“En eso el gobierno es hábil”, concedió la senadora PS Paulina Vodanovic, a mediados de septiembre, en Madrid, en un panel en el ChileDay en el que debatió con la senadora RN Paulina Núñez. La presidenta del PS recordó que la megarreforma –cuyo corazón era la baja del impuesto a las empresas y la invariabilidad tributaria- se llamó Ley para la Reconstrucción Nacional. “Evidentemente, nadie podría estar en contra de la reconstrucción, pero todo el resto de los temas que iban insertos ahí eran bastante controversiales”, dijo la senadora. La habilidad del gobierno, insinuó Vodanovic, radicaba en los nombres y lo decía a propósito de otro proyecto, la reforma al mercado de capitales, conocida en el mundo financiero como MK4. Al Congreso, las más de 200 páginas del proyecto llegaron con este título: Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia. En Madrid, la senadora Núñez también habló de aquello y dijo que el relato era importante. “Hace unos días estábamos discutiendo con el ministro (de Hacienda) si le poníamos Mercado de Capitales o le poníamos Chile Propietario”.

La decisión de un nombre no es baladí. Parece anecdótica, pero esconde más que eso. “Las discusiones legislativas son también discusiones identitarias. Es una disputa gramsciana por la hegemonía”, sintetiza Carlos Correa, ex subdirector de la Secretaría de Comunicación, Secom, de Michelle Bachelet. Los nombres, agrega el ex director de Secom en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Christián Rendic, son “relevantes, pero no determinantes. Tener un nombre de fácil recordación y que se explique solo, como PGU o Ley Antiportonazo, ayuda a ordenar las comunicaciones, estableciendo un marco claro”. Permite ordenar las vocerías y obliga al adversario a jugar en tu cancha, agrega Rendic, pero no un nombre rimbombante o potente desde el marketing “no asegura el éxito de una política pública que, por ejemplo, elimine beneficios sociales y por tanto tenga una alta resistencia ciudadana, o contenga elementos que no convencen ni siquiera a tu propia coalición”.

Los especialistas recurren a la misma palabra en inglés. “Los nombres importan más de lo que parece, y para explicarlo conviene partir por la idea de frame (marco)”, comienza Pablo Halpern, jefe de la Secom con Eduardo Frei. El frame, prosigue, define, “sin decirlo explícitamente, cuál es el problema, quién es el responsable, qué valor está en juego y qué solución parece razonable. Y se instala con muy poco, a veces con una sola palabra (…) El nombre de una reforma no es menor, sino la primera oportunidad, y a veces la única, de fijar el marco antes de que empiece la discusión de fondo”.

La ex jefa de comunicaciones del Presidente Gabriel Boric, Tatiana Klima, dice que ese “encuadre” determina qué preguntas parecen razonables y cuáles no. “Quien pone el nombre define cómo se entiende el problema y eso ordena el debate que viene después”, afirma.

“Pero esto pasa en todas partes del mundo”, complementa un ex alto funcionario piñerista. Ejemplos sobran: Javier Milei en Argentina inició su gobierno con un amplio, variado y profundo paquete de reformas -motejada como Ley Omnibus, en alusión a un transporte colectivo que traslada muchos pasajeros a la vez- al que nombró con el pomposo apelativo de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Un economista chileno recuerda cómo Joe Biden en 2022 denominó Inflation Reduction Act a una ley que tenía poco que ver con la inflación y mucho con cómo combatir el cambio climático. “Eligió el frame más conveniente, el costo de la vida, y no el más fiel a una ley”, dice Halpern sobre ese episodio.

Y todos citan al Obamacare, la reforma a la salud de Barack Obama que fue bautizada así por sus críticos, pero que el entonces Presidente de Estados Unidos decidió adoptar como nombre oficial. Y al mismísimo Donald Trump, que lanzó al iniciar su segundo mandato la One Big Beautiful Bill Act, que reordenaba el gasto fiscal y reducía impuestos, y luego, al decretar el Liberation Day al subir los aranceles a casi todo el mundo por decreto, usando una antigua ley.

Halpern agrega que quien logra imponer la etiqueta gana buena parte de la discusión, pero tampoco que solo una etiqueta salva un mal proyecto, al recordar como en Colombia en 2021 un nombre como Ley de Solidaridad Sostenible, un propósito que podría garantizar unanimidad, no evitó las protestas ni el retiro de la reforma.

Reformas tributarias

Las administraciones de Gabriel Boric, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera emprendieron reformas tributarias y los títulos oficiales de cada una tenían cargas distintas.

La reforma que en julio de 2022 presentó Boric y que firmó su ministro Mario Marcel, proponía algo a tono con el momento político: faltaban dos meses antes para el plebiscito constitucional de ese año. El proyecto prometía una Reforma Tributaria Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social. Pero tampoco fructificó: en marzo de 2023 se rechazó la idea de legislar y Marcel optó por un nuevo proyecto, que se presentó en enero de 2024, pero con un nombre que ya no contenía en su título la promesa de la justicia social. “Donde el nombre pesa es en la conversación pública y en el costo de oponerse. En la aritmética del Congreso, pesa mucho menos: la reforma tributaria de Boric tenía un nombre cuidadísimo y fue rechazada en general en la Cámara”, recuerda Klima.

Más neutros fueron los títulos de las anteriores reformas tributarias: en 2018 Piñera presentó un proyecto que Moderniza la Legislación Tributaria. Su ministerio de Hacienda intentó que se hablara de modernización, despolarizando el debate, y no de reforma tributaria, pero perdió la batalla. Siempre fue una reforma tributaria.

Antes, en 2014, Bachelet firmó su reforma: Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario. Era un título desabrido, neutro. La comunicación empleó otro camino: “No creamos todo lo que nos dicen, porque quienes atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre”, decía un polémico video oficial del gobierno que defendía la propuesta y que casi le costó el puesto a Carlos Correa en la Secom, una batalla en la que la Contraloría concluyó que la campaña se atenía a las normas, aunque cuestionó el lenguaje.

La actual cartera de Hacienda hizo esfuerzos porque en su primera gran reforma estructural se empleara su nombre oficial: Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, pero fue más conocida como megarreforma o ley miscelánea. “El nombre oficial de un mensaje presidencial es larguísimo y nadie lo usa; lo que circula es ‘megarreforma’, ‘Ley Bases’ o ‘Ley Karin’. Ahí empieza una competencia entre el gobierno, la oposición y la prensa, y gana la que más se repite”, opina Halpern.

AUC, PGU, STOP y otras siglas

Un ex funcionario de las administraciones piñeristas recuerda que los nombres de los proyectos de ley los coloca, por lo general, el ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres, pero que en las iniciativas emblemáticas de un gobierno hay consultas y debates en los que se involucran la Secom, los ministerios sectoriales o el mismísimo Presidente de la República.

El nombre del mensaje oficial que acompaña cada proyecto queda para la historia de la ley. Es la razón social de cada proyecto. Pero en la difusión pública entran al juego los “nombres de fantasía”. Una autoridad recuerda que Piñera era hábil para el uso de siglas: en su primer gobierno lanzó el GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación), lo que un testigo atribuye al entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín; más tarde lanzó el proyecto STOP (Sistema Táctico de Operación Policial) o el exitoso y pandémico IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También se empleaban los focus group. “No es puro estómago”, dice alguien que participó en esas definiciones. Piñera incluso se involucraba en las campañas de marketing, recuerda un exasesor.

En 2011, Piñera presentó el proyecto Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), como la había difundido en su campaña presidencial, para regular, dice el mensaje de ese proyecto, la convivencia de cerca de 2 millones de personas solteras. Una moción parlamentaria previa, del senador Andrés Allamand, lo llamaba Acuerdo de Vida en Común (AVC) y su partido, RN, pujó por usar esa sigla. Pero la tramitación de ese proyecto terminó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que lo promulgó en abril de 2015 y para entonces, el AVP había sido reemplazado por el definitivo Acuerdo de Unión Civil (AUC). “El Parlamento, cuando hay mayoría opositora, suele intentar torcerle la mano al Presidente en ejercicio para disputarle la marca”, dice un ex funcionario de Secom que recuerda ese episodio.

Tras el estallido social de 2019, el segundo gobierno de Sebastián Piñera impulsó una serie de reformas sociales. Una de las más significativas fue, casi al cierre, la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Así se titulaba el proyecto de ley ingresado en septiembre de 2021, pero que en esa fecha aún no proponía el reemplazo. Fueron las indicaciones del Ejecutivo de diciembre de ese año las que cambiaron las siglas. “La Pensión Garantizada Universal va a reemplazar los beneficios del actual Pilar Solidario de vejez, tanto la Pensión Básica Solidaria, como el Aporte Previsional Solidario”, decía ese set de indicaciones. Y con ello se acabaron la PBS y el APS, creados en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y nació la PGU, una sigla asociada a Piñera. “Fue un golazo de último minuto”, admite Carlos Correa. El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, recuerda en su reciente libro, La Montaña Rusa, que la creación de la PGU, que nació sin financiamiento permanente asegurado, dice, se convirtió en un gran triunfo para el Ejecutivo. “Con un golpe de audacia, cuando su gobierno parecía acabado, el presidente Piñera lograba imponer su marca sobre lo que hasta entonces era el mayor legado del primer gobierno de la presidenta Bachelet, le quitaba a la oposición una de las medidas más llamativas de su programa y podía reclamar para sí una gran reforma previsional”, escribió Marcel.

Otro ex Secom recuerda otra derrota, más reciente, de la izquierda. Durante el gobierno de Boric se presentó, en abril de 2022, una moción parlamentaria que se promulgó finalmente un año después y que ocasionó una crujidera en la coalición gobernante. La Ley para Fortalecer y Proteger el Ejercicio de la Función Policial y de Gendarmería de Chile fue conocida en realidad como Ley Naim-Retamal, en homenaje a dos carabineros, Eugenio Naim y Carlos Retamal, muertos en servicio. “En Chile tenemos una particularidad: el nombre oficial del proyecto casi nunca sobrevive. Lo que queda en la memoria es otra cosa”, dice Tatiana Klima, quien agrega que a veces prevalece una sigla que se convierte en palabra, como el AUGE, o un apodo concreto, como las 40 horas, o el nombre de una víctima, como las leyes Zamudio, Ricarte Soto, Emilia o Karin. “Esas leyes las bautizan las familias, los parlamentarios y la prensa, y tienen una fuerza enorme porque ponen una cara”, agrega.

El uso de las eslóganes, una escuela ejercitada en la campaña de Kast, es una técnica que el gobierno ha intentado resucitar: el traslado de presos a la cárcel de Talca fue promocionado como Operación Cancerbero y este lunes, el Presidente lanzó un plan con otro nombre cercano al marketing: Chile Despega con más Pega.

El nombre ideal

Juan Carvajal, quien trabajó en varios gobiernos de la centroizquierda, dice que “el nombre de las leyes siempre se ha transformado en una disputa entre la parte técnica y política de los gobiernos”. Segpres, agrega, suele proponer nombres extensos, con una visión legalista, fiel al contenido de los proyectos, algo que luego los equipos comunicacionales deben decodificar. “Un nombre que venda”, resume. En los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, los ministerios solían entregar los elementos técnicos a la Secom: a veces incluían el nombre; otras veces, pedían sugerencias, dice un ex Secom. “Lo importante me parece es no poner la carreta delante de los bueyes. Un buen nombre de proyecto de ley o política pública, además de generar conversación e impacto, debe responder a lo que se propone concretamente y a las capacidades para ejecutar, pues si lo comunicacional va más allá de lo que dice el proyecto, se mete bulla hoy, pero se compra un serio problema de credibilidad para mañana”, responde Pablo Paredes, jefe de la Secom del gobierno de Gabriel Boric.

En el decálogo de un buen nombre hay coincidencias. Que sea corto, que quepa en un titular. “Que sea breve y fácil de recordar, ya sea un nombre o un acrónimo”, dice Christián Rendic. Apuntar a un objetivo y no a una lista de materias; que tenga en el centro al beneficio más que el instrumento. “La gente entiende ‘casa propia’ antes que ‘mercado de capitales’”, ejemplifica Klima, por la última reforma de Hacienda. Debe ser creíble, con una promesa que no sea fantasiosa, y verosímil, que coincida con el relato general de un gobierno. Y anticipar al adversario. “Si el nombre se presta para la burla, la oposición lo va a usar”, analiza Halpern. Ocurrió con la ley de reajuste del sector público de fines de 2025, con Boric: exitosamente, la oposición la motejó como “Ley de Amarre”.

Carlos Correa resume así los atributos de un buen nombre: “La discusión de una ley no es solo la técnica legislativa, sino también es una pelea por los sentidos y, por tanto, debe capturar atención pública. Su nombre debe reflejar un anhelo, un deseo popular, un acto de justicia. Eso permite una mejor aceptación en la opinión pública y un mayor incentivo a su tramitación exitosa”.

“Por cierto que hay disputa política, porque el que bautiza está no solo definiendo el problema sino planteando las soluciones. ‘Bautizar’ un proyecto asociándolo a causas que son respaldadas transversalmente elevan mucho el costo a quienes quieran oponerse a ellas (Ley Emilia, Ley Ricarte Soto) y facilitan su tramitación y aprobación, y viceversa: si te asocian una iniciativa a un ‘villano’, se hace más costoso para ti”, opina Rendic.

“Y la disputa sigue después del bautizo. La oposición propone su propio nombre, la prensa elige cuál usar, el Congreso muchas veces le cambia el título a la ley final”, agrega Tatiana Klima. “Los gobiernos bautizan los proyectos, pero el nombre que perdura lo termina eligiendo la gente”, concluye la periodista.P