A raíz de la polémica acerca de Televisión Nacional, parece interesante volver a pensar el rol social de la empresa. En estricto rigor toda empresa es una institución social. Esto no quiere decir que sea estatal, ni que cualquier persona tenga acceso al control de la institución. Las empresas juegan un rol social fundamental -existen en el ámbito público- aunque sean de propiedad privada. Imagínese una realidad social con la mitad de las empresas que hoy existen, es decir, con la mitad de productos y servicios a los que acudir. Esa realidad social no sólo sería peor desde el punto de vista económico, sino también del bien común. El ámbito social es aquel en que se desenvuelven todos los ciudadanos; es el ámbito en el que los miembros de una comunidad se encuentran para intercambiar comercialmente productos y servicios en una relación de cooperación o transacción. Farmacias, bombas de bencina, supermercados y panaderías cumplen una labor social fundamental, y esto lo vemos con mayor claridad cuando, luego de un desastre natural, esas instituciones deben cerrar por un tiempo. Recordemos lo ocurrido luego del terremoto de 2010.

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Bajo este criterio es claro que el Estado tiene una responsabilidad con el fomento y la protección de las empresas como instituciones que permiten una mejora en el ámbito social. Esto no quiere decir que el Estado, con la mayor responsabilidad social que tiene, se haga de las empresas privadas, ni tampoco significa que el Estado deba crear directamente empresas en aquellos ámbitos donde las empresas privadas ya funcionan.

La primera razón para esta aseveración es bastante práctica: los privados tienden a realizar una mejor gestión de empresas que el Estado, luego el beneficio social es mayor. Imagínese una cadena de supermercados estatal: ¿sería razonable pensar que tendría un mejor desempeño que Cencosud o Walmart?

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El Estado, en estricto rigor, sólo debe crear empresas en aquellos ámbitos de desarrollo social donde las empresas no llegan o no pueden llegar. Muchas veces el desarrollo de la comunidad requiere el fomento de ciertos ámbitos de actividad social que son importantes, como la educación, la salud o la cultura. Incluso a veces sucede que, por razones de costos, los privados no pueden ofrecer en diversos ámbitos los productos y servicios que los más pobres requieren para vivir bien. Ante estas circunstancias de inexistencia de actividad empresarial, ante la falta de productos y servicios inalcanzables para diversos sectores de la población, el Estado tiene la obligación de actuar. Esta actuación del Estado se realiza de manera directa a través de una empresa estatal, o también de manera indirecta a través de una política de subsidios.

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Pero volvamos a TVN. Desde el punto de vista del servicio público, un buen canal de televisión cumple un rol cultural fundamental. La ciudadanía se informa y se entretiene de manera gratuita. Ahora, sin entrar en la discusión acerca del sesgo informativo y de lo que se entiende por entretención, es fácil decir que ambos son elementos importantes para el desarrollo de la comunidad. Pero, ¿no cumplen esta labor también los privados? ¿No sucede acaso que

los privados no sólo cumplen esta labor, sino que lo hacen de manera más eficiente? Las respuestas son clarísimas. ¿Entonces en qué debemos concentrarnos para decidir la continuidad del canal? Desde mi punto de vista debemos considerar el acceso gratuito. La decisión de terminar con el canal de televisión pasa sencillamente por encontrar una estrategia de información y cultura que llegue a todo el país y sea gratuita. Si eso ya ocurre a través de instituciones privadas como CNN o Mega, entonces TVN no es necesaria y debe venderse.

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El autor es profesor de Ética Empresarial Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de los Andes.