La “reserva” de Andrés Montes

La Unidad de Investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que dirige Andrés Montes (55) recibió la primera denuncia en septiembre de 2024, de parte de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado que entonces lideraba Daniel García. Para analizar el caso, Montes armó un equipo de dos abogados y un ingeniero comercial al que luego se sumó otra abogada. La primera denuncia se relacionó con el financiamiento de Sartor a ex ejecutivos de Primus. Luego recibió otras denuncias: en noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando el Consejo de la CMF fue tomando decisiones de suspender aportes, luego retiros y finalmente intervenir la AGF de Sartor.

Montes declaró el 24 de julio ante el Ministerio Público. “Fue un trabajo muy intenso”, dijo, ya que analizaron una “cantidad significativa de operaciones que, en muchos casos, tenían una estructura muy compleja”. Montes comentó además que se focalizaron en hechos ocurridos a partir de 2020, ya que no se pueden sancionar hechos ocurridos por sobre un plazo de 4 años. “No obstante, varias de estas conductas venían sucediendo previamente”, aseguró. La Fiscalía preguntó por la toma de control de Azul Azul por parte de Michael Clark. La respuesta de Montes permite deducir que aquella investigación sigue abierta. “No me puedo pronunciar porque es información sujeta a reserva”, respondió.

El mismo 24 de julio declaró el analista de la CMF Nelson Paz (48), quien detalló uno a uno a la Fiscalía los montos de exposición de los fondos de Sartor en las empresas de los socios de Sartor, los que se incluyeron en las sanciones millonarias de 2025. Los cálculos aparecen en tablas y la fuente es el propio Paz: “elaboración propia de testigo”, dice el pie de página de cada recuadro con las cifras del escándalo.

¿Dónde está el dinero?: El Excel de Victoriano Cerda

Citado como testigo, el ex dueño de Huachipato negó su participación en la inversión de Sartor en Azul Azul, como fue insinuado en su declaración por uno de sus socios. Pero en su declaración, Cerda abordó también el fondo del caso Sartor, con un inusual interés. Al fiscal Juan Pablo Araya, el abogado le dijo que tenía solo información pública disponible en la página web de Toesca, la gestora que administra los fondos públicos de Sartor por mandato de la CMF, lo que, según Cerda, permitía entender las carteras de subyacentes de esos fondos.

“A este respecto, los sistematicé en Excel y generé un archivo con la información que se encuentra contenida allí”, le explicó a Araya, a quien se comprometió a entregar esa información por correo o pendrive. “Este permite comprender el destino de los dineros que fueron colocados en distintos lugares: primero, en el denominado grupo La Araucana, relacionado con Sergio Yáñez Astete”, dijo al comienzo. Luego, en “supuestos negocios mineros” del mismo Yáñez Astete y John Sol Villanueva. “Y tercero, en sociedades relacionadas a personas vinculadas con el caso Primus”, agregó. Luego insinuó otro destino posible.

“Es sabido que La Araucana tiene una parte relevante de sus inversiones en unas residencias para adultos mayores que opera bajo la marca Acalis, las que tiene en sociedad con un fondo que administra Toesca”, agregó. Cerda prometió al fiscal aportar el archivo por correo o pendrive.

El otro intento de venta de Azul Azul vía Moonvalley

La Fiscalía encontró un contrato de asesoría financiera del 15 de enero de 2024, firmado entre el FIP Tactical Sport y la empresa Moonvalley Capital Asesorías Limitada. La intención era prospectar si había interés por adquirir Azul Azul, casi tres años después de comprarla a Carlos Heller. “Hacía lógica olfatear el mercado para ver si había un potencial comprador”, declaró Michael Clark, quien firmó ese contrato por Tactical Sport, aunque admitió que no tenía poderes para aquello. “Esto se hizo así y se conversó con Pedro Pablo, a efectos de que el contrato fuese lo más confidencial posible, pues si se sabe que el FIP estaba en proceso de venta, la venta muere”, dijo en su último testimonio en la Fiscalía el 15 de julio, antes de la formalización.

Por Moonvalley trabajó David Jana, ex gerente de finanzas de Enap y ex banquero de Bank Boston, quien fue recomendado a Clark por Patrick Kiblisky. “Me hizo el contacto”, afirmó. Se estableció un honorario de US$ 15 mil como pago fijo y un monto variable, contra éxito. “El fondo firmó varios acuerdos de confidencialidad con potenciales inversionistas y finalmente nadie presentó ninguna oferta por el activo”, reveló Clark.

El sueldo de $ 20 millones líquidos que mantuvo Larraín

Alfredo Harz, 41 años, socio de Sartor, declaró en junio en la Fiscalía. En marzo había decidido colaborar, tras romper con su socio de años, a quien definió como amo y señor del grupo. “El carácter de Pedro Pablo permeaba la dinámica completa de la empresa, ya que intervenía en todos los asuntos, desde los más cotidianos hasta los más relevantes. En los hechos, no había decisiones que escaparan a su aprobación”, dijo.

“Otra cosa que debo mencionar es que Pedro Pablo se está pagando a sí mismo periódicamente más de $20 millones de pesos líquidos mensuales con fondos de Asesoría e Inversiones Sartor S.A. Ignoro a qué concepto obedecen esos montos”, indicó.

La cifra no está en el expediente penal, sino en el proceso de liquidación forzosa de la matriz del grupo, un proceso que inusualmente, declaró el actual interventor, Eduardo Godoy, tardó 16 meses, cuatro veces más de lo habitual, dado que los deudores recurrieron dos veces al Tribunal Constitucional. Godoy asumió el 3 de junio.

Hasta entonces, el 13 Juzgado Civil de Santiago tenía un veedor a cargo de revisar la contabilidad de Sartor, cargo que ocupó otro profesional con experiencia en quiebras: Patricio Jamarme, quien entregó reportes mes a mes. Y ahí están los montos: según el libro de remuneraciones, Pedro Pablo Larraín recibió un sueldo líquido de $ 20.674.745 en abril y de $ 20.579.479 en marzo.

Pero Larraín ya no tendrá ese flujo de dineros. El Código del Trabajo establece, en su artículo 163 bis, que “el contrato de trabajo terminará en caso que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación”. En este caso, además, no correspondería una indemnización para Larraín, ya que no tenía subordinación y dependencia con Sartor. Era el dueño.

Una empresa sin domicilio

El abogado Eduardo Godoy Hales (52 años) actúa como liquidador de Asesorías Inversiones Sartor S.A. desde el 3 de junio de este año, designado por el 13 Juzgado Civil de Santiago, aunque la resolución de liquidación fue apelada por la empresa en la Corte de Apelaciones. El 6 de julio, Godoy inició las diligencias de incautación e inventario. Y acudió a los domicilios registrados por el grupo Sartor.

El más relevante eran las oficinas de Sartor en Cerro El Plomo 6000, oficina 503, en Las Condes. Ahí estaban las oficinas de casi todas las sociedades, pero el titular del arriendo era Sartor Administradora General de Fondos (AGF). El arrendatario era Independencia Rentas Inmobiliarias y a ese contrato se le puso término en enero de 2026, contó Godoy. Sartor era dueño de los bienes muebles, pero los vendieron como unidad económica a la sociedad Dolphin Medical SpA., la nueva arrendataria de las oficinas. Por ello, dijo el liquidador, “al realizar las diligencias de incautación no se encontraron bienes ni documentos de Asesorías e Inversiones Sartor S.A.”

Godoy añadió en su declaración que Sartor registraba otras dos direcciones, pero que resultaron ser de sus abogados, Luis Felipe Castañeda y Francisco Fuentes. Ambos le explicaron que tras la intervención de la CMF, en noviembre de 2024, “la sociedad quedó sin domicilio, puesto que todas las sociedades del grupo ocupaban el inmueble de calle Cerro El Plomo. Más tarde tuvieron un domicilio virtual para recibir correspondencia, pero aquello ya no estaba vigente.

La compra de Sartor que no alcanzó a ser vinculante

Lo dijo Pedro Pablo Larraín en su última declaración judicial, el 15 de julio. El ex socio de Sartor hablaba sobre la relación con Credicorp, el grupo financiero peruano que invirtió en fondos que gestionaban los chilenos y que fue el primero en querellarse contra el grupo, en diciembre de 2024.

Larraín dijo que en 2024 Credicorp hizo un due diligence con la intención de comprar Sartor AGF. Para ello, los compradores tuvieron la asesoría de la auditora PwC y del estudio Barros Errázuriz. “En ese proceso, lo primero que revisaron como compañía fueron los estados financieros de Sartor AGF y sus fondos”, dijo Larraín.

Mucho más locuaz fue otro socio, Rodrigo Bustamante García, 50 años, socio de la matriz de Sartor y encargado del negocio de wealth management.

Bustamante dijo que a fines de 2023 Credicorp se acercó para comprar los negocios de wealth management y la Administradora General de Fondos (AGF). La negociación la lideraban James Loveday, número 1 de Credicorp en Chile, y Pedro Pablo Larraín. Los Sartor fueron asesorados por EY y el estudio HD Legal.

En febrero-marzo de 2024, dijo Bustamante, Credicorp hizo una oferta vinculante, la que fue aceptada por los futuros vendedores. Bustamante explicó así la oferta: “Había un pago up front que era entre 3.000 o 4.000 millones de pesos (…) El resto del precio eran variables en función del crecimiento de la compañía durante los próximos 5 años, en los cuales nosotros debíamos quedarnos con el negocio por 5 años y eso podía llegar a ser 8.000 o 7.000 millones de pesos más”, reveló.

Según Bustamante, las tratativas duraron hasta septiembre-octubre, mientras la CMF estaba auditando algunos fondos de Sartor: cuando terminara ese análisis, se cerraba el negocio. “Cuando Pedro Pablo se acercó a la gente de Credicorp para convertir el acuerdo no vinculante a uno vinculante, Credicorp decidió bajar el precio en un 50%”, declaró Bustamante, quien agregó que Larraín no entendía por qué la contraparte cambió el precio. “Hasta el día de hoy me pregunto por qué ocurrió eso”, declaró Bustamante el 9 de julio.

La respuesta la entregó mucho antes, en marzo del 2025, el entonces gerente general de Credicorp Chile, James Loveday Laghi, quien había llegado a Chile en agosto de 2023 a liderar el negocio de la gestora peruana, en una declaración policial. “Vimos la oportunidad de desarrollar el negocio de deuda privada como un motor de crecimiento de la compañía”, dijo. Y se acercaron a Sartor, con quienes ya tenían negocios. A fines de ese año, Loveday conoció en un almuerzo a Larraín y su socio Alfredo Harz. A fines del primer trimestre, recibieron información para hacer una oferta de asociación. El 9 de mayo, el equipo corporativo de banca de inversión le envió a Pedro Pablo Larraín la oferta no vinculante por el 100% de la AGF y por Latin Capital Sartor Wealth Management SpA. Tras unas semanas, los vendedores aceptaron seguir el proceso. El data room se abrió el 12 de julio, hasta el 25 de septiembre. Ese día, Loveday llamó a su contraparte. “Por llamada telefónica le comuniqué a Pedro Pablo Larraín que no seguíamos con el proceso”. El 2 de octubre de 2024 mandaron una carta formal cerrando el proceso.

Entre las razones que expuso el número 1 de Credicorp estaba que tras casi 11 semanas de due diligence “aun no habíamos podido confirmar el Ebitda que nos habían mostrado para calcular el valor de la compañía en mayo”. Además, había contingencias tributarias materiales y el vendedor tenía “una estructura de fondos privados que no respetaba la regulación de la CMF”. Tampoco, en todo el proceso, “no se nos entregó el detalle de las carteras de los fondos” y sus respectivas garantías, aduciendo que eran secreto comercial, dijo. En el proceso, además, Credicorp se enteró que la CMF hacía una auditoría a los fondos. El 15 de noviembre de 2025, la CMF suspendió la captación de aportes en la AGF y aludió reparos planteados el 6 de septiembre. “Es decir, nos ocultaron la retroalimentación de la CMF”, declaró como testigo.

Cuando se conoció ese oficio, Credicorp tomó otra decisión: Loveday llamó un domingo, en la noche, a Larraín para pedir el rescate de todos los aportes que Credicorp había hecho a dos fondos de Sartor, por US$ 100 millones. Esta semana, su abogado, Juan Domingo Acosta, dijo que de una deuda de US$ 45 millones, Credicorp no ha recuperado ni un solo dólar.

Los clientes privados que se sumaron a Miami

Sartor invirtió US$ 35 millones en 2022 en un proyecto inmobiliario en Miami. Se llamaba One River Point, ahora Faena Residences. Además de los fondos públicos, Larraín reveló hace un año a la CMF que se sumaron cuatro o cinco clientes de la banca privada. “No puedo revelar información de los demás clientes”, dijo Larraín a la CMF. A la Fiscalía, ahora, sí los reveló. “La inversión en el proyecto también fue ofrecida a clientes privados de Sartor Wealth Management, los cuales aportaron un capital de US$ 8.700.000”, dijo en julio.

Aquellos clientes, enumeró Larraín, fueron “Enrique Hasbún, no recuerdo el nombre de su sociedad internacional, Juan Monsalve y su sociedad internacional, que es Sintra; estaba Carlos Galilea, Jorge Parra, y otros que en este momento no recuerdo”, dijo. Preguntado por la Fiscalía, Larraín confirmó que Juan Martín Monsalve, gerente general de Virutex Ilko, es cónyuge de Lucila Siskind, cliente de larga data, a quienes conoció en sus tiempos en Euroamerica y Compass. Siskind es directora de relaciones con inversionistas de Codelco. “Ambos eran inversionistas importantes”, dijo Larraín.

De todos ellos, Lucila Siskind declaró ante la PDI este mes. Ella y su esposo tenían invertidos en total $ 9.695 millones en distintos instrumentos de Sartor, según las últimas cartolas de 2024, declaró la economista argentina.

¿Me estás weviando, cierto?

El 6 de abril de 2021, cuando era oficial que Sartor compraría Azul Azul, Mauro Valdés, preguntó en el chat de directores del grupo a Pedro Pablo Larraín, a quien llamaba Peter o PP.

Mauro Valdés: PP, se puede decir que “no está Felicevich” entre los inversionistas?

Larraín Pedro Pablo: Me estás weviando cierto? Si crees que está Felicevich, de verdad es que no tengo nada que decirte...

Mauro Valdés: Peter, no lo creo yo. Pero eso es lo que anda diciendo un grupo de hinchas...

Valdés aludía con ello a una versión recurrente, que apuntaba a que Fernando Felicevic, representante de jugadores, estaría tras el control de Azul Azul. Larraín respondió que la promesa de compraventa a Carlos Heller, a quien pagarían US$ 15,5 millones, estaba firmada, y que establecía restricciones y controles a los conflictos de interés, descartando así la presencia de Felicevich.

Mauro Valdés: “Nadie le cree a Heller. Es más odiado que Felicevich. Los hinchas quisieran borrarlo de la historia de la U y temen que, así como prometió mil tonteras (estadio incluido), después arranque como las ratas...”.

Valdés ya había criticado a Heller antes, en marzo de 2021: “Hola Mauro, leí que estabas relacionado con el fondo de inversiones que sacó al inútil de Heller de la U. Si es así, les deseo mucha suerte”.