El mensaje que envió el ahora Presidente electo durante su campaña fue que, de triunfar en las elecciones, iba a gobernar desde el primer día, por lo que tendría todo listo para comenzar a tomar medidas desde el 11 de marzo de 2026.

Una vez ganada la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre y ya rumbo directo a La Moneda, José Antonio Kast deberá demostrar que lo que prometió lo va a ejecutar.

Para efectos de ello, en “el plan desafío 90” que encabeza el economista Bernando Fontaine, se delinearon cuáles serían las prioridades del gobierno en los primeros tres meses para iniciar este proceso de modificaciones y cumplir con las expectativas de quienes votaron por el representante de la derecha y centroderecha.

En el comando de Kast aseguran que tienen “claro” que el periodo inicial de la nueva administración, e incluso el primer año, serán “complejos”, porque “los cambios no serán de un día para otro”, mientras la demanda por resultados estará sobre la mesa desde el primer día. Por lo tanto, afirman que “es necesario actuar rápido para que el país pueda comenzar a ver los cambios, ya durante el segundo semestre de 2026”.

Para lograrlo, los proyectos de ley que se ingresarán deben estar escritos, junto con las modificaciones reglamentarias, antes de asumir el 11 de marzo.

En materia económica el programa para los primeros 90 días se divide en cuatro ejes: proyectos de ley, modificaciones administrativas para impulsar la inversión, generar certeza en materia laboral y políticas de austeridad fiscal.

1) Proyectos de ley

El plan de José Antonio Kast apunta a enviar rápidamente al Congreso los proyectos de ley que tienen considerados para los primeros 3 meses. Mencionan que son proyectos cortos, de pocos artículos y que sean de fácil despacho, para darle “el sentido de urgencia” que es el sello que este nuevo gobierno que asume en marzo quiere imprimir.

El primero de ellos es el que reducirá la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes. También incluirá otra rebaja adicional, desde el 23% al 20%, en promedio, para las firmas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad. Según explican desde el comando, esto último será mediante un mecanismo de crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones. Este cuerpo legal además considera la rebaja del impuesto a las pymes, dejando una tasa fija en 12,5%.

El segundo proyecto de ley que se tiene previsto ingrese en marzo de 2026 es el que eliminará las contribuciones de manera gradual, comenzando con los adultos mayores de 65 años, para luego avanzar hacia la no existencia de contribuciones de primera vivienda, pero al ritmo que lo permitan las finanzas públicas.

Esta medida tiene ciertos bordes para su aplicación. Lo primero es que la eliminación de las contribuciones será para propiedades con destino habitacional, que correspondan a la primera vivienda de los propietarios. Así, no será aplicable a propiedades habitacionales que estén dadas en arriendo, ni tampoco a propiedades con uso comercial. Desde el comando explican que esto se debe a que se busca reconocer el esfuerzo de las familias que accedieron a la casa propia, y que no sigan pagándole un arriendo al Estado por vivir en su casa.

El plazo que se maneja internamente es que el proyecto sea ley en el primer semestre, para que ya los adultos mayores estén exentos del pago de las cuotas del segundo semestre.

En el comando esperan contar con el apoyo del Parlamento para impulsar esta propuesta que va en directo beneficio de la clase media y adultos mayores que, aunque con pocos ingresos, deben seguir pagando por una vivienda que fue adquirida con esfuerzo y habiendo pagado impuestos previos.

El tercer proyecto es uno que abarcará la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil y que establece nuevamente la plena integración del sistema tributario.

Una cuarta iniciativa apunta a la implementación de un nuevo estatuto de inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas locales y extranjeros que se acojan a él y realicen inversiones grandes, especialmente las que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano a Chile.

2) Aceleración de permisos vía decretos

Este eje consta de cambios regulatorios, principalmente modificaciones administrativas de reglamentos y guías medioambientales de la Dirección de Aguas, de monumentos nacionales, normas del mercado de capitales y circulares del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Se busca agilizar y hacer más simple las regulaciones existentes”, afirman desde el comando. A lo que se refieren es a que se derogarán, modificarán y se dictarán nuevas guías e instructivos para dar “certeza jurídica a todos los actores del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) , siempre con pleno respeto al medio ambiente, desarrollo social y económico, para que Chile alcance el desarrollo sostenible anhelado”.

En este capítulo se enfatiza que se eliminarán las regulaciones innecesarias y se “aplicarán en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes, y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión. Solucionaremos las trabas u obstáculos regulatorios administrativos que existen a nivel local, así como los tiempos de tramitación, de los proyectos de inversión”.

También dentro de los cambios administrativos está el reforzar técnicamente la toma de decisiones de las regiones “por medio de una fuerza de acción inmediata, que pueda procesar fluidamente el incremento de inversión que prevemos se generará con el mayor dinamismo económico”.

En este ítem además se incluirán cambios normativos que buscan mejorar el uso del suelo para hacer más viable el acceso a las viviendas.

3) Laboral: cambios vía decretos en la DT

En lo laboral, lo que se buscará realizar durante los primeros 90 días es modificar vía decretos algunas funciones de la Dirección del Trabajo (DT), para evitar que sea un colegislador interpretando las leyes. Por eso, se subraya que “trabajaremos en la simplificación y claridad de las normas laborales, para que empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse”.

Por lo mismo, en el comando mencionan que se revisará y se propondrán perfeccionamientos a los procedimientos ante los Juzgados del Trabajo y los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, en coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de agilizar los procesos, disminuir la carga del sistema y evitar el conflicto innecesario.

Sostienen que “la legislación y la normativa laboral deben ser claras, precisas y estables para que su aplicación no quede sujeta a interpretaciones ambiguas o antojadizas por parte de la autoridad administrativa”. Y ahí se mencionan como ejemplos que “la interpretación de la ley de 40 horas genera incertidumbre, afecta la confianza de los actores económicos y debilita el cumplimiento efectivo de los derechos laborales”.

Dentro de este plan también se tiene previsto la digitalización completa de los procesos del Ministerio del Trabajo, comenzando por la Dirección del Trabajo. “Eliminaremos duplicidades, reduciremos plazos y coordinaremos a los distintos servicios públicos laborales y de seguridad social para que actúen en red, no como compartimentos. Rediseñaremos, asimismo, los subsidios a la capacitación”.

4) Austeridad fiscal

El cuarto eje se relaciona con las medidas de austeridad fiscal y el recorte de los US$6.000 millones prometidos en 18 meses. Para comenzar, en el comando afirman que lo primero que se hará es emitir instructivos para que los ministerios y reparticiones públicas comiencen a reducir gasto, principalmente político y a la vez habrá medidas para eficientar el uso de los recursos públicos. Eso, aseguran, “comenzará desde el primer día”.

En esta línea, se promete fortalecer el control presupuestario de la Dirección de Presupuestos y “se apoyarán medidas de índole legislativa y de gestión para facilitar la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, en orden a otorgarle acceso eficaz a las cuentas corrientes municipales, el control ex-ante de normativa municipal y compras relevantes”, relatan en el comando.

También habrá despidos de lo que llaman “operadores políticos”, para luego avanzar en cambios legislativos en el empleo público. Lo que se buscará es fomentar “la promoción de la carrera funcionaria en el mérito, limitando la contratación de funcionarios de confianza de la autoridad de turno y permitiendo la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del Estado en base a mérito y resultados”.