Un nuevo conflicto se autogeneró el Gobierno con el nombramiento de la ex ministra de Justicia y Trabajo, Javiera Blanco, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde su anuncio el miércoles 31, la designación de la abogada ha recibido transversales críticas, por su complejo desempeño en los ministerios que lideró en esta administración de la Presidenta Bachelet. Así, se ha esgrimido fuertemente la criticada salida de Blanco del Ministerio de Justicia, en medio de los duros cuestionamientos por las muertes de niños en el Sename -crisis que el Ejecutivo aún no logra superar-, los errores detectados en el padrón electoral que tuvieron bajo amenaza las últimas elecciones municipales y las elevadas pensiones en Gendarmería, un debate que hasta hoy se proyecta.

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De hecho, se estima que Blanco se debería inhabilitar en todos estos casos, de requerirse la intervención del CDE en su resolución. Sin entrar a discutir la idoneidad técnica de Blanco, lo que queda de manifiesto en este episodio es que cargos de tan alta relevancia, como son los de consejeros del CDE, no pueden estar expuestos a cuestionamientos políticos transversales. Es necesario, por tanto, avanzar hacia una institucionalidad -vía ADP, por ejemplo- que sea capaz de garantizar una selección de profesionales idóneos y que por sobre todo estén fuera de los ciclos políticos y de polémicas innecesarias.

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