La columna de Rodrigo Krell: “Para mejorar, tenemos que evaluar más”

“Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo” es una máxima popular entre quienes analizan conflictos armados. La frase destaca la impredecibilidad de la guerra y releva la importancia de favorecer la flexibilidad y adaptabilidad en la ejecución de las operaciones. Es que sin importar cuán exhaustiva y profesional haya sido la evaluación inicial de la situación, se debe asumir que los hechos ocurrirán de manera inesperada.

Como otros aforismos militares, esta frase recoge siglos de sabiduría que puede ser útil en otros ámbitos. En particular, cuando pensamos intervenir en un sistema complejo (como la economía), debemos tener presente que el vínculo entre intenciones y consecuencias es incierto y, frecuentemente, impensado. Adicionalmente, es habitual que se generen efectos no deseados sobre otras variables que ni siquiera se habían considerado.

Al igual que las estrategias bélicas, las políticas públicas se despliegan en el complejo mundo real, no en modelos abstractos. Aunque el mundo real es indiferente a nuestras intenciones, es tentador subestimar su complejidad y creer demasiado en nuestra capacidad de predecirlo. Pensemos en cómo el día 9 de febrero de 2007, los entusiastas funcionarios y asesores del Ministerio de Transportes se aprontaban a dar inicio a una brillante era del transporte público de Santiago. No imaginaban que el término ‘Transantiago’ pronto se convertiría en sinónimo de políticas públicas con resultados potencialmente calamitosos.

Dado que el éxito de una política pública no está garantizado, es crucial el seguimiento y la evaluación de sus resultados ex post. Esto no hace menos importante contar con una evaluación ex ante, sino que resalta la necesidad de que esta sea aún más rigurosa e incorpore herramientas que promuevan el perfeccionamiento posterior de las políticas.

¿Cómo evaluamos políticas públicas en Chile?

En Chile, las políticas se evalúan en distintas organizaciones: planes y programas son evaluados y monitoreados en la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social. Por su parte, las inversiones en infraestructura son principalmente evaluadas en el Sistema Nacional de Inversiones. Las regulaciones, objetos más recientes de evaluación, crecientemente pasan por Revisiones de Impacto Regulatorio en los ministerios que las impulsan, con asistencia de la SEGPRES y el Ministerio de Economía; pero en general, no son sistemáticamente evaluadas ex post.

En los últimos 30 años, hemos expandido consistentemente la cobertura y mejorado la calidad de las evaluaciones. Debemos seguir transitando ese camino, procurando al mismo tiempo fortalecer el vínculo entre los resultados de las evaluaciones y las decisiones presupuestarias, legislativas y administrativas.

Cuando una operación militar está fallando, es posible saberlo a tiempo para emendar el rumbo, pues en los ejércitos (en los victoriosos, al menos) la información crítica fluye hacia quienes toman las decisiones. Nada de eso ocurre automáticamente en el mundo de las políticas públicas. Con un Estado más moderno y mecanismos cada vez más adecuados de evaluación y corrección, estaremos en mejor pie para detectar y corregir políticas excesivamente costosas, ineficaces o incluso dañinas.

El autor es Secretario ejecutivo Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)