En Chile, la conversación sobre inversión muchas veces se empantana en una sola palabra: permisología. Se ha convertido en el villano favorito del debate público, y con razón. En promedio, los estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión demoran 1.433 días (casi cuatro años). De los 368 grandes proyectos —con inversiones superiores a US$100 millones— el 63% aún está en tramitación. El restante aún debe superar desafíos propios para pasar a la siguiente etapa.

Lo que no es aceptable es que la ley se transforme en un espacio para imponer criterios propios o ideológicos, perdiendo legitimidad y sentido.

Recientemente, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales y que promete disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos, lo cual es una buena noticia.

Pero el problema no es solo la norma, sino cómo la aplicamos.

La institucionalidad ambiental existe para proteger bienes comunes, estos son el ecosistema, la salud de las personas, la identidad de los territorios, entre otros. Lo que no es aceptable es que la ley se transforme en un espacio para imponer criterios propios o ideológicos, perdiendo legitimidad y sentido. El caso del Hospital El Salvador, paralizado dos años por hallazgos arqueológicos menores o las insólitas solicitudes de la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana (2024) producto de la construcción del Instituto Nacional del Cáncer lo demuestran con crudeza.

También el mundo privado debe dejar de ver los permisos como un mero trámite legal, ya que son el primer filtro de legitimidad.

Un buen sistema de permisos no debiera ser un freno. Es una herramienta. Necesitamos proyectos económica, técnica, ambiental y socialmente viables. Y eso requiere reglas claras, decisiones fundadas, directivos y funcionarios técnicos que no teman decidir.

También el mundo privado debe dejar de ver los permisos como un mero trámite legal, ya que son el primer filtro de legitimidad. Destrabar la inversión no pasa solo por nuevas leyes, sino por recuperar la confianza en que las decisiones se toman con evidencia, no por ideología o temor, y que tienen al centro bienes públicos (en los ejemplos, el acceso a la salud de las personas).

Los datos lo confirman. Según el estudio Valor Productivo (Criteria y Gestión Social), la mayoría de los chilenos cree que es posible producir materias primas, cuidar el medioambiente y mejorar la vida en los territorios. De hecho, las industrias más valoradas son la minería del cobre (33%) y la fruticultura (32%), y en las regiones donde operan, la confianza en ellas es mayor que en la Región Metropolitana. Esa brecha también es un dato político que habla de legitimidad territorial y percepción directa del impacto.

Un sistema de permisos bien diseñado no retrasa sino que habilita, y por lo mismo, necesitamos reglas claras y compromiso compartido.

Por Dante Pancani, Socio de Gestión Social