Delincuencia: un grave problema de salud mental

Todos los días, los medios ofrecen relatos dramáticos acerca de las andanzas de los delincuentes en nuestro país. Algunas víctimas provienen de los atentados de La Araucanía; otras, de los asaltos o de robos de sus autos. Y todas guardarán en su memoria el trauma sufrido por la agresión de una delincuencia que no trepida en dañar, golpear y humillar.

Algunos sectores de nuestra sociedad, con un claro sesgo ideológico, tienen la errada visión de que estos delitos violentos lo son sólo contra la propiedad y no contra las personas, tendiendo a justificarlos. En una sociedad desigual serían los que ostentan la abundancia de bienes los verdaderos responsables de los asaltos que sufren, y los delincuentes comunes, las víctimas. Al respecto, es interesante revisar la descripción que el fiscal Carlos Gajardo hace de estos últimos: "Son personas muy depredadas socialmente, con cero educación, familias mal constituidas y en muchos casos con padres que han estado encarcelados. En estas condiciones adversas, la comisión del delito viene a ser una consecuencia desgraciada de lo que les tocó vivir" (Revista Qué Pasa, 17 de abril 2015).

Esta visión es probablemente compartida por buena parte de quienes trabajan administrando la justicia. La tesis de que los gastos que las sociedades erogan en la prevención de delitos son regresivos también está presente. Así, las policías que protegen la propiedad son financiadas por todos los contribuyentes, siendo los dueños de los bienes cautelados sólo unos pocos. Como la distribución de los ingresos sería desigual e injusta, quienes tienen bienes debieran protegerse solos, ya que, además, cuentan con medios para hacerlo.

Esta mirada errada pasa por alto tres características de los delitos violentos: primero, que más que ilícitos contra la propiedad, son agresiones contra la salud mental de la población, donde no caben consideraciones redistributivas; segundo, que éstos afectan a toda la sociedad, agrediendo más fuertemente a los que tienen menos, y tercero, que la acumulación de víctimas con trauma, especialmente cuando se trata de niños que han presenciado la agresión a sus padres o la han sufrido en carne propia, se traduce en generaciones futuras más temerosas y violentas.

En Chile, la relación entre victimización y alto temor es muy alta, alcanzando un 86%. Desde 2001, las tasas de denuncias por delitos de mayor connotación social exhiben un alza sostenida. Si bien la tendencia alcanza su cima en 2011 con 3.000 denuncias por cada 100 mil habitantes, los números de los últimos tres años casi duplican las cifras que se observaban ese año. De este modo, un mayor número de personas expuestas a la delincuencia violenta producirá un país de ciudadanos asustados, amenazados y desconfiados. El estrés postraumático puede derivar en trastornos de personalidad e incluso desencadenar una depresión o suicidio.

Una carta al diario de una de las víctimas recientes de este flagelo se titulaba "No podemos acostumbrarnos". En ella hacía un llamado a reaccionar como sociedad para detener esta escalada de violencia antes de que sea demasiado tarde y nos hayamos acostumbrado a vivir en una sociedad mucho más violenta.

Algunos  destacados abogados penalistas debaten por la prensa si la Reforma Procesal Penal es o no responsable del aumento de la delincuencia, si se requiere reformar la reforma y si el aumento de la victimización es real o imaginario. En el intertanto, los ciudadanos comunes necesitamos una solución; en materia de temor, percepciones son realidades.

En las sociedades modernas deben destinarse recursos para prevenir los delitos y capturar a los infractores, imponiéndoles penas disuasivas. El nivel óptimo de coerción dependerá del costo de capturarlos, de lograr para ellos una condena, del tipo de castigo que se les aplique y de la reacción de los ofensores a la eventualidad de los castigos.

La lucha contra la delincuencia requiere de buena información. En nuestro país, los datos acerca de los efectos de este flagelo son pobres. ¿Cuál es el costo del crimen? ¿Cuáles son los daños (el costo social) que producen los diversos atentados? ¿Cuál es la probabilidad de ser capturado y condenado en las distintas violaciones? Tener un balance de los costos y tendencias de los delitos es fundamental para combatirlos con mayor eficacia.

Cuando se trata de predecir lo que ocurrirá con la cantidad de ofensas en un delito particular (lo que Gary Becker llamaba la oferta de crimen en la industria de la delincuencia), las variables claves son tres: la probabilidad de ser condenado, el castigo en caso de serlo y las oportunidades de trabajo legítimo con las que el ofensor cuenta como alternativa.

Los expertos coinciden en que el aumento en la probabilidad de ser capturado resulta más disuasivo que el incremento de las penas. Por lo tanto, la impunidad es la variable a combatir con fuerza. No es aceptable que bandas de jóvenes delincuentes hagan gala de sus pericias delictivas con total descaro. En segundo lugar, debemos preocuparnos de las víctimas, de acogerlas y apoyarlas. En ambas dimensiones, nuestras autoridades están en deuda.