Las posturas están claras. Por un lado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantó alertas por un posible incumplimiento de la meta fiscal que el gobierno se autoimpuso de un déficit del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) 2026. En su argumentación señalan que en su Informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda publicado este lunes, el organismo técnico advierte que “el cumplimiento de la meta de Balance Estructural (BE) para 2026 requiere que se materialicen las medidas de ajuste de gasto aún pendientes”.

En específico, indicaron que es “importante que la implementación de las medidas adicionales permita absorber eventuales presiones de gasto que puedan surgir durante el segundo semestre, de forma de resguardar el cumplimiento de la meta de BE para 2026 y la credibilidad de la regla fiscal”.

Mientras que desde el gobierno afirman que esa meta se cumplirá manteniendo a firme como punto de llegada un -2,6% del PIB para este 2026.

Si bien el Consejo valora el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en la primera etapa del ajuste fiscal propuesto, “advierte que la segunda etapa de dicho plan, necesaria para cumplir la meta del 2026, se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento”.

Entre los economistas que siguen de cerca los temas fiscales no hay una sola postura, pero la mayoría de los consultados ve que existen serios riesgos que llevarían a que no se cumpla esta meta fijada en el decreto de política fiscal.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, quien tiene serias dudas de que eso se vaya a cumplir. “El gobierno cuando ingresó hizo una cierta proyección de ajuste de gasto que contemplaba una primera parte de US$3.000 millones y otro ajuste posterior. Yo diría que del ajuste inicial de los tres mil millones de dólares fue solamente parcial”.

Otro factor que Rojas dice que juega en contra de que se cumpla esta meta es que los ingresos fiscales proyectados se hicieron con un crecimiento de la actividad que ya no se cumplirá. “El supuesto en materia de crecimiento del PIB no se va a cumplir. La economía va a crecer bastante menos que eso y significa que los ingresos que fueron calculados serán menores, por lo tanto, es un elemento que también hay que considerar”.

Si bien Rojas enfatiza que el precio del cobre es mayor al estimado en el presupuesto, lo que generará ingresos adicionales, “pero sumando y restando es bastante probable que lo que afirmó el Consejo Fiscal Autónomo se materialice a menos que el gobierno haga un ajuste mucho más fuerte en materia de gasto en lo que queda este año, escenario que se ve relativamente poco probable”. De esta manera, el experto espera un balance fiscal estructural del orden de -2,8% del PIB.

Visión similar tiene la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García, quien sostiene que “si uno hace una mirada más detallada a los ingresos y gastos acumulados a junio y los compara con la proyección del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, se da cuenta de que los ingresos van más lento que la ejecución histórica y los gastos van más rápido. De mantener la tendencia histórica, está el riesgo de terminar el año con un déficit estructural mayor al comprometido”.

En ese sentido, añade que “si a lo anterior sumamos sorpresas de mayores gastos que eventualmente podrían aparecer, aumentan las presiones para desviarse de la meta. Solo considerando la dinámica histórica de ingresos y gastos el déficit estructural podría acercarse a 3% del PIB”.

No obstante García plantea que hay más elementos que se deben considerar y que pueden cambiar esa tendencia: Lo primero que plantea es que “hay ajustes de gastos anunciados que falta materializar. También falta incorporar en el escenario central el informe financiero del proyecto de reconstrucción que fue efectivamente aprobado. Y finalmente, hay mayores ingresos por cobre, los cuales por regla de balance estructural deben ahorrarse. De mantenerse el precio visto en los últimos días el promedio del año podría ubicarse cerca de US$6,2, lo que aportaría en torno a 0,2-0,3 puntos del PIB adicionales al balance estructural”.

Por todo aquello, la economista puntualiza que “hay bastante incertidumbre en el escenario fiscal para el año, la cual debiera eliminarse con la presentación del próximo IFP, ya que debiera contener toda esta información”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP indica que “hoy el escenario es más incierto, porque no es evidente dónde se realizará el ajuste por vía administrativa, dado que los proyectos de ley asociados para reducir gasto no hacen parte de la agenda”. Dicho eso, menciona que “para cumplir con la trayectoria esperada de gasto público, este debe caer 3,5% este segundo semestre”.

Carolina Grünwald, subgerente de Estudios y economista jefa de Prudential AGF, plantea que “suscribe la alerta del CFA en el sentido de que la meta establecida es exigente y deben ajustarse aún bastante los gastos y recuperar ingresos. Ahora bien, hasta el momento se ha visto -por ejemplo, en el caso del cobro de deudas CAE o en la liquidación de activos del Estado- un trabajo dirigido hacia recuperar dineros, pero falta camino por recorrer”.

La exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, entrega una postura intermedia. En su argumentación sostiene que “existen riesgos que deben monitorearse, pero hoy estamos en una situación distinta a la de los últimos años, porque la brecha fue reconocida anticipadamente y Hacienda ha ido adoptando medidas concretas para contener el gasto”.

Resalta que el CFA “también valora el esfuerzo de consolidación ya realizado. Su principal advertencia es que todavía debe materializarse completamente la segunda etapa del ajuste y que es necesario tener mayor detalle”.

Ahora bien, quien sí tiene una postura contraria al resto de sus antecesores y se alinea con el gobierno es el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo: “Hoy día, a diferencia del año pasado, la probabilidad que se cumpla la meta es bastante alta. Puede haber una desviación de 0,1 para arriba o para abajo, pero ese es el rango de cumplimiento que veo”.

Acevedo criticó el argumento entregado por el CFA: “El hecho de que, según entiendo, el CFA haya observado que no se cumplirá la meta, porque los gastos no están decretados, o sea, los ajustes de gasto algunos no están rebajados, eso para mí es simplemente desconocer cómo opera la Dipres, porque eso tiene distintos tiempos, pero si ya lo han identificado, es cosa solamente de tiempo que se ejecute”.

Deuda más cerca de 43% del PIB

La última proyección que tiene Hacienda para la deuda pública es de 42,7% del PIB. Sin embargo, esa previsión está hecha con un crecimiento de la actividad de 1,8%. Todo indica que esa previsión no se cumplirá, sino que más bien la actividad estará en torno a 1%. De ser así, la deuda pública finalizará este año en 43% del PIB.

Maximiliano Acevedo, excoordinador macroeconómico de la Dipres y economista de Rumbo Colectivo (centro de estudios ligado al Frente Amplio) plantea que “considerando el tipo de cambio y la composición del stock de deuda proyectado en el IFP2T, si sensibilizamos por crecimiento de PIB observamos que podría llegar a 43,0%”.

Para García, “si suponemos que el nivel de deuda del último IFP se mantiene y solo se reduce el PIB, la razón deuda a PIB aumentaría desde 42,7 a 43%. Sin embargo, el mayor precio del cobre impacta en sentido contrario, ya que aumenta el PIB nominal. Por tanto, es posible que la razón deuda a PIB finalmente no sea muy distinta a la estimada dado un menor crecimiento”.

Otra visión entrega Ortiz, quien sostiene que “estimamos un impacto al alza de la deuda bruta por este canal en 0,3% del PIB”.

Si bien dice que “el repunte del precio del cobre podría llevar a que el precio promedio en el año sea de US$ 6 la libra, cifra superior a la estimación en el IFP del II trimestre de US$5,9 la libra, lo cual permitiría un ajuste al alza de las proyecciones de ingresos del sector minero, en torno a 0,1% del PIB. Por lo tanto, el impulso al alza del precio del cobre podría compensar parcialmente el impacto negativo y con ello, el nivel de deuda bruta se ubicaría en torno al 42,9% del PIB”.