“Está en riesgo la sostenibilidad del sistema privado de salud en Chile”: las alertas que levantaron las isapres ante la Suprema por alza de sus planes

Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago, sede de la Corte Suprema.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Las seis isapres abiertas del país, Colmena, Cruz Blanca, Consalud, Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida, expusieron ante la Tercera Sala de la Corte Suprema los riesgos de impedir el reajuste de planes aplicado en meses recientes y que han sido cuestionadas a través de recursos de protección. “Tenemos un riesgo sistémico, las isapres están al límite (…) Si las isapres quiebran, a continuación van a quebrar también las clínicas”, sostuvo el abogado de Vida Tres.




Las isapres no pasan por un buen momento y así lo han venido alertando en el último tiempo. Pero en los días recientes han subido el tono, y este miércoles eso fue lo que ocurrió en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en los alegatos que protagonizaron los abogados que representan a cada una de las seis isapres abiertas.

Todo ello de cara al decisivo fallo que tendrá que dictar el máximo tribunal por los recursos de protección que han interpuesto miles de afiliados para intentar frenar la última alza de planes de salud que anunciaron las isapres.

“En alguna ocasión alguien dijo en la prensa, y me imagino que con un tono un poco de sorna, que las argumentaciones de las isapres parecían las argumentaciones de Pedrito y el lobo (...) Es simplemente por graficar con una metáfora conocida. Si esa era la idea, estamos en presencia del lobo. Ya llegó el problema, los números demuestran que el problema está y que si no se resuelve, lo que está en riesgo es la sostenibilidad del sistema”, comentó en la instancia el abogado Germán Concha, socio de Concha Zavala, en representación de Banmédica.

“Sin este proceso de ajuste es muy probable que se afecte la operación del sistema, y con los efectos que puede producir en sus beneficiarios, la inviabilidad y posible insolvencia de las isapres, es algo que se aprecia hoy más que antes en el horizonte, de hecho, publicaciones recientes dan cuenta que hay una deuda acumulada con los prestadores que está llegando a los US$350 millones. A su vez, la voluntad del legislador era regular precios, fijar límites razonables y poner fin a una judicialización que en definitiva afecta al sistema”, detalló el abogado Eduardo Cordero, profesor de derecho administrativo en la Universidad Católica y socio del estudio Guerrero Olivos, quien acudió en representación de Colmena.

Pero antes de los alegatos de las isapres habló el abogado Tomás Aravena, en representación de algunos afiliados, quien pidió que se acoja el recurso de protección, argumentando, entre otras cosas, que el solo hecho de que se establezca que las isapres pueden subir los planes no significa que tengan que hacerlo. “La adecuación del precio base de los planes de salud de las isapres es una cuestión facultativa, depende de una decisión de las propias instituciones (…) La sola dictación del indicador mencionado en el artículo 198 no implica que las isapres tengan que subir sus precios base, lo que se encuentra justificado entonces para todos los efectos legales es el indicador propiamente tal, no otra cosa”. Aravena también argumentó que los planes de las isapres ya se reajustan por inflación al estar denominados en UF. Los abogados en defensa de las isapres refutaron lo anterior, diciendo que el costo de salud sube más que la inflación, como lo muestra el IPC de la salud.

Los argumentos

Estos son los primeros alegatos que realizan las isapres en la Suprema por el alza de planes de salud, a raíz de los recursos de protección que han escalado desde las Cortes de Apelaciones del país, donde hay algunos favorables para la industria y otros desfavorables.

Lo que argumentaron todos los abogados este miércoles es que en realidad este proceso de adecuación de precios es totalmente distinto de los anteriores, ya que, explicaron, después de dos años en que las isapres congelaron los precios de los planes de salud durante la pandemia, el Congreso aprobó de forma unánime la Ley 21.350, la cual establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el máximo que las isapres podrán subir los precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras.

“La Superintendencia de Salud estableció un indicador de costos de salud de 7,6%, el que de acuerdo a la ley debe entenderse justificado para todos los efectos legales, por lo que no puede existir ilegalidad ni arbitrariedad al haberlo aplicado por mi representada. Isapre Colmena cumplió con todos los requisitos de comunicación y publicidad establecidos en la normativa legal y reglamentaria, y en conclusión, es necesario adecuar los precios base de los planes de salud en un 7,6% para dar sustentabilidad a la isapre y mantener los beneficios que han elegido los más de 650 mil asegurados beneficiarios que actualmente mantiene”, argumentó Cordero.

El abogado Julio Pellegrini, socio de Pellegrini & Rencoret, en representación de Cruz Blanca, argumentó que “la posición de la contraria transforma en letra muerta la esperada reforma legal introducida por la ley 21.350 (...) Luego de casi 20 años de una judicialización excesiva en el sistema privado, el año 2021 se publicó una ley que buscó entregar la urgente solución legislativa que tantas veces fue solicitada por muchas autoridades (...) No cabe duda que la reforma era urgente, y esta excelentísima sala lo sabe mejor que todos los que estamos hoy acá: los tribunales superiores conocieron cerca de 150 mil causas al año, con una tasa de incremento del 30% anual, y se generaban pagos por costas por cerca de $40 mil millones”.

Por su parte, Marco Rosso, fundador de Rosso Abogados, argumentó, en representación de Consalud, que, entendiendo que el espíritu del legislador al establecer esta ley era que efectivamente las isapres pudieran alzar sus planes de salud luego de dos años de congelamiento (2020 y 2021), “en ese contexto, en esa confianza legítima en la autoridad y en el legislador, es que isapre Consalud ha venido, a través de sus accionistas, efectuando innumerables aumentos de capital para superar la situación financiera que enfrenta, asegurando así no solo la subsistencia de la empresa, sino que la fuente de trabajo de más de 2.100 personas, y el otorgamiento de las prestaciones de salud para más de 680 mil beneficiarios”.

Rosso agregó: “Solo para que se hagan una idea, entre el año 2010 y el año 2020, isapre Consalud tuvo utilidades por $81.700 millones. Solo en el año 2021, las pérdidas de isapre Consalud fueron $78.900 millones. Vale decir: en un solo año ocurrieron las pérdidas que equivalen a prácticamente lo ganado en once años, lo que obligó (...) a que el año 2021 Isapre Consalud tuvo que hacer aumentos de capital por $90 mil millones para poder seguir cumpliendo con su rol legal, y en lo que va de este año a mayo, debió llevar a cabo aumentos de capital por $26 mil millones adicionales, teniendo en cuenta, además, que al primer trimestre de este año isapre Consalud experimentó pérdidas por $11.700 millones”.

En tanto, Concha, abogado de Banmédica, afirmó que “la sostenibilidad financiera de mi representada está en riesgo, y eso es precisamente lo que este proyecto de ley quiere evitar, lo que se quiso cuadrar es: compatibilizando el respeto al derecho de la protección de la salud, y el funcionamiento de instituciones privadas que tienen que operar en ese ámbito conforme a un marco que está definido por el regulador, proteger a los usuarios de alzas que pudieran ser arbitrarias o desproporcionadas, y asegurar que esas alzas estuvieran regidas y controladas efectivamente por la autoridad y a partir de parámetros técnicos y objetivos, pero garantizar la sostenibilidad del sistema. Es eso lo que está en riesgo hoy día, por lo tanto, lo que tenemos en estos recursos de protección no es solo un precedente jurídico de la mayor relevancia, es además la decisión sobre la sostenibilidad del sistema privado de salud en Chile”.

Cordero, por Colmena, apuntó en la misma línea: “Lo que está en juego no es solamente una situación particular de quienes han recurrido de protección en estas causas, sino que es la viabilidad del sistema, que debe enfrentar nuevamente un proceso de judicialización que podría impedir ajustar el precio de los planes a los costos crecientes de salud”.

El abogado Francisco Fuentes, en representación de Nueva Masvida, también dijo que “el espíritu de la normativa precisamente era evitar la existencia de estos recursos (...) La ley 21.350 tiene por nombre, o se denomina, o tiene por título: ´Regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud´”. Por tanto, enfatizó que “el alza se encuentra plenamente justificada”.

Además, señaló que “el 7,6% no alcanza a cubrir todo, pero sí es un indicador, que por supuesto, podría servir para la sustentabilidad de la isapre como empresa. Y esto también es de público conocimiento, hasta ha sido reportado en los diarios de las últimas semanas: todas las isapres se encuentran en un delicado momento comercial y, por lo tanto, hay que darle también una solución a esa situación”.

Es más, Fuentes dijo que Nueva Masvida “informó a todos sus afiliados que ha sido la única isapre de las abiertas que en el periodo de la última década, es decir, desde el año 2012, nunca ha ajustado su precio base de los planes de salud. No lo hizo por diversos motivos, ni siquiera lo hizo cuando Nueva Masvida adquirió la cartera de afiliados de la exMasvida”.

El abogado Florencio Bernales, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, explicó que su representada, Vida Tres, lleva siete años sin hacer un reajuste: el último fue para el periodo 2014-2015. Recordó el explosivo aumento que han registrado las licencias médicas, entre otras alzas de costos que han tenido las isapres. “Acá esta en juego la viabilidad del sistema”, dijo. “Tenemos un riesgo sistémico, las isapres están al límite (…) Si las isapres quiebran, a continuación van a quebrar también las clínicas”, comentó.

Esto, porque indicó que las clínicas “se financian fundamentalmente con el flujo de las isapres”. Y argumentó que también implicaría que los beneficiarios que hoy están en isapres terminarían finalmente en el sistema público de salud, lo que a su vez significa que “colapsará no solo el sistema de salud privado, sino también el sistema de salud público (...) Es necesario corregir esta situación, es necesario para la subsistencia del sistema que estos recursos no sean acogidos”, finalizó.

El representante de Banmédica, Germán Concha, también se refirió a un oficio de la Superintendencia de Salud que muestra la siniestralidad del sistema. “Para efectos del cálculo de un seguro, es el costo partido por los ingresos. En términos muy simples, cuánto costaron los siniestros partido por cuánto ingresó: se dice que ha pasado de un 86,8% el año 2018 a un 96,9% el año 2021, uno podría decir: es grave, eso significa que de cada $100, en promedio el año 2018 casi $87 se gastaban en prestaciones de salud, y en 2021 se gastaron casi $97. Sí, el problema no es solo ese, el problema es que (...) cualquier contrato de seguro, para funcionar, tiene que estar en una siniestralidad entre 65% y 70%, porque sino pone en riesgo su viabilidad financiera. Bueno, tenemos tres años en que hemos pasado desde el 86,8% al 96,9%. Esa sola cifra, sola, sin mirar ningún dato más, justifica que hay que hacer un ajuste”.

Las isapres en general argumentaron que incluso el techo de 7,6% que fijó el regulador era insuficiente para cubrir sus costos. Pellegrini, por ejemplo, dijo que “Cruz Blanca sufrió una variación comprobada y efectiva en los costos asociados a sus planes de salud (...) Luego de dos años de precios congelados, Cruz Blanca experimentó un alza al menos superior al 8%”.

En esa línea el abogado señaló que el alza real de costos entre 2019 y 2021 habría sido de 8,7%, según estimó la empresa, pero además Cruz Blanca hizo un segundo cálculo aplicando la misma metodología de la Superintendencia, y arrojó un alza superior al 11%. Pellegrini agregó que la isapre adicionalmente encargó un informe a un tercero independiente, Deloitte, donde se estimó que su variación de costos era de al menos 8,6%, bastante similar al cálculo interno, y 9,2% usando la metodología de la Superintendencia.

“El sistema legal de ajuste está siendo desafiado por procedimientos que no solo desconocen los elementos que la propia ley atiende, sino que además pretenden resolver la situación a partir del mismo mecanismo que existía antes de la reforma, es decir, la judicialización”, concluyó Pellegrini.

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