Día del juez

POR ESTOS días los jueces celebramos el "Día del Juez", conmemorando la designación que, hacia mayo de 1818, se hiciera de los primeros jueces de la naciente República por parte del director Supremo don Bernardo O'Higgins Riquelme.

Con mucha convicción los jueces asociados venimos resaltando la relevancia que tiene la independencia de la función jurisdiccional, entendida como los arreglos institucionales necesarios para que el juez, al momento de resolver un caso, lo haga solo vinculado al mérito de los antecedentes presentados y conforme a la norma de derecho que lo resuelve y que ello se verifique ajeno a presiones externas (desde fuera del Poder Judicial) e internas (desde quienes ocupan una posición jerárquica superior en la organización).

En ese orden, llama la atención que la actual organización de la magistratura chilena no va de la mano de las exigencias de un sistema democrático, pues evidencia un conjunto de instituciones pre modernas que imponen al Estado chileno situar la reforma del Poder Judicial dentro de sus tareas pendientes y relevantes. La mayoría de esas instituciones derivan de la denominada "Superintendencia" de la Corte Suprema, que ejerce el "gobierno judicial", donde los miembros de los tribunales superiores de justicia actúan como "jefes de servicio" y se distraen de la labor jurisdiccional  a cuestiones gerenciales y de administración del más diverso orden, tales como visitas a tribunales, a notarías, decisiones de inversión, de adquisición y alhajamiento de inmuebles, calificaciones funcionarias, determinación de suministros, procesos disciplinarios, entre muchos otros.

No podemos darnos el lujo como sociedad que los jueces se distraigan en tareas distintas a las de administrar justicia.

Desde esa adhesión central a la defensa de la independencia, nos vemos avocados regularmente a enfrentar contingencias que la amenazan, tales como el "congelamiento" del salario, una cuestión que otras democracias más avanzadas han resuelto garantizando la irreductibilidad mediante mecanismos de reajustabilidad automática y mediante parámetros objetivos que permiten ajustar las remuneraciones a estándares compatibles con la alta responsabilidad y capacitación que encierra el ejercicio de la función estatal. Este tipo de mecanismos busca impedir la injerencia externa sobre los jueces mediante el expediente del manejo de sus salarios.  

Aspiramos a contribuir para que Chile valore al máximo las instituciones esenciales de su democracia, dentro de las cuales, una judicatura ocupa un rol central. No lo hacemos, ni lo haremos jamás demandando privilegios ni prerrogativas, sino desde la valoración de la importancia que cobra una magistratura independiente para una mejor justicia.