El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia por el proyecto minero-portuario Dominga, abriendo un nuevo capítulo en la creciente pugna entre el Ejecutivo y la justicia ambiental. La decisión implica, además, la suspensión de los procedimientos en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental, lo que representa un giro relevante en el conflicto institucional.