Impotencia. Ese es el sentimiento que Andrea Cruces (56 años, contadora), presidenta del Sindicato 1 de la División Ventanas de Codelco, transmite al teléfono. “La impotencia que tú sientes cuando lo diste todo... Nosotros estábamos destinados a la muerte, aunque lo dimos todo”, dice.

Es viernes 19 de mayo y la dirigenta se disculpa por empezar tarde la entrevista. Ha estado ocupada atendiendo a los trabajadores de la planta, ubicada en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví: “Muchos están firmando hoy sus cartas de renuncia, a contar del 31 de mayo. Su último día laboral acá en Ventanas”.

El cierre de la fundición de cobre ya fue autorizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, por lo que a fin de mes -aún no se sabe si el 29 o el 30 de mayo-, cuando la planta apague sus hornos después de 58 años, los 350 trabajadores afectos al cese de operaciones comenzarán una nueva vida: 203 se retirarán con un plan de egreso especial, 59 se reubicarán en otros centros de Codelco (Chuquicamata, El Salvador o Caletones) y otros 88 serán capacitados para desempeñar otra función, pero ahora en la refinería de la división.

Porque la planta en Ventanas seguirá fabricando cátodos de cobre de la más alta pureza. Lo único que acaba es la fundición del mineral y la planta de ácido sulfúrico.

A diferencia de la fundición, “la refinería no genera impactos negativos al medioambiente. En efecto, el único residuo directo del proceso de refinado electrolítico son sus residuos industriales líquidos, los cuales son procesados en una moderna planta de tratamiento”, aclara Ricardo Weishaupt, gerente general de Codelco Ventanas.

Ese proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde 2004 y así otros 10 procesos al interior de la división que, en sí misma y de forma integral, no ha sido evaluada ambientalmente en su totalidad.

La planta, que fue administrada por la Empresa Nacional de Minería (Enami) hasta su traspaso a Codelco en 2005, fue construida a fines de la década del 50 e inaugurada en 1964. Tuvieron que pasar más de tres décadas para que entrara en vigencia (1997) la Ley 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, que obliga a las empresas a realizar estudios de impacto ambiental.

“La fundición es la principal fuente de la contaminación en la zona, y la más peligrosa para la salud humana. Al no tener evaluación ambiental, no hay certeza de todos los contaminantes emitidos y su alcance” apunta Andrés León, dirigente de la agrupación medioambiental Dunas de Ritoque.

De modo que el destino de la fundición se vio supeditado a la evolución de la institucionalidad ambiental en el país. A medida que se fueron implementando mayores requisitos en pos de la salud de la población y el cuidado del medioambiente, Codelco y el resto de las industrias que operan en el cordón industrial tuvieron que adecuarse y responder a las nuevas exigencias.

Pero en el caso de la cuprífera, la inversión resultó ser tan alta que no quedó otra que terminar con la operación, que, por lo demás, generaba pérdidas a Codelco. Así, y por primera vez en su historia, la estatal se vio en la obligación de cerrar una de sus operaciones.

Weishaupt señala que la empresa invirtió US$ 200 millones para mejorar la gestión e incorporar tecnología que permitiera cumplir con las normas ambientales y “avanzar en procesos pirometalúrgicos más modernos y limpios”. No obstante, “las complejidades ambientales de la zona implicaron nuevas y mayores exigencias por parte de la autoridad”, lo que “impacta en la productividad y competitividad de la fundición, que además está emplazada en una bahía donde las condiciones meteorológicas, de ventilación, etc., dificultaban aún más el proceso productivo”.

Finalmente, Weishaupt señala que “en el análisis se consideró un elemento central: si bien la fundición cumple con la captura de emisiones del 95%, no sería posible asegurar una capacidad de captura del 98% o superior, que es el estándar mundial y que muy probablemente se instaure como normativa en Chile en el futuro”.

Pero para la dirigenta Cruces, el diagnóstico es otro: desde 2018 que estaban solicitando al directorio de Codelco que invirtiera en una “gran campana” que permitiera capturar casi el 100% de los gases, pero “el problema y el dolor nuestro es que a nadie le importó”, dice con pesar y resignación.

“Nosotros seguimos pensando que se equivocaron en cerrar esta fundición, aun cuando cumplimos todas las normas medioambientales... No nos cierran por ser malos. Nos cierran simplemente porque tenemos un pasivo ambiental, un pasado ambiental y por un tema reputacional”, afirma.

Para el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (RN), el cierre de la fundición va a mejorar en parte la calidad del aire que existe actualmente en el sector, pero no solucionará el problema de fondo.

“Nosotros esperamos baja en el nivel de emisión de gas y productos que pudieran estar afectando, en el corto o largo plazo, a los habitantes de nuestra comuna y a sus 22 localidades. Pero sinceramente, el impacto más grande en la salud de nuestros vecinos y vecinas viene hace décadas. Por lo tanto, creer que sólo con el cierre de una industria, por más grande o importante que sea, va a significar un cambio radical en la calidad de vida es un poco ingenuo. Desmantelar la fundición ayuda, pero no soluciona el problema de fondo, pues más de 58 años los trabajadores, comunidad, escolares, profesores y vecinos han tenido que enfrentar los episodios de contaminación y una calidad de aire que no han sido beneficiosos para su salud”.

Morales espera que a partir de este cierre se genere por parte del gobierno un plan de remediación por todo el daño ambiental sufrido por la comunidad a lo largo de los años: “Es sumamente injusto que mientras Puchuncaví y sus 22 localidades haya tnnido que sacrificarse por todo el país, soportando la presencia de gran parte de la matriz industrial o la generación de energía para todo el territorio, nosotros nunca fuéramos considerados para la construcción de un hospital o un recinto de salud acorde a los problemas generados por la contaminación. O una carpeta de proyectos en infraestructura vial, conectividad, transportes, educación, empleo y desarrollo, saneamiento básico (...). Por eso exigimos reparaciones, remediaciones y compensaciones”.

Si uno mira el historial de contaminación de la zona, hay al menos dos eventos graves que involucraron a la División Ventanas: el primero, en 2011, cuando una nube tóxica de azufre envolvió una parte de Puchuncaví y afectó a 23 niños y siete adultos de la Escuela Básica La Greda, ubicada a 500 metros del complejo minero.

El caso llevó a que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, cerrara el establecimiento educativo y exigiera la apertura de otra escuela, a 2 km del lugar. Entonces, Codelco asumió la responsabilidad y en 2013 se comprometió a crear un fondo de $ 164 millones para apoyo exclusivo en prestaciones de salud para las personas afectadas, además de financiar la construcción de la nueva escuela.

Más adelante, durante la crisis ambiental de 2018, cuando más de 1.700 personas -en su mayoría niños y jóvenes- acudieron a centros de salud con síntomas de intoxicación, el gobierno decretó alerta sanitaria y paralizó cuatro convertidores de la División Ventanas, tras detectarse altas emisiones de SO2.

Luego, el invierno pasado, y tras una seguidilla de nuevas intoxicaciones -que siguen presentándose en 2023-, el Presidente Gabriel Boric anunció el cierre de la planta. “No queremos más zonas de sacrificio”, aseguró.

Así, el 6 de marzo pasado, el Congreso aprobó el proyecto de ley que habilita el cese de operaciones de la fundición, mediante la modificación de la Ley 19.993, que obligaba a Codelco a recibir, en la División Ventanas, el concentrado de cobre de pequeños y medianos productores de la Enami, así como de la gran minería.

Según el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), las principales emisiones contaminantes de la fundición de la División Ventanas “son el dióxido de azufre (SO2) y el arsénico (As)” y que “de acuerdo a los registros del último año, Ventanas emitió 4,8 mil toneladas de SO2, lo que representó un 54% del total constatado para 2022, y 0,02 mil toneladas de As, es decir, un tercio del total registrado para el mismo período”.

Asimismo, la cartera aseguró que en el Humedal Campiche (Puchuncaví) “se han identificado concentraciones preocupantes de arsénico y otros elementos contaminantes que exceden los límites estipulados en las normas de calidad ambiental. Como ministerio, estamos comprometidos con su conservación y hemos iniciado un plan integral de manejo para garantizar su preservación”. Y añadió que “es responsabilidad de Codelco diseñar y llevar a cabo acciones concretas, a través de su plan de cierre, para la remediación de los suelos afectados por la contaminación de la fundición”.

La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que “el cierre de la Fundición Ventanas es una acción emblemática. Con esta medida, nuestro gobierno busca entregar soluciones coordinadas para abordar de manera integral los problemas en territorios impactados por la contaminación (...). Este cierre mejorará la salud de la población, gracias a la disminución de emisiones de dióxido de azufre”.

En esa línea, consultado sobre las patologías que podrían disminuir su prevalencia con el cese de la fundición, el Ministerio de Salud dijo que “no es posible atribuir causalidad directa entre exposición a contaminación ambiental y efectos en la salud, pues existen otras variables contundentes, como el hábito a fumar, los antecedentes como asma, el tipo de calefacción utilizada o dieta, entre otros. Entre estas enfermedades (...) se cuentan enfermedades respiratorias agudas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades isquémicas del corazón, tumores malignos, malformaciones, deformidades y anomalías cromosómicas, las cuales están presentes en toda la población y no son exclusivas de las comunas de esta zona”.

Por su parte, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, que lidera la agenda de 40 medidas que está impulsando el gobierno de Boric para hacer frente a la contaminación que afecta a la población de Concón, Quintero y Puchuncaví, destacó que, además del cierre de la fundición, están instalando una nueva red pública de monitoreo del aire: “Estos equipos de monitoreo están diseñados para detectar distintos contaminantes, con los que esperamos determinar efectivamente cuáles compuestos han provocado las lamentables afectaciones a la salud de las personas”.

Katta Alonso, fundadora de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, valora el cierre de la fundición, pues “es algo que veníamos peleando hace muchos años”, ya que “con eso vamos a disminuir bastante el SO2″.

La dirigenta ahora espera que “se cierren las otras termoeléctricas a carbón, de AES Andes, que ya cerró una. Hay otra que debería estar cerrada (Ventanas 2), así que nos queda un arduo trabajo para presionar”.

Consultada AES Andes por el retraso del cierre de Ventanas 2, informó que la compañía “se encuentra a la espera de que las autoridades permitan su salida una vez que entre en servicio el segundo transformador 220/110 kV – 300 MVA de la subestación Agua Santa” de Chilquinta.

Dicha compañía explicó que “debido a los resguardos que se deben tomar para asegurar el abastecimiento de la demanda en la Región de Valparaíso, el Coordinador Eléctrico Nacional ha restringido las desconexiones para la ejecución de los trabajos en la subestación Agua Santa a sólo tres horas semanales, extendiendo con ello la entrada en operación del proyecto. Se estima concluir las actividades previas a la puesta en servicio durante el mes de junio del presente año”.