BancoEstado, la mayor entidad financiera del mercado, enfrenta una creciente ola de operaciones fraudulentas. Con más de 15 millones de usuarios de CuentaRUT, el banco busca frenar esta práctica.

Hace dos semanas, la institución presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para denunciar un millonario desfalco.

El documento advierte la vulneración de la Ley N° 20.009. Esta normativa fue diseñada para proteger a los usuarios frente a robos y fraudes reales.

Sin embargo, BancoEstado acusa un mal uso del sistema. La ley “ha sido instrumentalizada por personas que, habiendo autorizado o participado en las operaciones, posteriormente las desconocen ante el emisor”.

En la industria financiera, esta maniobra se denomina derechamente “autofraude”. Consiste en abusar de un marco legal creado para verdaderas víctimas, con el fin de conseguir un beneficio económico ilícito.

De acuerdo al escrito, la institución ya conocía esta modalidad. En el texto señalan “la existencia de un fenómeno de similares características, que motivó la presentación de una querella durante el año 2024”.

Se trataba de múltiples reclamos con un patrón común. Los titulares desconocían sus operaciones para luego solicitar la restitución de los fondos.

Sobre este punto, la entidad acotó los métodos utilizados. “Entre los elementos comunes detectados se encontraban, entre otros, operaciones realizadas con tarjetas físicas dotadas de tecnología EMV, operaciones efectuadas en cajeros automáticos y compras presenciales”.

Además, se identificaron patrones de comportamiento previos y posteriores en los clientes. Estas acciones resultaban incompatibles con un fraude cometido por terceros ajenos al titular.

En dicha causa, el banco logró la adopción de medidas cautelares. Se retuvieron los vales vista asociados a los reclamos para impedir el cobro y frenar el perjuicio patrimonial.

Hoy, el escenario refleja un resurgimiento de este delito. Desde el 13 de julio de 2026, el banco comenzó a detectar nuevamente cientos de casos compatibles con el fenómeno anterior.

Solo entre el 13 y el 28 de julio, se identificaron 419 casos nuevos. Las operaciones fueron autorizadas por los clientes, pero luego desconocidas como supuestas transacciones fraudulentas.

El monto total involucrado en esta nueva ola asciende a la suma de $215.478.244.

Al respecto, la entidad explicó la gravedad de la situación en su querella. “La magnitud y rapidez con que estos hechos han vuelto a manifestarse resulta especialmente relevante. En un período de apenas quince días se registraron 419 casos, por un monto superior a doscientos quince millones de pesos, lo que evidencia que no se trata de situaciones aisladas o meramente ocasionales, sino de la reiteración de un fenómeno que ya había sido detectado, analizado y judicializado por esta parte”.

“Asimismo, el análisis de los antecedentes recopilados permite advertir una importante concentración geográfica de los clientes reclamantes en determinadas comunas del país, destacando especialmente Puente Alto (25), La Florida (16) y Santiago (13), entre otras, circunstancia que constituye un elemento adicional de interés investigativo y que refuerza la existencia de patrones comunes entre los casos detectados”.

Consultado por Pulso, BancoEstado declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

“Patrón común”

De acuerdo al relato expuesto en la querella, BancoEstado sostuvo que los casos investigados tienen un diseño idéntico. En términos generales, todos presentan un patrón de comportamiento común.

Todo inicia cuando “el cliente declara desconocer uno o más giros efectuados con su tarjeta de débito física a través de canales presenciales”.

Para justificar el reclamo, el titular señala “que dichas operaciones habrían sido consecuencia del robo, hurto, extravío o uso fraudulento del producto bancario”.

Sobre el dinero involucrado, el banco detalló que “las operaciones reclamadas corresponden principalmente a giros por montos de $200.000 o $400.000, realizados en cajeros automáticos o en puntos de atención CajaVecina”.

En cuento a los movimientos de la cuenta, la querella consignó que “dentro de los siete días previos a la ejecución de las operaciones reclamadas, se registran uno o más abonos en la cuenta del cliente”.

Estos ingresos son “efectuados mediante transferencias electrónicas de fondos, depósitos en efectivo por caja u otros mecanismos de abono, por montos similares a los posteriormente retirados”.

Luego de recibir el dinero, “tras la recepción de dichos fondos, el cliente realiza giros por $200.000 o $400.000, según el monto abonado, retirando parcial o totalmente los recursos previamente recibidos”.

“El banco descarta fallas de seguridad indicando que “todas las operaciones reclamadas fueron autorizadas mediante los mecanismos de autenticación habituales del producto bancario”, concluyó.