2017: ¿El año de la participación ciudadana?

Una de las pocas cosas en las que pareciera haber consenso en la coalición de gobierno es que el número de proyectos de ley actualmente comprometidos e ingresados al Congreso sobrepasa la capacidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Si bien la lista de proyectos prioritarios no está aún definida, cuesta pensar que temas como educación, proceso constituyente, despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, pensión, infancia, descentralización, crecimiento y productividad, queden fuera. Cada uno de ellos, una batalla política en sí misma.

En el contexto de esta comprimida agenda legislativa, y solo un año y pocos meses antes finalizar el actual gobierno, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil hará entrega de su informe final en enero del 2017. Este informe, producto de un año de trabajo, contendrá una revisión crítica de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y propuestas para fortalecer la incidencia ciudadana en todo el ciclo de vida de las políticas públicas. Parte de las medidas que serán planteadas son la creación de un Consejo Nacional de Participación Ciudadana, a cargo de la promoción de la participación ciudadana y fiscalización del cumplimiento de normas relacionadas, y una Subsecretaría de Participación Ciudadana, responsable de implementar la política nacional en esta materia. La apuesta del Consejo es ambiciosa, lo cual indudablemente pone aún más cuesta arriba el desafío de avanzar en esta agenda.

A la sobrecarga legislativa, las restricciones propias del timing político y el alcance de las propuestas de política pública presentadas se suma una dificultad adicional para impulsar una agenda de participación ciudadana durante el 2017: la falta de una estrategia política por parte del gobierno que vaya más allá de la constitución misma del Consejo. En ocasiones, la creación de los consejos asesores ha logrado instalar temas prioritarios de la agenda de gobierno. Sin embargo, abundan los ejemplos en los que estos consejos son más bien constituidos como respuesta a algún tipo de crisis puntual. El consejo de educación y el consejo de trabajo y equidad, ambos durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet, son ejemplos ilustrativos de esta tendencia. Dado que el foco está en tranquilizar los ánimos, una vez constituido estos consejos, el gobierno descuida la crucial misión de preparar el camino para mantener la temática en el debate público de forma permanente y construir las alianzas políticas necesarias para impulsar eventuales cambios legislativos.

Este pareciera ser el caso de lo que sucederá con el Consejo de Participación Ciudadana. Desde su creación en enero del presente año ha pasado inadvertido en la discusión pública y se han escuchado pocas voces tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo apoyando la agenda de participación ciudadana. La experiencia demuestra que sin este apoyo, además de una presión constante desde la sociedad civil como en el caso del consejo anticorrupción, las propuestas de los consejos asesores difícilmente se traducen en cambios reales. Esto crea frustración en los actores que han dedicado innumerables horas a los consejos y termina profundizando aún más la desconfianza en la política. Esperemos que las autoridades políticas y candidatos presidenciales vean la participación ciudadana como una oportunidad para revertir el distanciamiento entre la ciudadanía y la política y hagan del 2017 un año de avance sustantivo en esta materia a pesar de los obstáculos señalados.