Banmédica y Vida Tres interpusieron dos demandas por daño emergente en la que exigen el pago de casi $9.000 millones en contra del Fisco de Chile por perjuicios patrimoniales generados durante la implementación del nuevo decreto de Garantías Explícitas en Salud (GES).

En las acciones legales, a las que tuvo acceso Pulso, las aseguradoras acusan una inconsistencia regulatoria que, a su juicio, vulnera directamente sus derechos fundamentales y la sostenibilidad del sistema privado.

El 1 de diciembre de 2025, UnitedHealth Group (UHG) anunció la venta de la totalidad de su participación en Empresas Banmédica (a través de su sociedad controladora Bordeaux Holding SpA) al consorcio comprador conformado por el grupo brasileño de inversión Patria Investments (operando a través de la sociedad Healthcare MX Holdings S.L.) y el fondo de inversión chileno Linzor Capital. Pero el proceso de venta aún no concluye y los estadounidenses siguen siendo los controladores.

Según explican en sus respectivos libelos, el Decreto GES 29/2025 dictado por el Ministerio de Salud entró en vigencia el 1 de diciembre de 2025, lo que obligó a las isapres a otorgar de inmediato la nueva cobertura de 90 problemas de salud a sus afiliados. Sin embargo, acusan que, a través de la Circular IF/N° 520, la Superintendencia de Salud instruyó que el nuevo precio (Prima GES 2025) recién podría comenzar a cobrarse a partir de la cotización pagada en febrero de 2026.

De acuerdo al escrito, este desfase de plazos provocó un forado financiero para las compañías. Durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, ambas isapres tuvieron que financiar las nuevas garantías médicas cobrando únicamente el valor de la prima del trienio anterior, viéndose obligadas a asumir un costo que califican de ilegal e indebido.

En el detalle de las demandas, patrocinadas en ambos casos por el abogado Germán Concha Zavala, Isapre Banmédica exige una indemnización bajo la figura de daño emergente por un total de 199.514,656 UF, equivalentes a $7.949.007.060 al momento de la presentación de la acción judicial. Por su parte, Isapre Vida Tres solicita el pago de 23.106,452 UF, cifra que se traduce en $920.600.791.

En sus escritos, las empresas argumentan que la decisión de la autoridad de no hacer coincidir el inicio de los beneficios con el inicio del cobro representa una “conducta arbitraria” que carece de toda base racional. En esa línea, denuncian que se ha vulnerado su derecho a desarrollar libremente actividades económicas, el derecho a la igual repartición de las cargas públicas y la garantía del derecho de propiedad, ya que el Estado las forzó a dejar de percibir una parte del precio al que tenían derecho por ley.

Las aseguradoras acusan que esta intervención del Estado no solo perjudica a las empresas demandantes, sino que “ha afectado la sostenibilidad del sistema privado de salud desde el momento que todos los cálculos realizados para determinar [...] el precio que se va a cobrar por la cobertura GES [...] tuvieron presente un horizonte de cobro de 36 meses y no uno de una extensión inferior ocasionada por una intervención indebida de los demandados”.

Ambas demandas son patrocinadas por el litigante Germán Concha, socio de Concha Zavala Abogados.