El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 18 de agosto la audiencia de formalización de Hugo Núñez Miranda, exsuperintendente de Seguridad Vial y Emergencias de Anglo American, quien es investigado por su presunta participación en el delito de estafa. Según la presentación de la fiscal Carmen Gloria Vergara, de la Fiscalía Adjunta de Las Condes, los hechos habrían ocurrido entre el 18 de agosto de 2022 y el 4 de noviembre de 2024.

La acusación interpuesta el 7 de enero de 2025 sostiene que Núñez lideró un esquema fraudulento que provocó un perjuicio patrimonial de $1.353 millones.

La acción penal patrocinada por el abogado Cristián Muga, socio del estudio Puga Ortiz Abogados, en representación de Anglo American Sur, denunció que el exfuncionario de la compañía habría aprovechado su cargo para beneficiar de forma irregular a la sociedad Ingeniería SIGCT SpA, ligada a él, a través de la emisión de 46 Solicitudes de Pedido por Emergencia (conocidas como SOLPED), que permitieron el desembolso de $1.168 millones a esa empresa. Esto, pese a que la firma nunca fue aprobada como proveedor por la minera y no existen registros de que haya prestado los servicios facturados.

El primer intento de registrar a Ingeniería SIGCT SpA como proveedor fue rechazado en octubre de 2023, al ser evaluada con “riesgo medio”. Sin embargo, Núñez logró sortear los controles internos utilizando el sistema de compras de emergencia, el cual permite activar adquisiciones fuera del canal regular en situaciones urgentes. La minera detectó que estas solicitudes eran utilizadas reiteradamente para canalizar pagos que eludían los filtros de aprobación convencionales.

El segundo mecanismo consistió en la utilización de la empresa Ambipar Response Chile Ltda., proveedora oficial de Anglo American, como intermediaria para emitir facturas que en realidad correspondían a servicios inexistentes, supuestamente prestados por Ingeniería SIGCT SpA. Según la querella, Núñez instruyó directamente al representante legal de Ambipar, Jaime Lazo Roco, para emitir las órdenes y derivar los pagos a su empresa relacionada. En total, se identificaron once operaciones de este tipo, por un total de $615 millones, aunque solo se concretaron pagos por $202 millones. De ese monto, $185 millones habrían sido finalmente transferidos a Ingeniería SIGCT SpA.

Las maniobras quedaron al descubierto tras una revisión interna realizada por la compañía y una auditoría forense externa encargada a EY Forensic, cuyos resultados fueron incorporados en la querella. El informe detectó inconsistencias entre los servicios declarados y la trazabilidad de su ejecución, así como vulneraciones al sistema informático de compras y contratos.

Según Anglo American, las acciones de Núñez no solo ocasionaron un perjuicio económico, sino que vulneraron gravemente los principios de integridad y ética que sustentan la operación de la compañía minera. La empresa también apuntó a que el imputado habría continuado operando incluso después de dejar de ser el administrador del contrato con Ambipar, lo que refuerza —según su tesis— la intencionalidad del fraude.

La Fiscalía solicitó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y citaciones a declarar de al menos nueve trabajadores de la minera, además del representante legal de Ambipar. La investigación continúa abierta y no se descarta la formalización de otros involucrados.

Descargos del querellado

Consultado por Pulso, el abogado del querellado, Felipe Rojas, manifestó que “estamos al tanto de que ya se ha fijado fecha para la audiencia de formalización y la esperamos con tranquilidad”.

“El Ministerio Público está al tanto de nuestro interés en colaborar con la investigación y aportar todos los antecedentes mediante los canales formales”, agregó.

Dijo también que lamentan que se utilice la exposición mediática como herramienta de presión, intentando incidir sobre terceros y el tribunal.

“Confiamos en que el proceso esclarecerá que no existe ilícito alguno por parte de nuestro representado, y además estimamos que se erige como una oportunidad que permitirá además evidenciar las graves deficiencias de control interno de la empresa querellante, ajenas completamente a la gestión de mi cliente”, concluyó.