distintivos está afecto a una tasa de 3 UTM por clase, valor que con la nueva ley se reduce a 1 UTM si la solicitud se presenta electrónicamente.