¿Deberían los laboratorios restringir sus patentes de vacunas en crisis como la del Covid?

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La Organización Mundial del Comercio debe discutir cómo regular la propiedad intelectual de las vacunas, equilibrando el desarrollo de nuevos fármacos, pero permitiendo el acceso a países más desposeídos.




A mediados de junio, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirá para finalizar las negociaciones para renunciar a ciertas secciones del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Sin embargo, no es la exención de los ADPIC propuesta originalmente hace 18 meses por los estados miembros de Sudáfrica e India, lo que habría permitido a los países producir vacunas genéricas de menor costo y otras herramientas médicas contra el Covid-19 sin el riesgo de desafíos comerciales legales.

La oposición a la exención por parte de algunos estados miembros de la OMC (hogar de las compañías farmacéuticas que tienen los derechos de patente monopólicos sobre las vacunas) ha resultado en un “apartheid de vacunas” (países ricos que compran todos los primeros suministros) y “lucrar con las vacunas” (empresas que obtienen ganancias multimillonarias y hacen todo lo posible para permitir la competencia de los genéricos).

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El suministro de vacunas ya no es el problema principal. Las compañías farmacéuticas que todavía tienen las patentes de las vacunas ahora pueden producir suficiente para todos, aunque no necesariamente a precios asequibles, y han descrito la idea de una exención de los ADPIC ahora como “loca” e “improductiva“.

Pero para las decenas de estados miembros de la OMC y los miles de investigadores de salud global que siguen apoyando la exención (incluido yo mismo) , sigue siendo importante lograr que la OMC apruebe una en su próxima reunión ministerial de junio. Pero no la exención que está sobre la mesa de negociaciones.

Peor que ninguna renuncia

La versión actual es el resultado de debates en los que participaron los dos miembros originales que la propusieron, Estados Unidos y la Unión Europea. Se limita a las vacunas, una solicitud de los Estados Unidos, ignorando, al menos por ahora, las terapias, los diagnósticos y otros productos de salud esenciales relacionados con el Covid-19.

Requiere que los fabricantes de genéricos identifiquen todas las patentes relacionadas, lo cual es imposible dada la compleja “maraña de patentes” de las vacunas (derechos de patente superpuestos), y algo que no se requiere bajo las reglas actuales de ADPIC. Pone un límite de tiempo a las obligaciones exentas, como si las pandemias fueran un calendario inteligente.

Si bien elimina las barreras a las empresas de genéricos que exportan a países en desarrollo que carecen de su propia capacidad de fabricación, excluye a los países que suministraron más del 10 por ciento de las exportaciones mundiales de vacunas en 2021, a saber, China.

Una sombra de su intención original, la nueva exención está respaldada solo por la UE, con el apoyo del director general de la OMC.

Por qué debe oponerse la nueva propuesta de exención

Si se promulga tal como está redactada actualmente, la nueva exención sienta un precedente que restringirá la capacidad de los países con capacidad para producir en masa terapias, diagnósticos e incluso equipos de protección personal. Esto se aplicaría a la pandemia de Covid-19 que todavía está con nosotros y a cualquier nuevo brote zoonótico que casi con certeza esté en el horizonte cercano.

Sin una exención significativa, es probable que las nuevas vacunas preparadas para variantes que se esperan para finales de este año sean engullidas una vez más por los países ricos que pagan mucho, y que los países más pobres se queden con versiones anteriores menos efectivas.

El mismo escenario se aplica a las terapias como el fármaco antiviral de Pfizer, Paxlovid. La mayor parte de su suministro actual se destinará a países ricos que pueden pagar los altos precios que cobra Pfizer. Pfizer permitirá que se produzcan licencias para versiones genéricas para su distribución a 95 países en desarrollo, pero no hasta 2023.

Paxlovid, el medicamento de Pfizer para el Covid. Foto: Reuters

Moderna, el otro líder en vacunas de ARNm, está ocupado registrando patentes para su vacuna en Sudáfrica, ya que ese país, con el apoyo de la OMC, está cerca de copiar su receta, cuyos conocimientos planea compartir públicamente. Las nuevas patentes de Moderna podrían poner en peligro este esfuerzo. Mientras tanto, la compañía tiene planes para crear su propia planta de ARNm en Kenia para abastecer al continente africano en sus propios términos rentables.

El 25 de mayo, Pfizer anunció que eventualmente proporcionaría todos los “medicamentos actuales y futuros protegidos por patente sin fines de lucro” a 45 países de bajos ingresos, comenzando con cinco países en África.

La decisión de la compañía es bienvenida, pero quedan preguntas. ¿Renunciará Pfizer a las lucrativas ventas de sus medicamentos actuales y futuros a los países ricos para abastecer (eventualmente) a los 1.200 millones de personas que viven en las naciones más pobres del mundo? ¿O estos países tendrán que esperar hasta que los 6.700 millones de habitantes del mundo que pagan hayan satisfecho sus necesidades de suministro?

Derechos de propiedad actuales no son aptos para la salud mundial

El resultado final: las empresas con fines de lucro no deberían establecer políticas de salud pública durante emergencias de salud global. Las decisiones corporativas individuales de suministrar innovaciones de salud que salvan vidas a un costo en mercados que de otro modo no serían rentables no es una solución sostenible o ética.

Dicho sin rodeos: no se debe permitir que los derechos de propiedad intelectual de las empresas superen los derechos de salud de las personas.

Invertir en nuevos productos para la salud significa correr riesgos y merece alguna recompensa. Sin embargo, gran parte del trabajo de base en la investigación farmacéutica se financia con fondos públicos.

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Sin duda, este fue el caso de las vacunas contra el Covid-19, y una de las razones por las que muchas organizaciones argumentaron que estos descubrimientos deberían considerarse “vacunas del pueblo” y tratarse como bienes públicos . Los gobiernos deben imponer condiciones al apoyo financiero que brindan a la investigación en salud para garantizar que los resultados se compartan de manera más equitativa.

En el caso de emergencias de salud pública, como pandemias, esto debe incluir requisitos de que las empresas renuncien a sus derechos de propiedad monopólica, acepten regalías negociadas por sus esfuerzos y compartan su conocimiento.

La administración del presidente Joe Biden recientemente dio un paso en esta dirección. Autorizó 11 inventos de Covid-19 que surgieron de la investigación interna en los Institutos Nacionales de Salud, incluido el desarrollo en etapa inicial de la proteína de pico estabilizada que forma la base de las vacunas de ARNm.

Descrito como “un gran problema” por un defensor de la propiedad intelectual compartida, las licencias serán administradas por el Fondo de Patentes de Medicamentos sin fines de lucro que negocia costos de regalías bajos para los fabricantes de genéricos, por lo que los inventores aún obtendrán alguna recompensa.

Pero este intercambio de conocimientos en etapa inicial es insuficiente para permitir el desarrollo completo de las innovaciones médicas, lo que requiere que las compañías farmacéuticas que tienen patentes sobre las vacunas terminadas y comercializadas y las tecnologías relacionadas con COVID-19 renuncien a estos derechos y compartan sus conocimientos técnicos.

Canadá y la reunión de junio de la OMC

Al igual que con el resto del mundo, la atención de Canadá se está alejando del Covid-19 hacia los temores de inflación y la guerra de Rusia contra Ucrania. Sorprendentemente, con poca cobertura mediática, el gobierno comenzó a celebrar audiencias de comités parlamentarios sobre la equidad en materia de vacunas la primavera pasada. Aún así, sigue sin comprometerse con la renuncia, como lo ha hecho desde que se propuso la renuncia original.

Mientras tanto, los grupos de salud y de la sociedad civil siguen comprometidos a instar al gobierno a tomar la decisión ética y de protección de la salud correcta. Están pidiendo a Canadá que aproveche la reunión de junio de la OMC para acercar la nueva propuesta de exención profundamente defectuosa a la original .

Todavía existe la necesidad de una exención adecuada de los ADPIC para garantizar que los derechos de propiedad intelectual no obstaculicen el acceso rápido y equitativo a los medicamentos o cualquier otra innovación esencial para la salud. Esa debe ser una de las lecciones clave que tomamos de nuestra experiencia con Covid-19.

*Ronald Labonte, profesor y Cátedra de Investigación Distinguida, Globalización y Equidad en Salud, Universidad de Ottawa

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