En enero de 2022 el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que impuso una tasa de impuesto de un 10% a las ganancias de capital en la venta de acciones, como parte de las fuentes de financiamiento que se incluyeron para la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La actual administración de José Antonio Kast acabó con ese tributo al aprobarse el proyecto de ley de reconstrucción nacional, lo que se hará efectivo desde el 1 de enero de 2027, volviendo a la exención tributaria que aplicaba anteriormente.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó esta idea argumentando que inicialmente se proyectó que por este impuesto se recaudaría mucho más de lo que efectivamente ha ingresado a las arcas fiscales.

El mensaje de dicho proyecto de ley así lo reafirma: “El impuesto único referido ha tenido una recaudación inferior a la estimada y ha afectado el interés de los inversionistas en el mercado local, por lo que la evaluación que se hace es que ha causado mayor daño en comparación a sus beneficios. Por tanto, la eliminación del impuesto otorgará mayor liquidez y profundidad al mercado financiero nacional, facilitando el financiamiento de empresas a corto y largo plazo”, señala la megarreforma que ya fue despachada del Congreso.

Los números

Según cifras a las que accedió Pulso mediante Ley de Transparencia, la Tesorería General de la República contabiliza que en 2026 se recaudó más que la suma de todos los años anteriores por este impuesto, Sin embargo, aún así la cifra de pago efectivo registrada estuvo por debajo de lo inicialmente presupuestado.

Los montos recaudados en 2026 corresponden a las operaciones efectuadas en 2025 en la plaza local, un ejercicio que fue histórico para la Bolsa de Santiago. El Ipsa, el principal índice bursátil de dicha plaza, cerró en 2025 con un alza de casi 57%, su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%), con lo cual completó cinco años de subidas en los que acumuló un incremento de 107,57%.

La escalada del índice, además, se vio fuertemente respaldada por un alza sustancial en los volúmenes de operaciones: 2025 cerró con una subida de 68% en los montos transados en acciones, que totalizaron US$50.870 millones.

Con este telón de fondo, según la información que entregó la Tesorería con cifras a julio, cuando ya está listo el grueso de la recaudación del año, se contabilizan $55.554 millones (US$57 millones) en recaudación por este impuesto en lo que va de 2026. Dicho monto se ubica muy por encima de los $8.011 millones (US$8 millones) que se obtuvieron por este tributo en 2023, o la recaudación fiscal de $10.631 millones (US$11 millones) de 2024, y los $14.282 millones (US$15 millones) contabilizados en 2025.

Pero de todos modos, sigue por debajo de lo inicialmente presupuestado cuando se legisló esta medida, momento en que se proyectó que la recaudación fiscal sería de $43.061 millones en 2022 (unos US$44 millones hoy), y $86.121 millones anuales (US$89 millones) desde 2023 en adelante, según el informe financiero que presentó la Dipres (Direccción de Presupuestos) ante el Congreso en diciembre de 2021, cuando Cristina Torres lideraba dicho organismo.

Respecto de las razones que hay detrás de la mayor recaudación registrada este año en comparación a los años previos, el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y profesor titular de la Universidad de los Andes, Mauricio Larraín, comenta que “2025 fue un año excepcional: el Ipsa subió 56%, su mejor año desde 1993, y los montos transados en acciones crecieron 60%. Muchos inversionistas aprovecharon el rally para vender y realizar ganancias acumuladas. Cada venta gatilla el impuesto”.

Por su parte, Luis Felipe Ocampo, abogado socio de Recabarren y Asociados, explica que “desde 2023 a 2025 se observa un aumento de la recaudación de este impuesto, y en particular este último año, donde crece 34%. Esto se debe a una mayor actividad bursátil, el Ipsa repuntó un 56,8% anual. Este índice no se veía desde la década de los 90, lo que hizo que los montos en transacciones crecieron en cifras cercanas al 70%, lo que indudablemente incrementó la base de mayor valor generado en esas transacciones, y por ello subió el impuesto pagado”.

Pero Larraín detalla que esta cifra continúa siendo menor a lo proyectado en un principio por la Dipres, “porque la proyección se calculó sobre las ganancias que los inversionistas realizaban cuando no había impuesto. Pero un impuesto que se paga al vender hace que la gente venda menos y postergue. La recaudación es el producto de la tasa por la base: la tasa subió, pero la base se achicó”.

Mientras que Ocampo apunta a un “error en la proyección que hizo la Dipres, que se basó en datos históricos de transacciones y no sobre mayores valores generados“. Además, el abogado plantea que “en el período que comenzó a aplicarse se redujo notoriamente el monto transado de acciones, y además el impuesto generó un desincentivo a operar en bolsa con estas acciones“.

A esto se suma, argumenta Ocampo, una “salida de capitales derivada de la crisis de octubre 2019 y los retiros de fondos de las AFP que restaron liquidez y profundidad al mercado“, además de que “está técnicamente comprobado que este tipo de impuestos a operaciones de bolsa muestra una gran volatilidad, por lo que acercarse a estimar el rendimiento de estos impuestos es en extremo impreciso”.

La exención a las ganancias de capital para aquellas acciones con presencia bursátil fue un beneficio instaurado bajo la administración de Ricardo Lagos en 2001, y que llegó a su fin en septiembre de 2022, cuando entró en vigencia la referida medida contenida en la Ley N° 21.420, por lo que esas transacciones empezaron a tributar.

Antes de eso, los inversionistas no pagaban impuestos por las ganancias obtenidas con acciones con alta presencia bursátil, es decir aquellas que son más transadas, incluyendo las que están en fondos mutuos, fondos de inversión, entre otras. Con esta ley, pasaron a tributar 10% sobre las ganancias obtenidas. Eso sí, los inversionistas institucionales, como AFP y las compañías de seguros, mantuvieron la exención tributaria.

Desde el 1 de enero de 2027 regresará la exención para todos los inversionistas que transen acciones con alta presencia bursátil. “Se reinstaura el régimen previo a la Ley N°21.420, bajo el cual dichas ganancias de capital eran ingresos no constitutivos de renta y, por lo tanto, no afectos a impuestos", establece la megarreforma.