En el marco de la investigación del llamado Caso Penta o “Penta Gate”, el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía dos querellas. La primera de las acciones legales se interpuso contra quienes resulten responsables por los delitos de cohecho agravado del funcionario público y cohecho del particular. Esto, luego que trascendieran eventuales aportes del holding Penta a campañas políticas por fuera de la ley de financiamiento electoral. Además, Andrade presentó una segunda querella en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables de los delitos de cohecho agravado, cohecho del particular y fraude al fisco, por el caso FUT. Esta acción liderada por el diputado ha sido criticada transversalmente por los partidos políticos y cuestionada incluso por el propio Gobierno. Si bien es cierto que el parlamentario, en su condición además de presidente de partido, tiene el legítimo derecho de hacerse parte del proceso y pesquisar de qué manera se avanza en la investigación y sus posibles aristas, es de esperar que esta acción, efectivamente, sea el fin último de las querellas presentadas. Sería una mala señal que las acciones judiciales lideradas por él tuvieran una finalidad política, tal como algunos sectores especulan.