La propuesta eléctrica del actual gobierno será analizada por la futura administración. Este martes se concretó la bilateral de la cartera energética, que encabeza actualmente el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y su sucesora, la actual senadora, Ximena Rincón.

“El tema de la energía es un tema fundamental para el país. No hay desarrollo posible sin energía y eso es algo que todas y todos saben. Para el Presidente electo José Antonio Kast, el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y el tema de que las personas paguen el menor costo posible por energía es un tema relevante”, declaró Rincón a la salida de la reunión.

Eso sí, tras la cita, la actual senadora evitó respaldar la propuesta del gobierno para atenuar la deuda que podrá ser cobrada por las distribuidoras a partir de abril, indicando que “obviamente, vamos a revisar la propuesta que hace el ministro y el equipo del ministerio respecto del tema de la deuda, y vamos a trabajar para poder dar certeza energética, por dar certeza jurídica y por cierto, trabajar para que todas y todos en nuestro país tengan energía de calidad y al menor precio posible”.

Justamente, este lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió una resolución que mandata a las empresas eléctricas a cobrar la deuda existente del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024. El monto, que alcanza unos US$860 millones, representa el 11% de la deuda que se generó por el congelamiento de las tarifas eléctricas en 2019. Que en total, es de unos US$6.000 millones. Según lo establecido por la SEC, las empresas podrán cobrar esta deuda a partir de abril.

Sin embargo, García planteó durante la tarde del lunes una fórmula para que este pago sea igual para todos los clientes, proponiendo una forma solidaria que permitiría que el 40% de la población más vulnerable no pague el incremento de la deuda. Lo que sería posible mediante un proyecto de ley, el que generaría un cargo único promedio de $1.450 a lo largo de 48 meses para devolver la deuda.

“Mientras más consume una familia, más va a pagar”

Tras la reunión con Rincón, la actual autoridad energética dijo que ese monto corresponde al consumo de un hogar promedio, y aclaró que “los que consumen menos van a pagar menos, los que consumen más van a pagar más. Además, creemos necesario proteger al 40% más vulnerable de la población, evitando el incremento de las tarifas. Para ello, ambas cosas requieren un proyecto de ley, y por eso que ha sido objeto de esta reunión de traspaso, dado que el trámite de ese proyecto de ley inevitablemente va a ocurrir durante el próximo gobierno”.

García fue consultado respecto a cómo se va a financiar el proyecto, a lo que respondió que prevén “que el subsidio cuesta alrededor de $15 mil millones y la recaudación es alrededor de $19 mil millones”.

El ministerio informó que se establecería un cargo único por unidad de $8 por kWh para todos los clientes residenciales. Ese cálculo da los informados $1.450, con IVA incluido, considerando un hogar con un consumo de 180 kWh, que es el promedio de los hogares del país.

García especificó que “el cargo es único… lo que se carga es el costo del kilowatt único para todos (...) lo que se aplana es el costo de kWh. Por lo tanto, mientras más consume una familia, más va a pagar esa familia, y mientras menos consume, menos va a pagar. El costo de kWh es el que va a ser el mismo”.

Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G -gremio que reúne a las principales distribuidoras-, Juan Meriches, declaró que “es importante considerar que esta deuda corresponde principalmente a efectos del congelamiento de tarifas y que esta es la última etapa de ese proceso que provocó que se aplicaran tarifas transitorias durante varios años y que ahora nos lleva a ponernos al día respecto de la propuesta alternativa que ha planteado el Ministerio de Energía de aplicar un cargo único entre clientes para saldar esta deuda, además de un subsidio de usuarios vulnerables”.

Rincón agregó que tienen “que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el Ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto de ley que se ha anunciado por parte del gobierno que aún está en ejercicio y que termina su mandato el 11 de marzo”.

García declaró, eso sí, que “este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un consenso político, así que vamos a esperar la opinión que tenga el nuevo gobierno y allí tomar decisiones. Es lo más natural que tanto una propuesta que hemos hecho hoy, el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarla”.