Dignidad parlamentaria




En cuanto se presenten las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de reforma tributaria se dará inicio a la tramitación final de una iniciativa que generó insospechados contratiempos. En efecto, se suponía que la propuesta mejor preparada por los equipos oficialistas, cuyos contenidos se habían explicitado con un detalle poco habitual para los programas de gobierno, y que requería simple mayoría para constituirse en ley de la República, se sometería a un debate bastante menos tortuoso al que en definitiva resultó.

Atrás quedaron un sinnúmero de circunstancias y decisiones que pudieron haber contribuido a que las cosas fueran distintas. En la historia para algunos, o en la anécdota para otros, se consignarán los graves errores y vacilaciones iniciales con que la autoridad afrontó este proceso: menospreciando el valor de la política, ninguneando a los aliados y adversarios, subestimando la resistencia cultural que muchas de las propuestas tempranamente despertaron en los ciudadanos, o la falta de pedagogía que sólo profundizó el prejuicio y la confusión.

Menos olvidadas están las quejas por la manera en que se arribó al primer principio de acuerdo en el Senado. Tomás de Aquino nos enseñó que la estética tiene mucho que ver con la ética; y lo cierto es que el procedimiento y las maneras no fueron del todo pulcras. Es claro que poco contribuyó el obsceno afán de protagonismo de algunos dirigentes políticos y empresariales, los que revelando detalles de actores, lugares y conversaciones, fueron alimentando una trama -"teleserie", según el ministro de Hacienda- que sólo acrecentó la sospecha y el temor por la excesiva influencia de personas e instituciones sin representación política alguna.

Ahora, cuando el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, los parlamentarios tienen la oportunidad de saldar una deuda, más que con la política pública, con la dignidad de su cargo. En efecto, fue bochornosa la manera cómo éstos se comportaron en el primer trámite de esta iniciativa, abdicando de su función más esencial, que no es otra que colegislar con el Poder Ejecutivo en representación de sus mandantes, es decir, los ciudadanos. No se trata de buscar revancha, ni menos sabotear lo obrado por el Senado. Creo que existe la posibilidad de conjugar los intereses colectivos, haciendo suyos los principales contenidos del consenso alcanzado, pero al mismo tiempo mejorando dicha propuesta en el marco de un debate abierto y transparente, en el legítimo ejercicio de sus facultades constitucionales.

Cuando existe una legítima duda de si será posible recaudar los 8.200 millones de dólares con este acuerdo, subsistiendo además importantes focos de elusión, creo necesario, cuando no indispensable, que se revisen y discutan algunas materias que no contribuyen a consolidar un modelo de justicia tributaria en que las cargas y gravámenes tengan un proporcional correlato a la proporción y monto de los ingresos.

Es el momento del foro republicano. Abramos el debate y cerremos bien este proceso.

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