La ley que reformó el sistema de pensiones, que se publicó en marzo de 2025, dejó pendiente un proyecto de ley “para regular los ajustes operativos y regulatorios necesarios para el pleno traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)” desde las AFP al nuevo Seguro Social que creó la reforma, el que absorberá la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, y que hoy se ubica en 1,62%.

Eso implica que desde agosto de este año el SIS pasará a ser parte de las prestaciones del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que es el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Esto se financiará con la cotización que realicen los empleadores y que recaudará el Instituto de Previsión Social (IPS), que a futuro será del 2,5%, pero que también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Por eso, en junio de 2025 el gobierno anterior ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP. Pero este proyecto no ha avanzado y está recién en su primer trámite constitucional en el Senado.

El debate se reactivó hace un par de semanas en la comisión de Hacienda, donde distintos actores han mostrado diferencias respecto de lo que consideran un “pleno traspaso del SIS”.

Por un lado, las AFP han argumentado que con este proyecto de ley en la práctica no ocurría “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social, dado que advierten que las AFP seguirían teniendo un rol en dicho asunto, básicamente en temas operativos.

Pero, por otra parte, el nuevo superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, comentó que el proyecto de ley “no establece el traspaso del proceso de calificación de invalidez, ya que estos no pueden ser separados de las funciones de las AFP, las cuales comprenden un grupo de afiliados mucho mayor que los que están cubiertos por el SIS”.

Justamente el miércoles de la semana pasada el IPS acudió a la Comisión de Hacienda donde planteó a los senadores lo que implicarían para dicha institución los dos escenarios posibles en los cuales podrían enfrentar la gestión del SIS, según lo que finalmente legisle el Congreso.

Por un lado, el IPS explicó lo que implicaría para la institución el escenario que representa la posición que manifestó la Superintendencia de Pensiones; y por otra parte, lo que propusieron las AFP.

Escenario A versus escenario B

El jefe de la división jurídica del IPS, Marcelo Esteban Díaz Lisboa, que está subrogando al director del IPS, fue quien acudió a presentar ante los senadores.

Allí explicó que, considerando que el IPS es precisamente el administrador del Seguro Social, el primer escenario de traspaso del SIS, equivalente a lo planteado por la Superintendencia de Pensiones, “es de menor intensidad”, y considera que el IPS “recauda, registra e informa, genera trazabilidad y orienta. Es una labor que está vinculada con el core del IPS, que es precisamente la institución que recauda, registra, paga y cobra cotizaciones".

En cambio, el segundo escenario, más ligado a lo que han propuesto las AFP, “es un escenario más intenso, donde el IPS administra operacionalmente el seguro, determina cobertura, calcula y paga prestaciones con los fondos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Este escenario B, es obviamente más amplio, involucra no solamente la recaudación, sino que también la administración del sistema completo”. Este escenario también implica “gestión de expedientes y reclamos, responsabilidad directa ante usuarios”.

En todo caso, Díaz dijo que ambos escenarios “implican para el IPS una alta exigencia operacional, tecnológica, de datos, atención y continuidad de servicios”.

Impactos sobre el IPS

Luego profundizó sobre los impactos que implican para el IPS cada uno de esos escenarios.

“El escenario A, que es el de menor intensidad, ¿qué involucra para el IPS?, ¿qué impactos podría tener? Bueno, obviamente el manejo de información crítica, los datos del IPS pueden incidir en la cobertura, trazabilidad, aunque el IPS no resuelva el beneficio, vamos sí a estar a cargo de estos datos, que son el core del negocio también para poder pagar beneficios posteriormente, si es que se determina que sea o no el IPS el que lo haga. Tenemos que interoperar con los organismos vinculados, que es en este caso son las AFP, el FAPP, la Superintendencia de Pensiones, la Tesorería y el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC)“.

“En este escenario, también tenemos que considerar la red de atención de ChileAtiende: va a haber una mayor presión informativa por la asociación entre el SIS, el Seguro Social y el IPS. Tenemos también un eventual riesgo reputacional indirecto si la ciudadanía reclama ante el IPS por decisiones de otras entidades, o sea, nosotros al no estar administrando el sistema, vamos a tener que probablemente responder por reclamos o consultas que no se vinculan necesariamente con las funciones que va a tener el IPS. Y finalmente, en materia de responsabilidad, vemos la necesidad de delimitar formalmente lo que el IPS atiende, deriva y no resuelve”.

Además, señaló que requerirían de unos tres o cuatro meses como plazo de preparación bajo este escenario. “La gradualidad que implicaría para el IPS implementar este escenario es factible con una preparación acotada. Estamos estimando que en agosto del 2026, teniendo la definición normativa, el desarrollo de integración, las pruebas y la capacitación, ya estaríamos en condiciones de poder salir con este escenario donde, insisto, el IPS va a estar a cargo de la recaudación de las cotizaciones, y de la información relativa con este ámbito”, puntualizó.

Sin embargo, planteó que el escenario B, que “es el escenario más intenso, donde el IPS asume un rol mucho más importante y trascendente, que es prácticamente el administrador del seguro”, necesitarían un año adicional. En ese sentido, expresó que requerirían de unos 15 meses para implementar este escenario, con un inicio posible recién en agosto de 2027.

Sobre los impactos que vería el IPS con el escenario B, dijo que serían “varios”. Primero, “en materia institucional, instala un nuevo macro proceso que no tenemos actualmente en el IPS, asociado a invalidez y sobrevivencia, que es propio de la industria, que tendríamos que internalizarlo y hacerlo propio en base también a las reglas que nos fija la Superintendencia de Pensiones”.

Agregó que “desde el punto de vista jurídico, involucra también un impacto en términos de responsabilidad directa por la cobertura, el cálculo y los pagos y reclamos. Desde el punto de vista técnico, requiere especialización en el DL 3.500, es una expertise que nuestro funcionariado no tiene. Tendríamos que también reforzar el equipo con personas que tengan expertise en esta materia, también en cálculo previsional y aportes adicionales. En materia de datos, dependemos de la información histórica actualizada de las AFP, del FAPP, de la Superintendencia, Registro Civil, el SUCC y las comisiones médicas".

Es más, proyectó que “en materia de atención, la red de sucursales de ChileAtiende (que son 202 sucursales) se transformaría en el canal principal del beneficio, tanto para las solicitudes como también para las consultas, reclamos e interacciones que haya que tener con la ciudadanía en torno a este beneficio a implementar. Los riegos dicen relación con los errores de cobertura, eventualmente de cálculo, pago, demoras, judicialización y reputación; si es que hay algún contratiempo en el otorgamiento y concesión de los beneficios del SIS”.

Por último dijo que insisto, “el IPS está dispuesto a asumir cualquiera de los dos escenarios que se determinen por parte del Ejecutivo. Lo que importa acá es que cada escenario implica ciertas acciones y cierta gradualidad que tenemos que considerar para efectos de que esto salga bien en tiempo y forma”.