Compliance de exportación




Uno de los temas que más incertidumbre ha generado responde a la pregunta sobre cómo Chile puede diversificar su matriz productiva entendiendo la alta dependencia del cobre como motor de la economía. Precisamente quiero detenerme en ese punto y es que exportar servicios se ha convertido en una manera tangible de alejarnos de la idea de que el metal rojo es el llamado "sueldo de Chile".

El mundo está cambiando, hoy es más fácil que nunca exportar servicios y eso es lo que está pasando con el compliance. Según la definición de Roy Snell, compliance es la manera de usar las herramientas que tienen las empresas en forma inteligente y eficiente, para prevenir, encontrar y reparar problemas (de corrupción como cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación).

En los últimos meses he estado en Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, España y Alemania y nunca me había sentido tan orgullosa de ser chilena. Ver desde cerca cómo todos esos países están ávidos por conocer cómo implementamos en 2009 la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para entrar a la OCDE, da cuenta que nuestra experiencia es invaluable: tenemos una amplia ventaja por lo que podemos exportar este servicio.

Casos como el de Corpesca demostró que tener un modelo de buenas prácticas no basta y que soluciones para comprobar que efectivamente la empresa hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevenir delitos por corrupción, son perfectamente exportables.

Generar evidencia sobre la gestión de una empresa en sus distintas áreas permite tener un control real sobre aquello que se hace, lo que se omite y que no se realiza en una firma y esa es justamente la labor de las certificadoras, que más allá de entregar una acreditación que queda en el escritorio hace un seguimiento efectivo, todo en pro de las buenas prácticas corporativas.

Con esto, además de contribuir a diversificar nuestras exportaciones le hacemos un bien a los países que aún no implementan o que están en proceso de aplicar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que persigue el cohecho, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la receptación. Casos cercanos como el de Odebrecht pone en evidencia que cualquier empresa sin importar su tamaño o giro puede verse involucrada en casos de corrupción, eso no hay que perderlo de vista.

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