Lamentándose por el actual estado de los fondos de inversiones que administraba Sartor Group, el abogado Jaime Winter dio inicio este jueves a su exposición, en la séptima jornada de audiencias de la formalización de once imputados por el denominado caso Sartor.

El profesional representa al empresario y fundador del holding financiero, Pedro Pablo Larraín Mery, apuntado como el principal protagonista en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, enfrentando cargos por los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, a los que también se han sumado acusaciones por lavado de activos y fraude por omisión de OPA.

Es la primera intervención de las defensas de los once imputados, quienes enfrentan acusaciones por graves delitos económicos vinculados al uso de fondos de inversión para inyectar millonarios recursos a sociedades relacionadas al propio grupo.

El defensor de Larraín cuestionó el cálculo realizado por la Fiscalía sobre los presuntos perjuicios, los que ascenderían a cerca de US$200 millones. El defensor calificó la cifras de la entidad persecutoria como “abultadas” y afirmó que el Ministerio Público confunde conceptos que tienen un significado distinto.

“Un problema fundamental de la formalización es que la fiscalía ha equiparado en la formalización exposición con perjuicio”, dijo Winter.

”¿Qué quiere decir esto, su señoría? La exposición es el monto por el cual se hace una operación (en este caso, supuestamente con personas relacionadas). En cambio, el perjuicio es, en definitiva, aquello que los fondos dejan de percibir”, acotó.

“Por ejemplo, si un fondo hace un contrato para financiar a una empresa por un millón de pesos, la exposición es de un millón de pesos. Sin embargo, eso no puede equivaler a un perjuicio. Solo equivale a perjuicio si es que esa obligación no va a poder ser cumplida, o bien, por el monto específico que no fue pagado. Si en esa operación de un millón de pesos se recupera el millón íntegro, no hay perjuicio alguno, y esto debiera resultar evidente”, dijo Winter.

“Esta situación hace que el número propuesto por la fiscalía sea un número que resulta especialmente abultado, lo cual queda demostrado por los propios recuperos. Bajo el mismo análisis de la fiscalía, el informe de PwC reconoce que en las principales operaciones cuestionadas, los recuperos en ningún caso son de cero. Por el contrario, tienen montos que en algunos casos incluso alcanzan el 100% de proyección de recupero; en otros, el 75% o 54%; y en otros casos menores que también abordaremos, entre el 33% y 34%”.

Sin embargo, “la fiscalía imputa como perjuicio el 100% de la exposición”, aseveró Winter.

Poco antes de cerrar la primera parte de su alegato de defensa, Winter sostuvo: “En todo momento, la administración (de Sartor) se ejerció de tal forma que resulta imposible configurar el tipo penal de negociación incompatible. Asimismo, los supuestos delitos de información han sido formulados de manera abstracta, sin que se establezcan obligaciones precisas ni concretas. Finalmente, el delito de negociación incompatible no puede atribuirse de forma generalizada a todos los imputados; e incluso respecto de quienes participaron a través de una empresa relacionada, la forma en que está estructurado este tipo penal impide que sea aplicable a este caso concreto”.

Proyecto

Respecto al proyecto inmobiliario en EE. UU. vinculado a los fondos de Sartor, denominado inicialmente One River Point y luego rebautizado como Faena, el abogado Jaime Winter enfatizó que se trataba de un desarrollo real, de “gran envergadura y altamente rentable” ubicado en Miami, y desmintió que fuera “un activo ficticio o de fachada”.

También destacó que la iniciativa contaba con el respaldo de desarrolladores de primer nivel como Fortune International Group y Faena Group, que registraba un 20% de preventas, ganancias estimadas de US$ 300 millones y un retorno proyectado superior al 139% (con una TIR del 21%). Asimismo, acusó de imprecisión al Ministerio Público, al señalar que la Fiscalía incluyó erróneamente en su minuta de formalización antecedentes de una propuesta previa que nunca se concretó.

Sobre la estructuración financiera, Winter explicó que el financiamiento realizado a través de la sociedad Cerro el Plomo SPA (Cepsa) no generaba un perjuicio ni beneficiaba a personas relacionadas, dado que el 100% de la propiedad de Cepsa pertenecía a los propios fondos de inversión desde 2019. El jurista dijo que el paso de los fondos a través de la cuenta en dólares de la matriz obedeció exclusivamente a un motivo operativo y de celeridad para transferir el dinero a una cuenta de garantía (escrow) en Tampa, Florida, mediante mandatos gratuitos e irrevocables. Con ello, sostuvo que la trazabilidad de los cerca de US$ 35 millones levantados entre fondos públicos e inversionistas privados quedó completamente demostrada.