En Chile corren tiempos de transparencia y meritocracia, una buena dirección en la cual seguir y profundizar. Pero aún hay instituciones que no están a la altura en ninguna de los dos dimensiones. Un buen ejemplo es el Consejo de Rectores (CRUCH) cuyo origen y privilegios son sólo históricos y no meritocráticos.

Hasta 1981 existían en Chile sólo ocho universidades (dos estatales y seis privadas). Ese año se permitió la entrada de nuevas universidades y se convirtió cada sede regional de las universidades estatales en universidades independientes. Este cambio fue la respuesta a la necesidad de aumentar la cobertura en educación superior frente a una demanda creciente de egresados de enseñanza media.

Adicionalmente, esta reforma permitió que algunos privilegiados, por el sólo hecho de existir en 1981, pasaran a formar parte del exclusivo y cerrado grupo de universidades del Consejo de Rectores. El CRUCH ha sido desde entonces un grupo de interés bastante exitoso en conseguir que varias políticas públicas en educación superior favorezcan abiertamente a sus miembros. Es así como hoy tienen privilegios respecto a las otras universidades en el financiamiento, el crédito universitario y en el acceso a fondos concursables.

Para justificar estas discriminaciones, el CRUCH sigue autoproclamándose como el gran garante de calidad y transparencia de las universidades en Chile.

En su sitio web, el CRUCH dice que “las universidades que lo conforman son líderes en investigación y postgrado” y eso no corresponde a la realidad. Tanto en el CRUCH como fuera de él hay muy buenas muy malas universidades, no acreditadas o con pocos años de acreditación, que están rankeadas dentro de las peores en Latinoamérica y que no son capaces de ganar proyectos de investigación concursables. En el Fondecyt Regular 2014 hay universidades CRUCH con muy malos resultados: la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación presentó seis proyectos y no ganó ninguno, la Universidad de Atacama presentó uno solo y no lo ganó, la Universidad Católica del Maule presentó 15 y ganó solo uno. En cambio, hay universidades no CRUCH con bastante mejor desempeño en el mismo concurso: la Universidad Alberto Hurtado presentó 22 proyectos y ganó 16, la Universidad Diego Portales (UDP) 41 y ganó 21. En Fondecyt de Postdoctorado 2014 hay resultados similares, la Universidad Arturo Prat (CRUCH) presentó dos proyectos y no ganó ninguno, mientras que la Universidad Adolfo Ibañez presentó tres y ganó los tres, la Universidad de los Andes presentó 10 y ganó seis y la UDP presentó cuatro y ganó dos.

Ser una universidad perteneciente al CRUCH no garantiza transparencia tampoco. Así como el escándalo por las acreditaciones terminó con dos ex-rectores de universidades privadas detenidos. Es bueno refrescar la memoria y acordarse que hace algunos años un ex-rector de la Universidad de Santiago (CRUCH) fue formalizado y estuvo detenido por fraude al fisco. No está demás recordar también el escándalo financiero y las irregularidades de hace algunos años en la Universidad Tecnológica Metropolitana (CRUCH).

Si no hay garantía de calidad ni de transparencia ¿Por qué deberían recibir un trato privilegiado las universidades del CRUCH? ¿Por qué algunas universidades privadas reciben aporte fiscal directo de libre disposición, del cual además no rinden cuenta?

Las universidades cumplen con roles de docencia e investigación que generan externalidades positivas. En el caso de la investigación, al generar conocimiento, se produce además un bien público. Esto justifica el rol del Estado y podría explicar en forma razonable diferencias en el financiamiento de parte del Estado. Pero esas diferencias deberían depender del nivel de externalidades positivas y bienes públicos que generan las universidades. Por ejemplo, se podría privilegiar a universidades que hacen investigación y no sólo docencia. Incluso el Estado, en su calidad de dueño, podría entregar aportes directos sólo a las universidades estatales. Sin embargo, dentro del Consejo de Rectores hay universidades estatales y universidades privadas, hay universidades que hacen investigación y otras que son sólo docentes. ¿Por qué entonces los privilegios? Ni siquiera hay exigencias mínimas a cambio, como garantizar la libertad académica y prohibir discriminaciones por género, estado civil y preferencias políticas o sexuales.

El CRUCH es un resabio histórico y monopólico que defiende sus propios privilegios e intereses y no los del país. Por eso debe desaparecer. Lo dijo el informe de la OCDE el 2010: “La división entre instituciones incluidas o no en el Consejo de Rectores pertenece al pasado y necesita ser superada”. Hoy existe la oportunidad de hacerlo. La razón es que el Estado va a crear dos universidades nuevas. Si el criterio de pertenencia al CRUCH es, como hasta ahora, la fecha de creación, entonces estas universidades no debieran pertenecer al CRUCH. Sin embargo, si son aceptadas, ese criterio deja de ser relevante y dejar fuera a universidades privadas de buena calidad mientras otras privadas se mantienen pasaría a ser un acto de discriminación arbitraria. Los tiempos ya no están para privilegios sin mérito.

*El autor es Profesor Titular de la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez.