En las últimas semanas, diversos inversionistas de Orión X, casa de criptomonedas que denunció un millonario fraude interno, interpusieron querellas para recuperar sus fondos.

La plataforma de intercambio anunció su cierre definitivo después de que una auditoría forense confirmara la salida de activos en custodia hacia billeteras ajenas a la compañía por un valor superior a US$7 millones.

Los antecedentes judiciales detallaron que los exejecutivos concentraron los accesos y permisos técnicos sobre la infraestructura informática de la plataforma. La investigación apuntó a que los recursos de los clientes se desviaron hacia exchanges internacionales y cuentas personales sin justificación comercial válida.

A la fecha seis acciones penales se han presentado en contra de los socios fundadores: Roberto Zibert (exgerente general) y Joaquín Díaz (exgerente de tecnología). La primera querella la interpuso la propia compañía por los presuntos delitos de administración desleal y presunto desvío de fondos.

De las seis querellas, una es de la empresa, otras cuatro son públicas, y una quinta aún no es proveída por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y, por lo tanto, se mantiene en reserva.

Entre los inversionistas afectados, que mantuvieron constantes compra de criptomonedas como bitcoins en la trama está René Castañón, director de contratos de MG Gestión.

En su querella el ingeniero civil industrial no solo apunta la comisión del presunto delito de estafa en contra de los socios fundadores, sino que también contra el actual CEO de la firma Joel Vainstein.

“La maquinación fraudulenta radica en que los querellados, aprovechándose de la confianza depositada y de la estructura corporativa de Orionx SpA, captaron mis fondos bajo la falsa promesa de custodia segura e intercambio de criptoactivos, cuando en realidad la plataforma carecía de los protocolos de resguardo ofrecidos y permitió —o facilitó activamente— el vaciamiento de las bóvedas hacia cuentas no trazables”, añadió la acción penal.

“Durante mi tiempo como usuario, los querellados mantuvieron la apariencia de solvencia, permitiéndome visualizar mis fondos. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2026, me enteré de forma abrupta y a través de la prensa y comunicados oficiales que Orionx anunciaba el cierre definitivo de sus operaciones y el congelamiento total de los fondos de sus clientes (un “corralito” de facto)”, acotó.

“Independientemente de las querellas cruzadas que los propios socios mantienen hoy entre sí, el engaño estructural y la retención indebida han provocado un perjuicio directo a mi patrimonio valorizado en $254.658.225, dineros y activos que hoy se encuentran apropiados y respecto de los cuales los querellados no ofrecen vías reales de restitución”, añadió.

Bitcoin

Dentro de la carpeta investigativa que lidera la fiscal Camila López figura también el caso del abogado Pedro Molleda Quintana, quien interpuso una querella judicial en contra de los antiguos directivos de Orión X.

De acuerdo con la acción legal, el afectado sostiene que el daño patrimonial es indefinido en el tiempo, puesto que la compañía ha bloqueado las operaciones de retiro, impidiéndole acceder o rescatar los criptoactivos que posee en su registro.

“Basándome en los registros originales de la plataforma, puedo acreditar un saldo mínimo e indiscutible de 0,09318687 bitcoins (BTC). Asimismo, tenía fondos en Stellar Lumens (XLM) dentro de la misma plataforma; sin embargo, al no contar en este momento con el libro contable completo, prefiero no fijar una cifra exacta en esta querella y pido que sea la propia empresa y los auditores quienes la certifiquen. Para prevenir enredos financieros, he dejado fuera de este cálculo aquellos montos que los documentos vinculan con otros servicios, a menos que la indagatoria compruebe que fueron trasladados o depositados efectivamente en Orión X”.

Mecánico

Sergio Zerené Carmach, ingeniero mecánico también interpuso una querella criminal en contra de los socios fundadores de OrionX SpA y su actual gerente general, Joel Vainstein, imputando los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida o eventuales delitos informáticos.

“Soy cliente de Orionx desde el año 2021 y dueño de 20.001,855371 XRP (criptomoneda), las cuales aboné en la página de Orionx para custodia con fecha 16 de noviembre de 2021. El monto total de XRP que mantengo en custodia de Orionx equivale en pesos chilenos a aproximadamente $26.500.000.- a la fecha”, consignó su acción penal.

De acuerdo con lo expuesto en la querella, hasta la fecha el afectado no ha recibido ningún tipo de abono ni propuesta formal de solución. La comisión del delito queda “plenamente acreditada” por el propio comunicado oficial de la entidad: la merma patrimonial no responde a las fluctuaciones del mercado, sino a un desvío deliberado de fondos desde la custodia institucional hacia billeteras digitales ajenas a la compañía.

A su juicio, resulta imperativo que el Ministerio Público determine qué funcionarios u operadores poseían el control técnico de los sistemas de autenticación, claves y llaves de acceso a las wallets corporativas para autorizar transferencias de tal magnitud, a fin de identificar y perseguir penalmente a los beneficiarios finales de los activos sustraídos.

El cuarto caso

Otro querellante es Juan Eduardo Contreras quien también presentó una querella por la apropiación indebida de sus fondos en contra de Rojas, Zibert y Vainstein por el delito de apropiación indebida. En su presentación, el querellante detalló que le transfirió fondos a la plataforma para comprar y dejar en custodia criptoactivos (específicamente 1,5 Bitcoins). Sin embargo, tras anunciar el cierre de operaciones por un desvío millonario interno de fondos, la empresa bloqueó los retiros y se quedó con los activos de su cliente sin devolverlos.

El perjuicio económico se calcula en unos $112.056.146, que es el valor exacto que tenían los 1,5 Bitcoins de su propiedad en el momento en que la plataforma cerró y le impidió por completo retirar o recuperar su inversión.

Por todo esto, pide que se admita la querella y se envíen los antecedentes a la fiscalía para que investigue a fondo. Entre las diligencias solicitadas, pide que declare la PDI, se levante el secreto bancario de las cuentas de la empresa, se revise su información tributaria y contable, y que este caso se junte con otra investigación similar que ya existe en el mismo tribunal.