El ministerio de Minería detuvo esta semana una licitación que había convocado hace dos semanas para contratar un servicio de monitoreo de prensa, denominado clipping. La suspensión obedeció a un reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, que acusa que los prestadores de ese servicio no pagan ni tienen los derechos para reproducir los artículos periodísticos que producen los medios de comunicación.

La decisión de Minería es inédita: la cartera decidió revisar la legalidad de servicios que son ampliamente contratados por diversas reparticiones públicas. Hoy existen varias licitaciones en curso. Dos ejemplos: la Armada pretende adjudicar el 13 de mayo un contrato de clipping por 12 meses y la Tesorería General de la República pretende hacer lo mismo el 2 de junio.

La ANP ha desplegado una gran ofensiva por el tema. Su secretario general, Sebastián Zárate, dice que han tratado de crear conciencia sobre el tema, en el ámbito privado y público. “En el Estado, con la idea de que logren darse cuenta de que están contratando con empresas que no han sabido respetar la ley, lo que en sí mismo hace que el sector público incurrir en faltas a la probidad administrativa. La respuesta que hemos recibido ha sido principalmente de sorpresa, desconocimiento. Ha sido parecido a lo experimentado en los años 90 con el uso de software sin licencia”, dice Zárate, quien afirma que no hay dudas sobre la interpretación de la ley de propiedad intelectual en relación a la producción periodística que las empresas de clipping revenden a terceros, sin pagar derechos por ello. “No hay un vacío en la ley. Siempre han existido estos derechos bajo una ley que es de 1970. Sin embargo, la industria del clipping ha avanzado muy rápidamente. Ya no son simples recortes, sino piezas periodísticas completas que se comparten. Y esto incluyendo medios de acceso abierto o con muro de pago”, sostiene.

Minería adujo que no existen lineamientos de parte de la Contraloría General de la República. La ANP pidió antes a la Contraloría un pronunciamiento sobre licitaciones adjudicadas, lo que hizo difícil conseguir directrices. Zárate dice que ya se han reunido con la actual contralora. “Esta vez esperamos que adopten decisiones preventivas, que tienen mayor impacto y son más fáciles de implementar. Si tan solo se exigiera que la contratación debe hacerse con empresas que demuestren respetar los derechos de autor, como se hace con la contratación de software, tendríamos un avance importante”.

Cuatro proveedores

Una revisión de la web de Mercado Público ilustra el tamaño de mercado de la venta de noticias. Cuatro proveedores de servicios de clipping sumaron montos transados con el Estado por $ 1.098 millones en 2025. En la sumatoria hubo el año pasado 175 órdenes de compra y 43 licitaciones. La cifra que paga el mundo privado -empresas, gremios, agencias de comunicaciones- es mucho mayor a las que destinan entidades públicas, revelan en la industria.

El mayor actor en 2025 fue Litoralpress Media de Información, que recibió $ 755 millones del Estado, en 136 órdenes directas y 28 licitaciones ganadas. En cinco años, Litoral suma ingresos por $ 3.500 millones desde el Estado. Es el mayor actor del mercado y su controlador es la española Simbiu, que en ese país ha firmado acuerdos con un gremio que incluye a “editoras de prensa asociadas”, según reporta su página web al exponer su política sobre el “derecho de propiedad intelectual de los contenidos”. Su director ejecutivo es Moisés Cohen y su gerente general, Eliseo Araya, quienes no respondieron preguntas para este reportaje. En 2026, Litoral mantiene su liderazgo: siete licitaciones y 24 tratos directos por $ 151 millones. En enero, por ejemplo, la municipalidad de Providencia le adjudicó un contrato por 36 meses.

Simbiu está detrás de otro operador: News Executive Channel, que facturó $ 78 millones en 2025 con el Estado, pero promedió $ 300 millones en los cuatro años previos. En el registro de Mercado Público, su propiedad aparece asociada a Luis Núñez Sepúlveda, pero actores de la industria afirman que fue absorbida por Simbiu, concentrando el mercado del clipping. De hecho, la página web local de Simbiu incluye a Litoral y NexNews. En 2026 no figura con contratos.

El segundo actor en 2025 fue Conecta Research, con $ 220 millones. Su controlador es Elías Selman, a través de Santa Eliana Inversiones, y tiene como socio, con cerca del 30%, al periodista Luis Argandoña. En 2026, Conecta no figura con tratos con el Estado.

El actor más pequeño en el mundo público es Izimedia, con $ 45 millones en Mercado Público en 2025. En 2024 fueron $ 121 millones. Su beneficiario final, según Mercado Público, es Fabio Traverso, con el 63%. Entre sus clientes está la Fiscalía Nacional Económica, que en junio de 2024 firmó un contrato hasta mediados de 2027.

El Ejército y el Congreso

La revisión de algunos contratos ilustra cómo se pacta la venta no licenciada del material periodístico.

News Channel, por ejemplo, firmó en enero de 2024 con la Biblioteca del Congreso Nacional un contrato, sin licitación, por $ 5 millones mensuales. Un documento de 18 páginas revela que News Channel debía entregar a su mandante el “servicio de transferencia de todas las imágenes/datos de medios nacionales y regionales”. La agencia de clipping prometió el material de 47 diarios regionales impresos y 10 medios de circulación nacional. Los contenidos de La Tercera debían ser cargados a las 00 horas de cada día. El contrato dice: “La transferencia debe incluir las imágenes del diario y de todos los suplementos publicados diariamente, de lunes a domingo”. Su vigencia fue por 24 meses, hasta el 28 de abril de 2026.

Otro ejemplo reciente: la comandancia en jefe del Ejército adjudicó el 31 de diciembre de 2025, y para todo 2026, el servicio de clipping a LitoralPress. Las bases de licitación de ese proceso, que tiene 44 páginas, establecen que los servicios prestados por Litoral pertenecerán al Ejército, incluidos los “derechos de propiedad industrial y/o intelectual”. Y añade otro asunto más complejo para la propia empresa de clipping, en su artículo 68: “En caso que los resultados de los servicios prestados incorporen derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, el adjudicatario estará obligado a realizar las gestiones que permitan obtener una licencia no exclusiva, perpetua y sin límite territorial”. No hay, en el contrato, nada que acredite que LitoralPress haya conseguido licencias de los medios de comunicación.

Último caso paradigmático: el Inapi, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El organismo firmó en diciembre de 2023, por dos años, un contrato con News Executive Channel por 171 UF. Inapi asignó en esa licitación el mayor puntaje al oferente que presentara contenidos del mayor número de medios de comunicación. En las 39 páginas de las bases de licitación el organismo que defiende los derechos de propiedad industrial pidió a sus oferentes acreditar que tuviesen los derechos de propiedad intelectual de los contenidos por los que el Inapi pagaría. Consultada Inapi, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.