"Es un tema muy doloroso". Con esas palabras el edil de Las Condes, Joaquín Lavín, calificó la denuncia que interpuso ante el SII el marido de su hija Asunción, Isaac Givovich. Este hecho lo dio a conocer ayer radio Bio Bío y se trata de un problema con unas facturas que involucran a la empresa de su hija y yerno en la campaña senatorial de Lavín por Valparaíso en 2009. Sobre esto Lavín aclaró, en radio El Conquistador, que "mi yerno y mi hija han estado involucrados en diversas situaciones judiciales y ninguna tiene que ver conmigo". El caso provocó un roce familiar y Lavín aseguró que se trata de un momento "duro".

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Al respecto, la oposición evitó referirse al tema y optó por dejar que este sea resuelto por la justicia. "Uno es responsable de sus propios actos, no puede ser responsable de lo que hace el resto de las personas aunque sean parte de la familia", afirmó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. La senadora además agregó que "Joaquín Lavín siempre ha tenido una actitud intachable".

Esto mismo fue aclarado por la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, quien aseguró que el caso "nada tiene que ver con nuestro conglomerado" y que es algo que le compete a los tribunales aclararlo.

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El secretario general de RN, Mario Desbordes, también le bajó el perfil al caso y dijo que "nadie está por sobre la ley, que todos deben responder" a la justicia.

En tanto, la ex ministra e integrante del comando del ex Presidente Sebastián Piñera secundó estas palabras agregando que el Ministerio Público debe hacer "su trabajo porque acá en nuestro país las instituciones tienen que funcionar".

La denuncia familiar se dio a conocer el mismo día en que el juzgado de Garantía de Rancagua determinó que Givovich no podrá ser investigado por la Fiscalía en su vinculación con el caso Caval. Su vinculación se trata de la imputación que le hizo la Fiscalía Regional de O'Higgins por el delito de facilitación de una factura por $400 millones en 2014. La razón de la justicia para no investigarlo radicó en la inexistencia de una querella por delito tributario del SII.

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