Conflicto de racionalidades




La Sofofa y la Universidad Diego Portales emprendieron la importante iniciativa de invitar a los candidatos presidenciales a dialogar sobre el estado del Estado y las dificultades para conciliar las lógicas políticas y técnicas en los procesos de toma de decisiones.

Carlos Peña planteó dos interrogantes principales. La primera se sustentó en la hipótesis de que, frente a una sociedad modernizada, el Estado aparece atrasado, sus procesos de decisiones siguen inalterados, e inhibe las fuerzas de la modernización. Eso genera un sendo distanciamiento de los nuevos sectores medios nacidos al alero del consumo y de la escolarización y no del Estado, y que, por ello, se relacionan con él como ciudadanos, pero también como clientes. La segunda indaga en quién toma las decisiones en el Estado y con qué sustento. Los problemas del Estado derivarían de la presencia de tres tipos de racionalidades inconsistentes entre sí: la técnica, la del proceso político de quienes compiten por ganar la mayoría y la jurídica, basada en defender los derechos individuales. La economía, la sociedad civil y el Estado viven dolorosos procesos de transformación/ modernización. La economía sigue siendo dependiente del cobre y adolece de problemas en productividad e innovación, relaciones laborales precarias, una organización jerárquica de la empresa. Los sectores medios son pobres en capital social, desafectos respecto de lo colectivo y enfrentan individualmente y sin destino carencias de nuestra organización social. El Estado es una entidad compleja, que refleja esta realidad contradictoria: crea una industria como la de concesiones que revoluciona la infraestructura, y a la vez es impotente para resolver el drama del Sename.

En suma, tanto la sociedad civil como el Estado no logran dar cuenta de los desafíos que plantean cambios globales y fenómenos políticos inéditos asociados con la transformación de la economía y la expansión de la ciudadanía.

Del análisis de Carlos Peña podría deducirse un enfoque que adscribe racionalidades propias y exclusivas a distintos actores: los técnicos operarían sobre la base de la racionalidad técnica, libres de partidismos políticos e ideológicos; los políticos buscarían conseguir mayorías, sin consideraciones técnicas, y quizás sin grandes convicciones; los grupos de interés estarían ajenos a las decisiones sobre las políticas públicas. Los inversionistas, implícitamente aparecen como representantes del saber técnico, subestimando su interés por reducir los gastos e inversiones para neutralizar los efectos negativos sobre el medioambiente y las comunidades.

Sus planteamientos invitan a profundizar en la relación compleja entre racionalidades inscritas en las acciones de los distintos actores políticos y estatales, articuladas e imbricadas con los conflictos y las distintas visiones que existen en la sociedad civil sobre el futuro de nuestro país.

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